Análisis/La educación superior al tablero

Redacción Portafolio
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noviembre 20 de 2013
2013-11-20 03:55 a.m.

El profundo impacto de los cambios sociales, económicos, científicos y políticos vividos en las últimas décadas, hacen necesario repensar la política pública sobre la educación terciaria que el país necesita, y que a mediados de diciembre el Gobierno Nacional presentará a los colombianos.

El mérito del fallido proceso de reforma de la Ley 30 de 1992, y que por poco crucificó al presidente Santos, fue haber puesto en el debate público la discusión sobre la universidad, la educación superior y la educación para el trabajo que nuestro tiempo reclama.

El debate electoral, que está de moda por esta época, no podrá sustraerse a la discusión seria de los diferentes, e irreconciliables muchas veces, enfoques que hay sobre este tema.

El Cesu, como espacio legítimo para la discusión de una política pública de la educación superior, tiene el reto de presentar el 5 y 6 de diciembre sus conclusiones y recomendaciones al Gobierno para la definición de la política pública que regirá para las próximas décadas. Me asalta la duda de si solo será capaz de hacer unas reformas cosméticas y superficiales o si logrará un cambio que acometa los problemas nodales.

La obligación del Gobierno Nacional será presentar una propuesta que cuente con el consenso del diagnóstico de la educación superior. Debe tener claros, además, las dificultades y entender que las soluciones serán muy diversas y dependerán de enfoques académicos, políticos e ideológicos, e incluso de intereses de grupos y sectores.

Hoy, contamos con un sistema completamente dislocado, de una visión dispersa, sin foco ni gerencia, y una financiación pobre, al que se le suman precarias condiciones de calidad, cobertura, equidad, pertinencia e inclusión.

El mayor problema existe porque no hay una política pública que considere toda la educación terciaria como un sistema, y por la falta de articulación con la educación media, que prepara a los estudiantes para la presentación de las Pruebas Saber 11 y no para la educación possecundaria. Este hecho se refleja en la alta deserción temprana en la educación superior que, según las cifras más recientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se ubica en el 45 por ciento, es decir, que uno de cada dos alumnos que ingresan a la universidad no se gradúa.

Pruebas de esta desarticulación se encuentran a granel: hemos presenciado en las últimas semanas que el Ministerio de Salud, sin consulta, con el MEN introdujo una propuesta para formar médicos especialistas en los hospitales, desconociendo los exigentes requisitos de investigación que se vienen exigiendo a las universidades, porque consideraba que la formación de estos es solo una técnica y un negocio de los centros educativos: ‘nada más equivocado’.

El Sena, en una época, también intentó competir con Colciencias en la formación de doctores, y recientemente ha querido prohibir a las empresas las prácticas de estudiantes universitarios porque considera que ese es campo exclusivo de los aprendices; el Ministerio de Agricultura y otras carteras, por su parte, controlan sus recursos de investigación, muchas veces por fuera de Colciencias, prácticamente a dedo, y los gobernadores, refugiándose en la Ley de Regalías, pasaron a decidir si es prioritario o no invertir en investigación, desconociendo y relegando el papel de Colciencias. ‘Zapatero a sus zapatos’.

Pasamos de una política de investigación desfinanciada a una que vive el principio de que quien pone la plata pone las condiciones. El Ministerio de Trabajo intentó monopolizar las bolsas de empleo que las oficinas de graduados tienen para ayudar a sus egresados, casi prohibiéndoles hacer esta gestión. La reacción, afortunadamente, tuvo eco y se evitó tal exabrupto. Los rectores de Ascun nos levantamos todos los días pensando: ¿de dónde nos reformarán hoy?

La tipología de las instituciones de educación superior es un tema también sin resolver. Algunos centros técnicos o tecnológicas han buscado su transformación en instituciones universitarias o en universidades, produciendo un estancamiento de su razón de ser. Actualmente, la sociedad ya no sabe distinguir una universidad de una institución universitaria, ni de una técnica y tecnológica. Sin contar con las universidades para taxistas o las inventadas por las grandes empresas, que rimbombantemente han surcado nuestro espectro publicitario, utilizando la expresión ‘universidad’ a cualquier proceso de formación.

En conclusión, lo primero que el país debe aclarar es la dimensión de su problema de educación terciaria, que comprende la formación para el trabajo, la técnica, la tecnológica y la universitaria. Cada una de ellas con cometidos propios. La revisión necesariamente tiene que llevar al Gobierno Nacional a una evaluación de lo que pasa en la educación media y su articulación con la possecundaria.

Si no se logra crear un sistema coherente, partiendo de definir lo que se quiere, se harán reformas insulsas, y pese al dinero que se invierta, no se lograrán los cambios que se necesitan, como está pasando con el sistema nacional de regalías, que hará mucho bien, pero si no se hace de modo articulado, no producirá la transformación que el país necesita.

Obdulio Velásquez Posada

Rector de la Universidad de La Sabana

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