Análisis / Control fiscal para la paz

Si la Justicia castiga en derecho a los que han desfalcado el erario y abusado de la confianza de quienes los eligieron, podrá recuperarse la confianza en las instituciones democráticas.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
diciembre 06 de 2013
2013-12-06 12:51 a.m.

Conmemoró la Contraloría General de la República su nonagésimo año de creación, y así el control fiscal se encamina al siglo de existencia.

De otro lado, el Gobierno busca una salida política al conflicto armado de más de seis décadas que, de concretarse, trascenderá las generaciones.

Los colombianos somos conscientes de las dificultades y obstáculos pendientes de superar, algunos producto del modelo de país que hemos tenido en dos siglos de vida republicana.

Reconocemos el potencial que podemos capitalizar, empezando por el talento y el empeño en buscar los objetivos, y la alegría y la capacidad para sobreponernos a la adversidad, virtudes, entre otras, que caracterizan a nuestra gente.

Tenemos fertilidad en nuestra tierra, diversos pisos térmicos a escasas horas de distancia, biodiversidad que preservamos para el planeta, nuestros mares y fuentes de agua dulce, la posición geopolítica, la Amazonia y abundantes recursos naturales, el desierto y tres cordilleras, todos los cuales constituyen riquezas incomparables.

No obstante, tenemos rezagos en bienestar y calidad de vida, como un potencial desaprovechado, e insuficiente explotación de recursos con poca responsabilidad hacia la sostenibilidad y garantía de beneficios para las futuras generaciones.

En muchos ámbitos se observa una concentración que impide irrigar los beneficios a toda la población y a todas las regiones. Podemos mantener políticas públicas que desatiendan las diferencias, polaricen los extremos en los ingresos, no defiendan el medioambiente, o hacer un quiebre a tiempo para corregir los desequilibrios y construir una mejor sociedad, sostenible económica y socialmente.

Este momento crucial requiere aportes para abrir la puerta a un escenario de reconciliación, promisorio en convivencia y desarrollo, sin prestar oído a las invitaciones a prolongar la guerra y la desesperanza.

Es pronto para evaluar el fallo de responsabilidad fiscal emitido por el caso Saludcoop, pero el país celebra la actuación de la Contraloría General de la República en uno de los casos de mayor afectación a la sensibilidad nacional.

El desvío y la captura de recursos públicos destinados a la prestación de servicios de salud de los colombianos a la postre contribuyeron, junto con las deficiencias de la política pública sectorial, al panorama sombrío que el país ostenta en la garantía de uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991.

Un resultado exitoso del proceso de negociación en La Habana puede catapultar al país a mayores niveles de bienestar y la Contraloría General puede coadyuvar al escenario de paz que el país está construyendo, entendiendo la paz como una condición distinta a la firma de un acuerdo, y que tiene como prerrequisito la terminación del conflicto.

Si la justicia castiga en derecho a los que han desfalcado el erario público y abusado de la confianza de quienes los eligieron, podrá recuperarse la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, se recuperarán recursos para el desarrollo social, y, sobre todo, se producirá un efecto disuasivo que prevenga la futura repetición de eventos similares.

La situación que se vive ha sido expresada con crudeza por el Presidente de la República cuando afirma que “en Colombia la corrupción es de tal magnitud que donde se pincha, sale pus”.

Las noticias diarias hablan de delitos en todos los niveles de la administración pública, al mismo tiempo que el país muestra una severa inequidad e insatisfacción en el cumplimiento de derechos fundamentales.

Los delitos contra el patrimonio público no solo perjudican el desarrollo, sino que se convierten en un obstáculo para la paz y, con o sin acuerdo en La Habana, debe impedirse la apropiación de recursos públicos por parte de los particulares.

Si la cooptación de las rentas del Estado, o de sus bienes y recursos, se realiza por quienes ostentan las más altas dignidades (congresistas, magistrados, ministros, gobernadores, alcaldes, comandantes de las fuerzas armadas) aumentará la desconfianza en las instituciones, se limitará la democracia y afectará la lucha contra la pobreza.

Por ello, el control fiscal, en confluencia con las demás funciones de autoridad, vigilancia y control del Estado, debe incrementar los resultados que contribuyan al ambiente de equidad, tolerancia y participación que merecemos.

Los desfalcos, robos, defraudaciones, estafas, hurtos, timos, despojos, malversaciones, fraudes y saqueos al patrimonio público parecen no tener fin.

La monumental cifra que la Contraloría estableció como daño patrimonial a los colombianos, causado por una sola EPS, deja un sabor amargo, pues ello explica una de las razones del mal servicio en salud y anticipa que parte de esos recursos se perdió con la tolerancia de la sociedad.

Evidentemente, las normas de intervención de los órganos de control fiscal contienen deficiencias y restricciones que exigen ajustar el modelo para un control eficaz y oportuno, capaz de resarcir los daños.

El control fiscal no es una función pública aislada de la realidad nacional ni del momento histórico. El efecto y la influencia de las contralorías en la administración pública deben permitir el cabal ejercicio de su misión como señal de un camino hacia la paz, en tanto su gestión y sus resultados contribuyan al desarrollo equilibrado de las regiones, al uso óptimo de los recursos públicos y a la superación de décadas de injusticia e inequidad.

Gabriel Ángel Muriel G.

Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional

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