En estas vacaciones muchos transitamos por las carreteras o aeropuertos del país. ¿Tortuoso para algunos el camino?
Bueno, pues imaginen esas dificultades convertidas en costos para las empresas que semana a semana llevan sus productos de una ciudad a otra con miras a abastecer el mercado interno y el externo.
No hay duda, el atraso en infraestructura en Colombia es sustancial.
Por fortuna, ahora avanzamos más rápido en la solución de ese atraso: la inversión en el sector como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se duplicó, se está consolidando una nueva institucionalidad, las obras contratadas se adelantan a buen ritmo y además entró a regir una nueva ley que resuelve varios problemas que frenaban la construcción de las obras.
La pregunta es si ese ritmo es lo suficientemente rápido como para cerrar la brecha del atraso, o si el aumento de la demanda por los servicios que utilizarán esa infraestructura copará en poco tiempo los beneficios del avance en el que ahora estamos empeñados.
El aeropuerto El Dorado es un buen ejemplo: todo parece indicar que antes de que terminen las obras, la expansión se habrá quedado a la zaga de la demanda.
Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de invertir anualmente el 5 por ciento o el 6 por ciento del PIB en infraestructura? ¿No sería esa la forma indicada de salir del atraso y de asegurarnos de recoger los frutos del crecimiento que se avistan?
Sucede que no por mucho madrugar amanece más temprano. La reducción de los costos para las empresas usuarias de la infraestructura solo se refleja cuando la obra está totalmente lista, no importa cuántas inauguraciones previas se hagan. Los retrasos de las obras han obedecido a los muchos problemas que ha habido que resolver en el camino.
Consolidar las reformas en curso, hacer operativa la nueva ley y enfrentar los temas pendientes exigirá aún bastante trabajo.
Es posible que estemos alargando la noche si no damos el tiempo necesario para que estos cambios se consoliden. Duplicar la inversión es ya un reto muy importante para las entidades del sector y, si logran cumplir con éxito el ciclo de los próximos cinco años, se habrá marcado la diferencia para las siguientes décadas.
Ahora bien, tener paciencia no quiere decir dejar de actuar.
El país, y no solamente las entidades del sector, debe emprender cuanto antes la reforma del planeamiento de la infraestructura, reforma de la que se ha hablado mucho y que se anuncia también en la nueva ley.
Una planeación seria del sector debería, antes que pensar en millonarios montos de inversión, responder a una pregunta elemental: ¿cuál es la infraestructura que necesita Colombia?
Para empezar, una concebida con visión de país, no a partir de proyectos locales.
Una infraestructura cuya agenda se pregunte si se quieren tantas vías y tan buenas como, por ejemplo, las de Estados Unidos, que estimulan el uso del automóvil, el consumo de gasolina, la expansión de las ciudades, con los costos que todo eso trae consigo; una agenda que defina el balance entre la masiva inversión en dobles calzadas y los demás componentes que afectan los tiempos de transporte, como la infraestructura urbana, las vías terciarias y secundarias y los múltiples puntos de intersección; una agenda que tenga claro si el objetivo final es construir infraestructura como la de los transmilenios, o si esta debe ser más bien una pieza más de una movilidad que refleje criterios de integración tarifaria, mayor equidad y sostenibilidad operativa. Una agenda, por supuesto, que se cuide de construir elefantes blancos como los de la infraestructura de España en la década pasada, y que evite expandir la red vial a ultranza, sin tener claro con qué recursos corrientes le va a dar mantenimiento.
La agenda de infraestructura que venía en marcha tuvo muchos problemas por la contratación y por detalles clave que la nueva ley resuelve en buena parte. La agenda sigue ahora con el nuevo esquema contractual que se adjudicará este año.
Pero hace falta dar el siguiente paso, uno aún más importante para el futuro, paso sobre el que no se han formulado ni debatido las preguntas obligadas: qué hace falta, qué queremos, qué no queremos en infraestructura y cuál es la institucionalidad que nos permitirá desarrollar esa agenda. Hay dos o tres años para consolidarla. Poco tiempo.
Tito Yepes
Investigador Asociado de Fedesarrollo.