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Análisis / ¿Qué falló con el prohibicionismo?

La política de drogas debe ser juzgada por sus resultados, no por sus intenciones.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
abril 10 de 2013
2013-04-10 12:14 a.m.

Hace un año, nadie pensaba que el debate sobre el actual régimen mundial de drogas iba a evolucionar tan rápido como lo ha hecho en los últimos meses.

Esta discusión empezó a gestarse con la publicación del informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

Pero fue el año pasado cuando, por primera vez en la historia, presidentes en ejercicio reconocieron públicamente la necesidad de abrir un debate amplio e informado en la evidencia disponible, acerca de la efectividad, los costos y la eficiencia del actual régimen prohibicionista.

En una actitud muy valerosa, el presidente Juan Manuel Santos, así como sus contrapartes en países como Guatemala, México y Uruguay, han hecho un llamado respetuoso, pero urgente a la comunidad internacional sobre la necesidad de tener una discusión honesta y desligada de prejuicios ideológicos (o posturas religiosas) acerca de estos temas, con el fin de buscar alternativas para enfrentar el ‘problema de las drogas’, que resulten menos costosas para las naciones de la región.

Para entender cómo llegamos a esta discusión resulta útil definir operacionalmente qué es la prohibición.

Desde un punto de vista de economía política internacional, la prohibición no es otra cosa que la transferencia de una parte importante de los costos del ‘problema de las drogas’ de los países consumidores a los Estados productores y de tránsito.

Más precisamente, con la prohibición y los principales mecanismos que la refrendan (como las Convenciones de Naciones Unidas) los países productores y de tránsito se ven obligados a implementar políticas de reducción de oferta, con lo cual, supuestamente, deberían llegar menos drogas a las naciones consumidoras, y las que entran deberían tener un precio más alto para disminuir el consumo.

Esta es la racionalidad de la prohibición, o por lo menos de la parte de la prohibición que afecta a países productores y de tránsito.

En teoría, la prohibición suena como una opción razonable, y no debería sorprendernos que los principales países consumidores les den a los productores y de tránsito subsidios para implementar políticas de reducción de oferta, como el Plan Colombia.

En últimas, se trata de unos países compensando a otros por haberles transferido una parte importante de los costos de su problema de consumo de drogas.

¿Qué falló, entonces, si todo sonaba tan razonable en la teoría?

A mi juicio, fracasaron tres supuestos fundamentales en los que se basaba la teoría. Primero, los promotores de la prohibición suponían que si se invertían grandes sumas de dinero en programas de reducción de oferta, se iba a lograr acabar o, por lo menos, ‘controlar’ el narcotráfico.

¿Qué nos muestra la evidencia al respecto? Que son pocos los casos exitosos en la lucha contra el narcotráfico, y que los que existen no acaban con el fenómeno, sino que lo desplazan a otras regiones. Por ejemplo, los éxitos recientes de Colombia, producto del cambio de énfasis en las políticas antidroga en el 2008, hicieron que parte de los cultivos se devolvieran a Perú y Bolivia, los laboratorios se trasladaran a Ecuador y Venezuela, y la base de operaciones de los carteles del narcotráfico fuera a México y Centroamérica. En resumen, llevamos varias décadas pasando el problema de un país a otro, con pocos resultados a nivel regional.

Segundo, la teoría probablemente subestimó los costos colaterales que iban a tener que enfrentar los países productores y de tránsito que se embarcaran en una guerra frontal contra el narcotráfico.

Sobra recordar los más de 50.000 homicidios en los últimos años en México, la tasa de homicidios de 420 por cada 100.000 habitantes en Medellín (1993) y las atrocidades cometidas en Colombia por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico como las Farc y los paramilitares.

Tercero, empezó a fallar el supuesto según el cual los países productores y de tránsito de la región iban a continuar hipotecando sus intereses de seguridad y estabilidad institucional a cambio de 400 o 500 millones de dólares en subsidios para la lucha contra el narcotráfico.

Estas son las razones que, a mi juicio, llevaron a varios líderes de la región y a algunos presidentes en ejercicio a pedir un debate acerca de qué ha funcionado, qué no y a qué costo, en materia de políticas antidrogas.

Al final del día, la política de drogas, como cualquier política pública, debe ser juzgada por sus resultados y no por sus intenciones, y aunque en teoría la prohibición suena como una alternativa razonable, la evidencia disponible es clara en señalar los altos costos y la poca efectividad de muchas de las políticas que hasta ahora se han implementado.

Daniel Mejía

Profesor asociado y director del Cesed, F. de Economía, Universidad de los Andes.

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