Análisis/ Un círculo vicioso infernal

Es urgente cambiar este esquema perverso. Propongo que se presente un acto legislativo que establezca que el incremento en el salario de los congresistas y de todos los funcionarios que tienen sus ingresos atados a ellos se ajuste anualmente en un porcentaje igual al IPC, certificado por el Dane.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
diciembre 17 de 2014
2014-12-17 01:02 a.m.

El actual sistema de fijación de los incrementos en remuneraciones para congresistas, altos dignatarios públicos y magistrados de altas cortes es perverso. Urge una modificación urgente, en pro de la sanidad de las finanzas públicas.

Antes de la Constitución de 1991, el sistema de remuneración de los congresistas dependía de leyes que ellos mismos expedían. Cada vez que decidían aumentarse los sueldos se generaba una amplia polémica nacional, pero no obstante lo anterior, la gran mayoría de las veces pasaban por encima de la vergüenza y se aumentaban los sueldos. En aquellas épocas no había normas en el reglamento del Congreso sobre conflictos de intereses ni impedimentos.

Buscando resolver esta situación, la Constitución de 1991, en su Artículo 187 le quitó esa responsabilidad a los congresistas. Se estableció que su asignación salarial “se reajustará cada año en proporción al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores públicos de la administración central, según certificación que expida la Contraloría General de la República”.

La remuneración del Congreso, por otra parte, determina automáticamente la de otros funcionarios públicos, como magistrados de las altas cortes, Procurador y Contralor. Arrastra, por su parte, la de magistrados de Tribunal, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre otros.

Aparentemente, el problema estaba resuelto. No iba el país a estar expuesto a los escándalos recurrentes derivados de que el Congreso se fijara sus propias remuneraciones. Era de esperarse, por lo tanto, que los incrementos salariales fueran moderados.

¿Qué pasó entonces? Muy sencillo. A principios de los años 90 se realizaron incrementos importantes en la remuneración de todos los funcionarios de la rama judicial distintos a los magistrados, en proporciones que, en muchos casos, sobrepasaron el 100 por ciento. El propósito era el de ‘nivelar’ la remuneración de estos funcionarios, de tal manera que no hubiera una diferencia muy grande con las de los magistrados de las altas cortes.

Como consecuencia de lo anterior, un magistrado de Tribunal, que en esa época ganaba 900.000 pesos, pasó a ganar 1,8 millones. No es cierto, como lo dicen los dirigentes de Asonal Judicial, que el Gobierno Central hubiera incumplido la promesa de realizar una nivelación salarial que estableciera una diferencia razonable entre la remuneración de los magistrados de las altas cortes y la de los demás funcionarios de la rama judicial.

Aparte de esta situación, también se presentaron incrementos importantes en la remuneración real de los miembros de la Fuerzas Militares y de Policía, y de los trabajadores de la salud (1994), así como de los maestros (1995). Posteriormente, bien mediante leyes o decretos del Gobierno, se han aumentado las remuneraciones de otros funcionarios públicos de la administración central nacional: ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, comisiones de regulación, etc. En muchos casos, estos incrementos han sido plenamente justificados: se trataba de asegurar, dado el perfil técnico de muchas entidades, que se aumentara la probabilidad de retener y atraer personal altamente calificado. En otras ocasiones, simplemente se trataba de responder a presiones políticas.

Ello incidió directamente en el crecimiento de la remuneración ponderada de la administración central, en los términos de la metodología utilizada por la Contraloría para realizar el cálculo exigido por la Constitución. Es decir, esto aumentaba el salario de los congresistas, de los magistrados de las altas cortes, del Procurador y el Contralor.

Como resultado de este proceso, mientras en 1991 un congresista se estaba ganando 714.665 pesos, en el 2013 pasó a ganar 24’054.347, según lo recordaba un reciente artículo de El Tiempo. De acuerdo con mis cálculos, y apoyándome en el Dane, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se multiplicó por 8,2 veces entre 1991 y 2013, mientras el ingreso nominal de un congresista se ha multiplicado por 33. Quiere esto decir que, en pesos de 1991, un congresista se está ganando hoy 2’933.000 pesos. El incremento en su ingreso real (es decir, descontado el efecto de la inflación) se ha multiplicado por un factor de 3,1. Han tenido un aumento real anual promedio del 6,6 por ciento.

No hay nada que indique que su productividad haya crecido en la misma proporción.

En el mismo periodo, el salario mínimo real ha mejorado solo 39 por ciento, con una tasa anual de crecimiento del 1,5 por ciento. El resultado ha sido que, mientras en 1991 un congresista o magistrado ganaba 13 salarios mínimos, hoy devenga 41. Esta diferencia es escandalosa. Como lo señala un artículo de Luis Hernando Barreto, publicado en Razón Pública, en la mayoría de países la proporción entre los salarios de los congresistas y los ingresos promedios de una nación está alrededor de 3 veces. En Colombia esta proporción está en 17

Esta situación es claramente insostenible. En primer lugar, crea un incentivo perverso a los congresistas: periódicamente estarán presionando a que se aumenten los salarios de cualquier sector de empleados del Gobierno Central, porque saben que ello incidirá en el promedio de incrementos, con los cuales se les aumentará a su vez su ingreso. En segundo lugar, nunca será posible mantener la diferencia porcentual entre los magistrados de las cortes superiores y los otros empleados de la rama judicial. Se presentará una situación semejante al mito de Sísifo, se hará la nivelación, pero rápidamente crecerá la diferencia entre los magistrados de las altas cortes y sus subordinados, lo cual generará otro incremento en la remuneración de estos, y así sucesivamente.

Es urgente cambiar este esquema perverso. Propongo que se presente un acto legislativo que establezca que el incremento en el salario de los congresistas y de todos los funcionarios que tienen sus ingresos atados a ellos se ajuste anualmente en un porcentaje igual al IPC, certificado por el Dane. Se mantendrá en el tiempo su ingreso real, que, como ya vimos, es suficientemente alto.

Francisco Azuero
Profesor Asociado, F. de Administración, Universidad de los Andes.
 

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