Análisis/Elección de Contralor: reto moral para la paz

Aunque la Constitución Política solo exige título universitario para ser Contralor General, y su elección no se basa exclusivamente en el mérito, harían bien las cortes y el Congreso en considerar la idoneidad y competencia para el cargo.

Redacción Portafolio
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julio 03 de 2014
2014-07-03 04:23 a.m.

Contralores generales y territoriales han pagado con cárcel sus ilícitos. Por eso, aunque debiera ser la conducta ética natural, enaltece el paso pulcro por la Contraloría General (CGR) de hombres eruditos como el tolimense y exconstituyente Alfonso Palacio Rudas. Más recientemente, el economista y también exconstituyente Carlos Ossa Escobar contribuyó a consolidar la estructura de la CGR, que solo se ajustaría con el Estatuto Anticorrupción del 2011. Por su parte, la contralora Sandra Morelli demostró representar a nuestro género femenino: echadas pa’lante, no se amilanan con las afrentas de una sociedad machista, se sobreponen a cualquier dificultad y logran sus metas.

Sobre la contralora pesan cuestionamientos que impactan la credibilidad institucional. Los resultados de las investigaciones que la Fiscalía y la Auditoría llevan en su contra despejarán las dudas. Por eso, quien la suceda en dos meses, primero tendrá que limpiar la casa (para proceder con autoridad moral ante sus controlados), tomar decisiones sobre el inventario de avances y retrocesos, y proseguir la tarea que, contra viento y marea, emprendió Morelli. El país reconoce su osadía y temeridad en un cargo por el que pasaron contralores, sin pena ni gloria. Hay remilgos sobre su estilo (preferible sin belicosidad, para contribuir al ambiente de paz y reconciliación que enfatizará el presidente Santos en su segundo mandato), pero no se desconoce que tuvo pantalones, aunque otros precisan que fueron de quitar y poner según el sujeto de control.

Es claro el peligro de elegir como Contralor General a ciudadanos reconocidos (recuérdese que no se trata de elegir un presentador de televisión), comprometidos con la clase política o con personajes non sanctos del sector privado. De cerca, la gestión de la contralora refleja su déficit en áreas administrativas, operativas, económicas y financieras, pero lo cortés no quita lo valiente: el control fiscal avanzó con actuaciones en tiempo real y mientras estén vigentes pueden preservarse.

Aunque la Constitución Política solo exige título universitario para ser Contralor General, y su elección no se basa exclusivamente en el mérito, harían bien las cortes y el Congreso en considerar la idoneidad y competencia para el cargo. De ahí la dura acusación de dos magistrados de la Corte Constitucional ante la ‘preselección’ de candidatos, el exprocurador Maya entre ellos, que “aunque reconocidos en el ámbito de la justicia, no lo eran en los campos de la economía y la administración pública, áreas fundamentales para el buen desempeño del cargo de contralor” (“Con voto en blanco, Pinilla protesta por clientelismo en cortes”, El Tiempo, 28 de mayo del 2014).

La Corte habría incumplido su propio reglamento (en curso una Acción de Tutela por la segunda convocatoria, por fuera del procedimiento) y sorprendió al ignorar el reclamo por idoneidad y competencia del que hoy hace eco la opinión pública, porque para construir una nación ética y pujante no se puede improvisar. El respeto a la Constitución con un contralor independiente, técnico y competente, será garantía para un exitoso segundo periodo de buen gobierno.

Quedan aspectos por resolver para lograr eficiencia y eficacia en la CGR y simultáneamente impulsar cambios en la administración pública. Golpes contundentes contra la corrupción son posibles con alianzas, con la colaboración armónica con la Fiscalía, que se debe recuperar. Hay que fortalecer actuaciones con las ‘ías’, superintendencias, Policía, Uiaf, Dian, entre otros. Profundizar criterios gerenciales, asumir sin miedo la gestión por resultados, avanzar en gestión de calidad, involucrar a las instituciones de educación superior, superar el rezago tecnológico, dar vida concreta al Sistema Nacional de Control Fiscal con enfoque integral y sustentar reformas que modernicen el control fiscal en representación de los ciudadanos.

El potencial del proceso verbal debe desplegarse a fondo y concebir medidas audaces para acelerar los procesos de responsabilidad fiscal, sin perjuicio del debido proceso, garantista y respetuoso de los derechos de los implicados. Un cambio de enfoque hacia ‘beneficios fiscales’ permitirá ahorros y recuperaciones inmediatas, sin paquidérmicos procesos de escasa efectividad. Adoptar un papel proactivo y con autoridad para coadyuvar, vigilantes, al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Apoyar al Congreso de la República en proyectos de ley para generar políticas con valoración de los costos e impactos previsibles. Promover la participación técnica ciudadana, involucrada desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo que presente el Gobierno, para construir la mayor política pública sustentada en las promesas electorales que llevaron a los ciudadanos a las urnas. La permanente evaluación de la ejecución de la planificación del Estado, desde la posición independiente y autónoma de la CGR, permitirá al Gobierno y a las demás ramas del poder público efectuar oportunamente los ajustes para cumplir las metas y mejorar el uso de los recursos públicos.

En fin, hay mucho por hacer sobre los pilares de una planta de personal competente, como la de la Contraloría General de la República, para encaminar la institución y el modelo de control fiscal hacia el escenario que la paz exige. Teniendo en cuenta la ineficaz lucha contra la corrupción (Transparencia Internacional calcula que por este concepto Colombia tiene pérdidas anuales del 4 por ciento del PIB), la mejor forma de aportar a la paz desde el control fiscal es con resultados ciertos que contribuyan a la restauración moral.

Gabriel Ángel Muriel G.

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