Los aportes de las intervenciones para ampliar la cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua potable en Colombia siempre se han medido en términos de inversión social, dado su alto impacto en la calidad de vida de los habitantes, medido en conexiones domiciliarias. En contraste, pocos son los análisis de su impacto en la competitividad y el crecimiento económico. Tampoco la oferta hídrica como recurso natural presenta para los analistas un rubro importante en las cuentas nacionales, puesto que su precio o valor de cambio muy poco se evalúa.
Son muchas las variables y funciones económicas que permitirían calcular el valor y el precio del agua. Pero este trabajo es complejo y seguramente el temor a tener que cobrarla a su costo pleno preocupa en la definición de las políticas públicas ambientales y del servicio de agua potable, tanto para la población, como para las múltiples actividades económicas que se lucran de esta.
La oferta hídrica medida en volumen o caudal del país, no es tan cuantificada, debido a que su valor o precio depende de una demanda dispersa, variable y muy diferenciada por sectores. En consecuencia, tanto en Colombia como en otros países, como México, se ha avanzado lentamente en la estructuración confiable del Sistema de Contabilidad Económico-Ambiental Integrado (Colscea), integrado al de Cuentas Nacionales desde 1993, en el cual se consideran especialmente gastos destinados a gestión del medio ambiente, operaciones de producción, estructura de costos y financiación para protección ambiental.
Consideramos que el valor y el precio del agua, como recurso natural o como producto transformado mediante su tratamiento para ser consumido pueden ser estimados desde diferentes enfoques. En lo ambiental, como insumo irreemplazable para reproducir los ecosistemas, en lo social, como insumo para garantizar la vida humana, y en lo económico. Pero los avances se reducen a medir el costo de su agotamiento y degradación, y, fundamentalmente, en términos de inversiones necesarias para lograr el acceso de la población y atender la demanda de distintas actividades económicas.
El tema que nos ocupa, en medio de esta alta complejidad de medición, por ejemplo, se orienta a establecer el peso de la oferta de agua cruda para actividades de recreación y turismo, y las pérdidas en estos dos sectores económicos por la percepción del riesgo de los potenciales turistas por la calidad del líquido para el uso recreativo, especialmente, por no poder acceder a agua potable y a servicios sanitarios confiables para la salud y el bienestar de los visitantes.
Otro ejemplo, Colombia en sus zonas más pobres, tiene una oferta de turismo ambiental que debe ser ofrecido en condiciones aptas para los visitantes. Sería deseable que en las cuentas ambientales se estimara el costo de no poder ofrecer este tipo de servicios a visitantes que pueden acceder a estos lugares por vía marítima y fluvial desde el exterior y el interior del país. Igual podría señalarse para algunos lugares de la Costa Atlántica no urbanizados y para la oferta de los llanos orientales del país.
Vale la pena recordar casos que en el pasado frenaron el desarrollo turístico e industrial y que hoy registran altas tasas de aumento de la producción y de su competitividad productora y exportadora. Es el caso de Barranquilla ayer y hoy. En el otro extremo, se encuentra el Distrito de Buenaventura, nombrado por el Presidente de la república como capital de la Alianza Pacífica. La mala calidad del agua, la poca continuidad del servicio, que apenas alcanza los tres días a la semana, frena su desarrollo industrial y portuario, y más aún, su desarrollo turístico en una región de importante biodiversidad.
Otro frente de análisis tiene que ver con las cuentas de inversión en salud, que se mantienen aisladas de las cuentas de inversión en agua potable y saneamiento, a pesar de la ya repetida aceptación del gran impacto de los servicios de agua potable y saneamiento en los indicadores de morbimortalidad, especialmente infantil en las regiones y asentamientos, donde no se accede al agua potable y a un manejo sanitario de las excretas.
No es un secreto que las industrias de alto consumo de agua cruda y agua potable reubicaron sus plantas de producción por fuera de las grandes ciudades, donde los costos tarifarios son altos y no consideran viable ubicarse en urbes intermedias y menores, en las que la calidad del agua es baja y la continuidad del suministro no está asegurada.
Con estas apreciaciones, queremos abrir un gran análisis que, sin duda, será de gran utilidad para el país: darle al agua el verdadero valor que se merece como factor de competitividad, tal como ocurre con los hidrocarburos o la minería. Y esto pudiera lograrse con una sólida política de Estado, acompañada de una alta dosis de iniciativa privada.
Maryluz Mejía de Pumarejo
Presidenta Ejecutiva de Acodal