Análisis/ Acuerdo con las Farc y Corte Penal Internacional

Frente a eventuales acuerdos con las Farc, en materia de justicia, Colombia está obligada a cumplir con las obligaciones que adquirió cuando firmó el Estatuto de Roma, y la Fiscalía de la CPI cumplirá con los mandatos que le confirieron los Estados partes.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
mayo 19 de 2015
2015-05-19 12:57 a.m.

La visita a Colombia del señor James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), tendrá trascendencia.

Es una gran contribución que la Fiscalía haya hecho pedagogía, en el ambiente académico de la Universidad del Rosario y de cara a la opinión nacional, sobre qué es lo que debe hacer en el marco de sus obligaciones con ocasión del Estatuto de Roma, en relación con la situación en nuestro país. Y que hubiera limitado sus observaciones a ese aspecto, no sin antes señalar que la manera como un acuerdo de paz afecte los procesos que se adelanten internamente, “tendrá un impacto sobre el examen de la Fiscalía acerca de la admisibilidad de los casos procedentes de la situación en Colombia ante la CPI”.

Son muchos los aspectos de la presentación del señor Stewart que merecen ser tratados, pero, por razones de espacio, es más útil concentrarse solamente en algunos de ellos.

Empecemos por recordar que los Estados “crearon la CPI como una institución judicial, no como una institución para el establecimiento de la paz”. Quienes firmaron el Estatuto de Roma, siendo Colombia uno de los 123 que lo hizo, están obligados a promover sus objetivos y a cumplir con la responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Y que la CPI –en cumplimiento de sus deberes– continuará determinando si las “autoridades nacionales han instituido actuaciones genuinas contra aquellos individuos más responsables por los crímenes más graves”. Debe tenerse en cuenta que seguirá haciéndolo, toda vez que desde el 2004 inició un examen preliminar de la situación en nuestro país.

A la luz del marco que se consagró en el Estatuto de Roma, “la justicia debe formar parte integral de los esfuerzos por establecer una paz, estabilidad y seguridad sostenibles”.

Adicionalmente, dicho marco, que otorga “flexibilidad a los Estados que buscan impartir justicia en situaciones de posconflicto, no puede suspenderse o ignorarse por razones de oportunidad”.

Ahora bien, ¿la suspensión de la ejecución de las penas, su reducción y las sentencias alternativas son compatibles con el mencionado Estatuto? Y ¿cómo abordaría la CPI lo relacionado con ‘los más responsables’, las amnistías y la noción de ‘interés de la justicia’? Todos esos interrogantes los absolvió el fiscal Stewart.

Con respecto a lo primero, fue enfático al decir que “suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal”.

Sobre la reducción de las penas, manifestó que su compatibilidad con el Estatuto dependerá de las circunstancias particulares del caso, e hizo mención de condiciones que se le podrían exigir al condenado, que permitirían justificarla.

En lo relacionado con las sentencias alternativas, admitió que existe una “amplia gama de penas privativas de la libertad, así como sanciones no privativas de la libertad”. Así mismo, precisó que en cada situación concreta se considerarán varios factores, con el fin de determinar si las sanciones son compatibles con el interés real de “hacer comparecer a las personas condenadas ante la justicia”.

Es decir, se evaluará si una condena fue manifiestamente inadecuada, para lo cual la Fiscalía tendrá en cuenta, entre otros aspectos, las penas habituales a nivel nacional por crímenes del Estatuto de Roma, el tipo y grado de restricciones a la libertad, y la proporcionalidad de la pena en relación con la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor.

Refiriéndose al asunto de los “más responsables”, informó que, por distintas razones, la Fiscalía ha adoptado la política de investigar y juzgar a los más responsables por los crímenes más graves. Esa política no obliga a las autoridades de los distintos Estados, pero, en la práctica, es la que se aplica para evaluar los casos específicos y determinar su admisibilidad.

En cuanto a las amnistías por delitos políticos, no emitió opinión, pues no están dentro de la competencia de la CPI.

Finalmente, acerca del ‘interés de la justicia’, que permite a la Fiscalía no abrir una investigación en casos excepcionales, a pesar de la existencia de fundamentos para hacerlo, aclaró que consideraciones relativas “a la paz y la seguridad habitualmente están excluidas” de los alcances de esa fórmula.

En resumen, frente a eventuales acuerdos con las Farc, en materia de justicia, Colombia tiene que cumplir con las obligaciones que adquirió cuando firmó el Estatuto de Roma, y la Fiscalía de la CPI cumplirá con los mandatos que le confirieron los Estados partes.

Carlos Holmes Trujillo G.
Excandidato a la Vicepresidencia

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