Análisis/ Desastres y cambio climático

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
septiembre 12 de 2013
2013-09-12 12:23 a.m.

Por su ubicación sobre los Andes y en la confluencia de diferentes regímenes climáticos, Colombia está expuesta a importantes riesgos geológicos e hidrológicos. Como han insistido los economistas desde siempre, existen amenazas, pero no desastres naturales. Las pérdidas de los individuos y sociedades resultan de decisiones previas sobre prevención, transferencia y mitigación de riesgos; y de la capacidad de respuesta ante crisis para salvar vidas y restablecer la funcionalidad de la economía.

Cuando la productividad y los recaudos de impuestos son bajos, y los mercados financieros son débiles, el sector público subinvierte en prevención y el privado queda menos protegido de lo que quisiera. Esto es más agudo para los pequeños agricultores, que no pueden invertir en mitigación, tienen escaso acceso a instrumentos de cobertura, seguros, o no tienen la posibilidad de transformar sus productos para preservar o aumentar su valor.

La vulnerabilidad mencionada se complica con la amenaza del cambio climático y se extiende a la vida urbana en el abastecimiento de agua. La producción creciente de gases que calientan la atmósfera (efecto invernadero) puede aumentar la variabilidad de la precipitación. Eventualmente, se pueden desencadenar eventos catastróficos, como el aumento del nivel del mar en varios metros por derretimiento de la capa de hielo de los polos. No existen modelos científicos capaces de predecir la evolución de la temperatura en escalas temporales o espaciales razonables, ni modelos económicos para predecir las pérdidas asociadas. Hay incertidumbre pura y dura sobre la severidad de los daños, y sus probabilidades e instantes de ocurrencia.

Las medidas para enfrentar el cambio climático son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos. El calentamiento de la atmósfera es un fenómeno global, a diferencia de otras formas de contaminación. La mayor producción acumulada de gases de efecto invernadero proviene de los países desarrollados. No es fácil proponerle a una nación en desarrollo que reduzca su consumo de energía ni que adopte un estilo de vida frugal para salvar al planeta. A pesar de que la intensidad energética de la producción está disminuyendo por progreso tecnológico, el fortalecimiento de la manufactura, requerida para modernizar el país, no reducirá necesariamente el consumo total de energía durante el periodo de conversión a una economía basada en el conocimiento.

Colombia representa el 0,7 por ciento de la población del planeta, y sus emisiones por combustión de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, el 0,21 por ciento de las emisiones mundiales. En cambio, consume el 1,17 por ciento de la hidroelectricidad del mundo, energía que no libera gases de efecto invernadero en su generación. En términos absolutos, China consume cuarenta veces más petróleo y ochenta veces más carbón que Colombia, y Estados Unidos consume ochenta veces más petróleo y setenta veces más carbón que nuestro país.

Colombia consume poca energía en términos absolutos y relativos, y su producción energética es menos emisora de gases de efecto invernadero que la de los países desarrollados o en crecimiento rápido, como China. La política pública en energía del país debe enfocarse en elevar el nivel de vida de los colombianos y preservar la calidad ambiental local. En ocasiones, se podrá aumentar la calidad de vida y/o el consumo energético con pocas emisiones de gases de efecto invernadero, como en el caso del transporte eléctrico masivo, si fuera movido por hidroelectricidad; o con medidas agresivas de planeación urbana y equipamientos que usen energías renovables de manera rentable. Pero, así se lo propusiera como meta, Colombia no tiene el tamaño ni el músculo para liderar la solución de problemas ambientales globales.

Se debe poner más atención a la adaptación que a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La financiación de la adaptación al cambio climático es un reto para las decisiones públicas por dos razones. En primer término, el ciclo político sesga el uso de los escasos impuestos hacia inversiones sociales represadas u obras de alta rentabilidad política inmediata. En segundo lugar, las instituciones de gestión del riesgo son reactivas, como sucede con el Fondo de Adaptación y Colombia Humanitaria.

La adaptación incluye medidas ‘blandas’, de bajo costo, como la reubicación de asentamientos vulnerables y los seguros contra catástrofes, así como elevadas inversiones en infraestructura de control de inundaciones, presas y jarillones (obras mal usadas en muchas ocasiones). Las inversiones físicas deben partir de estimar la disposición a pagar o aceptar por retener riesgos, de una priorización de inversiones y una visión de largo plazo.

Es necesario un proceso de consulta y decisión bajo incertidumbre profunda. La principal amenaza del cambio climático para las grandes ciudades como Bogotá, es el abastecimiento de agua potable, por el aumento de la variabilidad en la precipitación. Por la misma razón, el principal reto del abastecimiento eléctrico es aumentar la capacidad de regulación de los nuevos embalses.

Por lo pronto, la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres es una unidad con más buena voluntad que capacidades técnicas, financieras o de coordinación. Además, está ubicada en el Ministerio del Interior, que en la práctica debe concentrarse en apagar incendios. La medida de mayor impacto inmediato para gestionar la adaptación sería trasladar esta Dirección al DNP y enfocarla en articular la cofinanciación de proyectos de prevención de largo plazo entre Gobierno Central y los gobiernos regionales, y en desarrollar un mercado vigoroso de seguros catastróficos.

Juan Benavides

Consultor

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