Análisis / Exclusión e hipocresía

Los colombianos requerimos ser consecuentes con la indignación que nos producen esos comportamientos y construir una sociedad incluyente en la cual se reconozcan y se disfruten los derechos que todos los ciudadanos tenemos sin distingos de condición, raza o credo religioso.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
enero 20 de 2014
2014-01-20 11:51 p.m.

Indignación producen las declaraciones discriminatorias contra la población en condición de discapacidad pronunciadas por la señora María Luisa Piraquive, líder de la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional e inspiradora del partido político Mira.

Pero también preocupan, porque es inaceptable que en pleno siglo XXI existan personas y organizaciones que se sustenten en prédicas anacrónicas e inquisidoras, con sermones de terror y exclusión.

Más aún, cuando una fusión religiosa, política y familiar, con evidencias de prácticas clientelistas y eventualmente dolosas, sumadas a esos mensajes de miedo, persecución y discriminación, adquiere influencia económica y política en la sociedad y en los poderes del Estado.

Pero más allá de esas consideraciones y confiando en que el próximo 9 de marzo los electores colombianos no olvidemos sancionar esas prédicas y esas prácticas, las declaraciones de la señora Piraquive nos deben llamar a la reflexión como sociedad, en torno a la forma como se trata en el país a la población en condición de discapacidad y al grado de inclusión social que realmente tiene.

Porque cuando no es esa actitud claramente segregante, la otra visión extrema es de compasión, conmiseración y paternalismo, que conduce de alguna manera a una nueva forma de exclusión.

La población que confronta alguna discapacidad quiere que su condición sea vista como una situación de vida y no simplemente como una enfermedad.

No quiere que se le trate con exclusión, pero tampoco con lástima, mucho menos como pretexto para recaudar recursos económicos.

Las declaraciones de la líder de esa empresa religiosa, política y familiar, son expresiones y muestras de una sociedad que no ha logrado consolidar el respeto debido hacia las poblaciones más vulnerables, para que sean incluidas en la sociedad y no discriminadas o estigmatizadas.

Ahora bien, el aprovechamiento de diferente orden que algunos pretenden hacer con el escándalo suscitado, lo que esconde es una latente hipocresía. Hoy se rasgan las vestiduras.

Sin embargo, son muchos de ellos los mismos que en su día a día se oponen a que un niño en condición de discapacidad ingrese a determinados colegios y universidades o impiden que personas en situaciones semejantes puedan acceder a trabajos dignos y bien remunerados.

Como dijimos en estas páginas hace un tiempo “la población con discapacidad pide libertad y autonomía. Quiere amor y comprensión de su familia, trato digno y el apoyo de la sociedad para construir su camino en este devenir terrenal. Quiere integrarse a la comunidad y serle útil. Esta población sabe que tiene derechos y está dispuesta a asumir sus responsabilidades”.

A pesar de que existen reconocimientos constitucionales y legales para la población en condición de discapacidad en el marco de la Convención mundial de la que Colombia hace parte, su realidad cotidiana no supera los visos de la exclusión, y su integración social plena todavía es una quimera.

El Censo del 2005 invisibilizó una porción muy importante de la población en condición de discapacidad.

La pregunta que consultó ese cuestionario no fue acertada y hoy, derivado de dicho censo, hablamos de 6,5 por ciento de la población colombiana que enfrenta alguna discapacidad.

En otros países se señalan valores superiores al 12 por ciento. La peor forma de exclusión para estas poblaciones es aquella que desconoce su existencia.

Pero además, las cifras que arroja el Registro de Caracterización de la Población en condición de discapacidad del Dane y el Ministerio de Salud del 2010 son preocupantes.

De cada cien personas registradas en condición de discapacidad, treinta y cuatro desconocen la causa, como si no tuvieran un diagnóstico, cincuenta y ocho entre 15 y 19 años no asisten a la escuela, solo cinco terminan el bachillerato y menos de una, la universidad, treinta y cinco no tienen acceso a agua potable y setenta y seis perciben barreras físicas en su entorno inmediato.

Así las cosas, más allá de escandalizarnos y condenar las declaraciones y las prácticas de una señora y su empresa religiosa, política y familiar, los ciudadanos de este país requerimos ser consecuentes con la indignación que nos producen esos comportamientos y construir una sociedad incluyente en la cual se reconozcan y se disfruten los derechos que todos los ciudadanos tenemos sin distingos de condición, raza o credo religioso.

Augusto Galán Sarmiento

Exministro de Salud y ex embajador

de Colombia en la Unesco.

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