Altillanura: sí se puede

Está demostrado que existe conocimiento, capacidad financiera y técnica para desarrollar el agro en los Llanos, pero es clave suministrar una claridad jurídica que permita consolidar lo existente y atraer una nueva inversión con tranquilidad legal e impida que esta se dirija a otra parte.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
junio 03 de 2015
2015-06-03 03:24 a.m.

Transcurrían los inicios de la década de los ochenta, cuando en compañía de unos técnicos de CIAT realizamos un viaje exploratorio por las sabanas de Vichada, entre la base de Marandúa y Carimagua. Se recolectaron muestras de suelos, gramíneas y leguminosas y se hizo una descripción agroecológica.

Llamó la atención cómo colonos, venidos de Casanare principalmente, empezaron a beneficiarse de sabanas inhóspitas y de baja fertilidad. Inicialmente, trajeron manadas de cerdos que soltaron y en las tardes los recogían, ofreciéndoles sal. Estos porcinos lograban su alimentación básica a través de la "marisca", que consistía en hozar la sabana y sacar gusanos largos y gruesos.

En la medida que la "marisca" disminuía, la población de cerdos hacía lo propio, y entonces llevaron bovinos. El aislamiento y la baja fertilidad de los suelos condenaron a esos colonos a la extrema pobreza, como pudimos constatar.

Pasaron los años y, como en cualquier proceso de colonización, llegaron ganaderos que ocuparon algunas partes del territorio con una ganadería que requería diez hectáreas para sostener una cabeza.

El conocimiento de los suelos, que no son pobres sino diferentes, así como los procesos de adaptación de pastos y cultivos le dieron a la Altillanura, una perspectiva diferente.

Hoy, entre Puerto López y Puerto Gaitán, se ven cultivos de maíz, soya, arroz, caucho, maderables, palma, caña, frutales primordialmente. Además, pastos mejorados que sostienen 1.5 animales por hectárea.

Por invitación de la SAC, un grupo de personas interesadas en el tema agropecuario, volamos hasta Santa Rosalía, Vichada para visitar desarrollos agroindustriales y constatar la realidad, de la que tanto se ha especulado.

La visita se inició en el proyecto de Riopaila, el cual tiene una extensión de 32 mil hectáreas, pastan allí cinco mil cabezas de ganado. Tienen sembradas dos mil en palma y siembran mil en maíz y soya. Con esto generan 91 empleos directos.

El proyecto considera una inversión total de 520 millones de dólares y así llegar a diez mil hectáreas de palma y veinte mil en granos, que podrían generar mil empleos. Además, están observando alternativas como frutales.

Posteriormente, pasamos a Colombia Agro. La extensión es de 16 mil hectáreas, por voluntad propia, declararon el 30% reserva natural. Siembran cinco mil hectáreas de soya, dos mil de maíz, mil quinientas de arroz y mil en pastos.

Desarrollaron un complejo industrial con capacidad de 1.200 toneladas diarias de secado. La inversión en solo maquinaria asciende a 25 mil millones de pesos. El transporte de productos de Bogotá al proyecto o viceversa asciende a 130 mil pesos por tonelada. Generan 150 empleos directos.

El proyecto total contemplaba cien mil hectáreas en cultivos. Sin embargo, por la inseguridad jurídica existente han parado la inversión y están buscando nuevas opciones en países como Nicaragua.

La última parada la hicimos en el proyecto Cosargo, que tiene un área de 8.500 hectáreas y siembra 2.860 que rotan con arroz, soya y algo de maíz. Tienen infraestructura para secamiento y almacenamiento y además cuentan con 2.200 cabezas de ganado. Generan 58 empleos directos.

Sobrevolamos el proyecto de Manuelita que tiene 3 mil hectáreas en palma y una importante planta de procesamiento, cuya capacidad está ocupada, en una tercera parte por su producción y dos terceras partes por producción de pequeños y medianos productores vecinos.

Además de los proyectos mencionados, en la Altillanura se vienen desarrollando otros similares como Mónica, La Fazenda y otros que tienen ambiciosas proyecciones.

Los proyectos anteriores requieren gran inversión, pero tienen suspendidos todos los procesos programados de ampliación debido exclusivamente a la inseguridad jurídica que actualmente existe sobre la propiedad

Esta inseguridad jurídica está concentrada en la incorrecta interpretación de la retroactividad de la ley 160 de 1994, que se refiere a la prohibición de adquirir tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos, en tamaños superiores a lo establecido regionalmente en términos de UAF. Se pretende que la prohibición cubra los baldíos adjudicados con anterioridad a 1994, lo que pondría en entredicho alrededor de 600.000 predios baldíos que alguna vez fueron adjudicados por el Estado.

La interpretación es incorrecta por no considerar el artículo 58 de la Constitución de 1991, que dice que las leyes que se refieren a la propiedad tangible como intangible solo rigen hacia el futuro y no pueden ser retroactivas, principio este consagrado desde la constitución política de 1886.

A pesar de la claridad legal, hay algunos que no la aceptan, por lo que sería necesario aclararlo. Esperemos que en el proyecto ZIDRES, la sabiduría del Congreso logre esta claridad.

Así como hay zonas para pequeños productores, así también se hace necesario reconocer y apoyar, sin demagogia politiquera, el desarrollo de zonas específicas para productores con pulso financiero como estas de la Altillanura, donde se requiere una gran inversión para iniciar y mantener producción y donde la población campesina es escasa.

Finalmente, está demostrado que existe conocimiento, capacidad financiera y técnica para desarrollar la Altillanura, pero se hace indispensable suministrar una claridad jurídica que permita consolidar lo existente y atraer una nueva inversión con tranquilidad legal e impida que esta se dirija a otra parte.

Luis Arango Nieto

Exviceministro de Agricultura

larangon@gmail.com

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