Análisis / La encrucijada de la seguridad social

Un primer paso para el cambio de paradigmas es entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad para fortalecer las economías y contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y la desigualdad actuales.

Redacción Portafolio
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octubre 17 de 2012
2012-10-17 12:40 a.m.

En América Latina y el Caribe, más del 70 por ciento de la población en edad de trabajar no contribuye con ningún sistema de pensión. Es un dato abrumador, en una región en la cual las tasas de natalidad se desploman y el envejecimiento de la sociedad no tiene precedentes. En este escenario, tenemos el reto de avanzar hacia un cambio de paradigmas cuando hablamos de la seguridad social del presente y del futuro.

Basta dar un rápido vistazo a la situación demográfica. Las últimas cifras de organismos especializados (Celade) indicaban que la población de adultos mayores de 60 años ya representa 9,9 por ciento del total, y será de más de 35 por ciento en el 2100. En el 2040, por primera vez, habrá más adultos mayores que niños.

Las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que solamente 27,6 por ciento de las personas entre 15 y 64 años cotizan para su pensión en la región. Esto incluye tanto a aquellos individuos que se consideran económicamente activos como a los que no pertenecen a la fuerza laboral. Pero, la verdad es que todos envejecemos y necesitaremos un ingreso para esquivar la pobreza a una edad avanzada.

Por otra parte, la brecha de cobertura en la protección es significativa, pues 40 por ciento de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión. La proporción es similar para los servicios de salud de la seguridad social, donde, por cierto, los adultos mayores son usuarios que demandan gran cantidad de servicios.

Además, debemos considerar que los sistemas de protección social deben apuntar a otros grupos vulnerables de la población, como enfermos y discapacitados, personas sin ingresos o desempleadas, a niños que, de lo contrario, son obligados a trabajar, o a quienes sobreviven a un trabajador fallecido y no tienen de qué vivir.

En este contexto, la seguridad social debe ser vista como una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Un primer paso para el cambio de paradigmas tiene que ver con entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad para fortalecer las economías y contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y la desigualdad actuales.

Una región con muchas más personas mayores, gran parte de ellas desprotegidas, sin ingresos y, por lo tanto, en situación de pobreza, con sistemas sanitarios colapsados, no parece el retrato del futuro que queremos hoy.

La baja proporción de personas que logran contribuir una parte de sus ingresos nos indica que será imposible financiar los sistemas de seguridad social solamente con cotizaciones personales, más aún si habrá cada vez más adultos mayores y menos jóvenes.

Es indudable que, tal como ocurre en muchos países avanzados, corresponde un papel al Estado, así como a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de seguridad social basados exclusivamente en regímenes contributivos son ideales, pero pertenecen al pasado, y ahora es necesario generar opciones no contributivas también.

Desde las Naciones Unidas se ha abordado el desafío de la brecha en seguridad social con una propuesta que busca maximizar la cobertura hasta hacerla universal, mediante un uso eficiente y creativo de los recursos disponibles. Se llama la iniciativa Piso de Protección Social, y busca combinar la garantía de un ingreso básico para todas las personas con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo, en salud.

La propuesta del Piso, que es una de las prioridades de acción para la OIT, parte de la base de que si los planes de protección social están bien diseñados pueden ser financiados con diversas fuentes de recursos, pero, sobre todo, son rentables, pues contribuyen a mantener en la economía a personas que de otra forma estarían marginadas.

Durante la crisis internacional, en los países donde se sintieron efectos más moderados y la recuperación fue más rápida, las medidas de protección social, desde los seguros de desempleo hasta las pensiones de gracia o las transferencias condicionadas de recursos, tuvieron un efecto positivo, ya que permitieron mantener la demanda y contribuyeron a la productividad laboral.

La seguridad social, vista con una mirada más moderna, debe considerarse como medida de impacto multidimensional, que benefician a las personas, a las comunidades, a los lugares en donde trabajan o viven, y, por lo tanto, actúan como estabilizadores económicos.

En cierto sentido, estamos en una encrucijada. Enfrentamos el dilema de parchar sistemas que no han funcionado bien nunca y serán sobrepasados, o seguir el camino de iniciativas que contribuyan al bienestar ciudadano como base de sociedades económicamente más competitivas y socialmente más inclusivas.

Sin protección social adecuada será imposible tener sociedades de calidad capaces de plantearse con éxito la globalización.

ELIZABETH TINOCO

DIRECTORA REGIONAL DE LA OIT PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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