Análisis / Efectos colaterales de la política de paz

Solidaridad y universalidad deben ser los criterios para la nueva política social, que tiene que estar acompañada por una estrategia económica que reconozca su contenido social y genere empleo.

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
noviembre 16 de 2013
2013-11-16 11:09 p.m.

Muchos efectos colaterales positivos tendrá el avance en un proceso de paz en Colombia, que se inicia con la firma del acuerdo con la guerrilla.

No serán inmediatos, porque la experiencia mundial demuestra que el posconflicto tiene grandes costos, algunos claros otros ocultos, que le exigirán mucho al Estado y a todos y cada uno de los colombianos, especialmente a aquellos que tendrán que sacrificar muchas de sus prebendas.

Hoy, no se ha logrado acabar con esa esperanza no obstante las denuncias de atentados por parte de una columna de las Farc, contra el expresidente Uribe y el Fiscal General de la Nación. Una vez se aclaren estos actos reprochables, es de esperar que se continúe avanzando hasta que se logre firmar acuerdos con las Farc y el Eln.

Sin duda, en ese momento la sensación de un nuevo panorama será mayor, a pesar de esa extrema derecha que sigue tratando de lograr la atención de los medios de comunicación. ¿Qué haremos para que cada twitter del expresidente Uribe no se tome como primicia noticiosa?

Otro clima se vivirá en el país, que permita adoptar decisiones dolorosas, como aumentar impuestos, medida imprescindible, dado que hoy el peso de impuestos sobre PIB es injustificadamente bajo, 14,5%.

Llegar paulatinamente al 20% o 25%, que sería lo racional, no será un reto menor, porque se tendrá que poner a los ricos a pagar lo que les corresponde, puesto que los asalariados, las clases medias e incluso los pobres, no resisten más cargas tributarias. Tampoco se puede exagerar el peso sobre las empresas, que aquellas que sí entienden como debe ser la responsabilidad social empresarial, no evaden el deber de cumplir la ley.

Pero como lo reconoce la Dian, la elusión y evasión de impuestos es un mal nacional.

Si la guerra ha costado tanto, la paz no será gratis, porque precisamente para que sea sostenible es fundamental remediar muchas de las injusticias sociales, económicas y políticas que proliferan en esta sociedad.

Además, no hemos logrado los niveles de desarrollo que ayuden a esta tarea en medio de la globalización. Con esos niveles tan bajos de competitividad que se originan desde la precaria formación de capital humano de amplísimos sectores de la sociedad, hasta la falta de bienes públicos, pasando por la carencia de inversión en tecnología, en infraestructura, en estímulos adecuados a determinados ramos, la demanda de recursos, de políticas públicas y esfuerzos del sector privado, serán inmensos.

Y no será por poco tiempo, sino por un largo periodo hasta que recuperemos lo que hemos perdido y logremos lo que debemos alcanzar.

Pero uno de los efectos colaterales de la política de paz que se ignora y que puede ser definitivo para lograr y mantener la gobernabilidad necesaria para este paso de la guerra a la paz, tiene que ver con la política social actual.

Nadie puede atreverse a negar el derecho que tienen las víctimas de estos 50 años de confrontación armada, a que se les visibilice y se les repare adecuadamente. Es lo mínimo que se debe hacer por estos millones de hombres, mujeres y niños que pasaron a la miseria, ante la mirada indiferente de gran parte del país.

Se han perdido demasiadas vidas, y es posible que generaciones completas no podrán recuperar lo que dejaron atrás, en términos materiales y sicológicos.

El costo de la salud mental de las víctimas, no ha sido reconocido suficientemente y para muchos puede ser irreparable.

Sin embargo, empiezan a salir a la luz los efectos de no reconocer la situación de aquellos que no se catalogan como víctimas, pero que siguen siendo parte del 34% de pobres, del 10% de miserables y del 36% de vulnerables.

¿Cómo se empiezan a sentir los que están fuera del foco de las políticas públicas, cuando las víctimas, los victimarios y reinsertados reciben apoyos adicionales del Estado y la sociedad? Cuando se escucha a colombianos que viven día a día este proceso, se identifican que otros cambios radicales deben adoptarse por parte del Gobierno y la sociedad.

No se trata de no apoyar a las víctimas y a los reinsertados. Pero llegó el momento de hacer políticas sociales universales y solidarias para que la población no identificada como víctima reciba esos beneficios que se le han negado por siglos.

Solidaridad y universalidad, y no solo focalización y eficiencia, deben ser los criterios para la nueva política social que tiene que estar acompañada por una estrategia económica que reconozca su contenido social y genere empleo decente, no solo baja inflación y equilibrios macroeconómicos.

Si esto no se hace, la gobernabilidad para manejar el posconflicto se perderá y el costo será para todo el país: las víctimas se verán acosadas, los reinsertados, con mayor razón, y las no víctimas no podrán entender por qué quedaron por fuera del radar del Estado y la sociedad.

Este sería el costo colateral de no reconocer que además de las víctimas, millones de colombianos siguen en la marginalidad.

Es el momento de asegurar educación pública gratuita y excelente, un sistema de salud que garantice este derecho a todos, posibilidades reales de vivienda a aquellos que no pueden obtenerla, un modelo solidario de pensiones –en vez de seguir repartiendo limosnas–, la transformación productiva de todos los sectores, para que se genere el empleo que los pobres y las clases medias requieren.

De acabar con los privilegios de los que tienen el poder y no la necesidad. ¿Es una revolución? Sí, pero se exige.

Cecilia López Montaño

Exministra – Exsenadora

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado