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Análisis/Altillanura: el Gobierno está llegando tarde

El crecimiento anual del sector agropecuario es bastante pobre, por eso el impulso a la Altillanura contribuiría a cambiar esto. Ya es hora de que el Estado se manifieste, de forma autónoma, sobre el desarrollo de la región y entregue las herramientas para lograrlo.

Redacción Portafolio
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julio 16 de 2013
2013-07-16 11:31 p.m.

Es mucho lo que se ha escrito y hablado últimamente sobre supuestas adquisiciones ilegales de tierras baldías y conformación de grandes propiedades. No quiero hacer llover sobre mojado al hablar de la legalidad o ilegalidad de algunas acciones por parte de particulares, lo que es importante resaltar es que el Estado colombiano está llegando tarde a afrontar las realidades nacionales y especialmente en el caso de la Altillanura colombiana. Aquí cabe el adagio: “el que deja libre un espacio, alguien viene y lo ocupa”, así después vienen los problemas.

Según Planeación Nacional, la Altillanura tiene una extensión de 13,5 millones de hectáreas, de las cuales hay algo más de 3,9 millones en resguardos indígenas y cerca 3,5 millones aptas para el desarrollo agroforestal. Hasta el momento, hay sembradas algo más de 120 mil en cultivos y existen ya planes para plantar cerca de 270 mil hectáreas más. Entre los cultivos sobresalen: granos, palma, caña, caucho y forestales.

De acuerdo con el proyecto Conpes de la Altillanura, para el 2020 se aspira a llegar a 470 mil hectáreas de cultivos, en el 2030 alcanzar algo más de 950 mil y consolidar 1,5 millones de hectáreas en el 2040, lo que es cerca del 30 por ciento de lo sembrado en el país en el 2012.

Por el lado ganadero, hay importantes proyectos lecheros y de producción de carne en procesos de formulación y desarrollo. Se tiene previsto pasar de las casi 700 mil cabezas actuales a 1,0 millón en el 2020, 1,3 millones en el 2030, hasta llegar a 1,5 millones en el 2040.

Todo este desarrollo agrícola y ganadero debe generar, entre los empleos directos e indirectos, 193 mil en el 2020, 385 mil en el 2030, y en el 2040 alcanzar cerca de 590 mil. La generación de empleo va a requerir una migración a esta región. En el 2010, la población total de la Altillanura era de cerca de 130.000 personas, de las cuales el 59 por ciento estaban dedicadas a actividades agropecuarias, o sea 76.700.

Al asimilar bien las cifras de población actual y las de extensión de la Altillanura, se puede concluir: esta no tiene mucha gente y los pequeños productores son muy pocos. Ellos obviamente están ubicados en las mejores tierras, que son las vegas de los ríos.

A las sabanas de la Altillanura le huye la economía campesina, allí se encontrarían con unos suelos ácidos, con alta toxicidad por aluminio, que requieren unos correctivos para el suelo, los cuales ascienden alrededor de 4,5 millones de pesos por hectárea, como requisito indispensable para poder sembrar algo. Por esta sola razón, no se les debe hacer un mal a los campesinos al llevarlos a estas tierras en una forma solitaria.

Es hora de dejar de utilizar los pocos campesinos de la Altillanura en demagogia, que puede resultar en un enfrentamiento entre ideologías y desarrollo, que a la larga perjudica al país y a los pequeños productores en particular.

Los datos anteriores indican que la Altillanura es una zona, no declarada, de desarrollo empresarial, lo que no quiere decir que los pequeños no tengan cabida, pues eventualmente deben y pueden entrar en arreglos asociativos con los grandes.

Se decía que el Estado llega tarde a afrontar las realidades nacionales y la Altillanura es el ejemplo perfecto. Por una parte, la Ley 160 del 94 no se ha reglamentado en su totalidad, y, además, han pasado 19 años y requiere una actualización a las nuevas realidades; es así que la región está pidiendo claridad y legislación sobre un adecuado tamaño de Unidad Agrícola Familiar (UAF) que permita el desarrollo empresarial. Esperemos que el Ministerio de Agricultura presente algo al inicio de la próxima legislatura.

Como si fuera poco lo anterior, el marco orientador del desarrollo de la región está plasmado en un proyecto de documento Conpes que se encuentra engavetado, demostrando que no hay voluntad política o tal vez esperando la opinión de las Farc, lo cual es inaceptable para la sociedad.

Para rematar, el ‘proyecto de ley de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial’ que debería haberse presentado en diciembre pasado, y ayudaría a consolidar el desarrollo social y económico del país y la región, se encuentra en espera del visto bueno de las Farc.

Las deficiencias estatales, la inseguridad jurídica y las amenazas a empresarios hechas por las Farc en La Habana, así como el enfrentamiento entre la ideología y el desarrollo, en el caso de la Altillanura, han frenado la dinámica del desarrollo regional y más bien están a la expectativa de lo que va a suceder, con el entendible perjuicio para la región.

Finalmente, el crecimiento anual del sector agropecuario es bastante pobre y el impulso a la Altillanura contribuiría a cambiar esto. Por tanto, ya es hora que el Estado se manifieste, de forma autónoma, sobre el desarrollo de la región y entregue las herramientas para lograrlo. Así se dará confianza, y se destrabará la inversión nacional y extranjera.

Luis Arango Nieto

Exviceministro de Agricultura

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