Análisis/ La verdadera hecatombe rural

Los recursos para el campo deben estar destinados a la provisión de bienes públicos y apoyar la productividad y la competitividad. Asignarlos a subsidiar los precios es pagar las ineficiencias del sector con el dinero de todos los colombianos y, peor aún, condenar al propio campo a la ruina.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
mayo 21 de 2015
2015-05-21 05:13 a.m.

En Colombia nos cuesta aceptar verdades de a puño, a menos que venga un extranjero a decirnos lo que ya sabemos. Y una de esas realidades es que el centro de la política agrícola en el país contiene instrumentos que no solo son obsoletos, sino que probadamente no han logrado sus objetivos. Esto lo reiteró la Ocde en el informe ‘Revisión de las Políticas Agrícolas: Colombia 2015’, presentado hace unas semanas al Gobierno Nacional.

El sector rural cada vez está más deprimido, la productividad decrece o, como mucho, se mantiene igual, su contribución al PIB y al empleo va en picada y la población campesina ha visto empeorar, con los años, sus condiciones de vida. El director de Comercio y Agricultura de la Ocde, Ken Ash, lo expuso de la siguiente manera: “para abordar las actuales deficiencias del sector agropecuario será necesario llevar a cabo una amplia reforma de las políticas e instituciones agrícolas, como reforzar los derechos de la tierra y el acceso a la misma, reorientar las políticas de precios ineficaces e impulsar el apoyo a las inversiones estratégicas en personas, infraestructura e innovación. La creación de un entorno propicio para el sector agropecuario aportará mucho más beneficios a los agricultores”.

La idea de esta columna no es plantearnos ¿por qué seguimos haciendo lo mismo si sabemos que no funciona?, pues parece claro que si su preservación ha sido tan hábilmente blindada, alguien se debe estar beneficiando.

Empecemos por lo que es obvio, pero que increíblemente para muchos aún no lo es. Este país es hoy completamente diferente al de hace cinco años. Dejando de lado hechos políticos y sociales, en el área económica y comercial, vivimos un panorama radicalmente distinto. La verdadera apertura comercial se dio con Santos, con la entrada en vigencia de los acuerdos con los dos socios comerciales más apetecidos del momento.

Antes de que el país decidiera abrir su mercado el tema funcionaba así: los campesinos y empresarios del campo producían a los costos que el atraso rural, en unos casos, y el riesgo moral, en otros, permitían. El Estado subsidiaba esos costos mediante ayudas directas al precio, los intermediarios se llevaban su parte, la industria compraba a los precios que todos estos instrumentos y factores fijaban y, finalmente, el consumidor pagaba.

¿Cómo funciona ahora? ¡Exactamente igual! Salvo en la última parte de la historia: los consumidores ya no pagan esa cadena de ineficiencias porque tienen a disposición una gama de productos iguales o similares, y a precios mucho menores. Y eso ocurre porque, mientras siguen vigentes los instrumentos de ‘apoyo’ y los acuerdos comerciales continúan protegiendo las materias primas para la elaboración de alimentos procesados, con el correlativo incremento artificial de los precios internos por efecto del arancel y las barreras paraarancelarias, los productos finales están abiertos al mundo y al alcance del consumidor a precios de Maicao o San Andrés.

Es decir, y esto es tal vez la herencia más grave de la historia comercial, antes la competencia era entre los actores de las cadenas agroalimentarias por ver quién se quedaba con la mejor parte y el consumidor pagaba la torta completa. Hoy, este tiene al frente múltiples pasteles y escogerá el que mejor le convenga, que por lo general es de similar calidad, pero más barato. De manera que ya no importará si unos u otros se quedan con la mayor o mejor tajada, pues simplemente no habrá quien pague.

Y aquí está la gran paradoja del país hoy: el consumidor gana porque encuentra productos con valor agregado más baratos y al alcance de la mano. Y ese mismo comprador pierde, y mucho más de lo que gana, porque no solo el dinero de sus impuestos se destina a proteger ineficiencias –que no son más que rentas para unos pocos y no un verdadero apoyo para el campesino, que es lo que se requiere–, sino que con ello se destruye el aparato productivo del país, que es el mayor generador de riqueza, y el el campo colombiano.

¿Por qué se arruina el campo, si lo que hace el Gobierno es protegerlo? En primer lugar, porque ya sabemos que entregar el pescado quita el hambre por un día, mientras que enseñar a pescar la elimina por siempre. El pescado son los subsidios al precio, enseñar a pescar son los subsidios, ayudas, apoyos o como se quiera llamar al dinero que se invierte en mejorar la productividad y generar condiciones equitativas y favorables para la producción agrícola y pecuaria. Si esto es obvio ¿por qué seguimos entregando el pescado y no enseñamos a pescar? Porque es más fácil, porque las inversiones a largo plazo no conjuran paros, mientras que la entrega contante y sonante sí, porque los gobiernos solo duran periodos limitados. Pero, fundamentalmente, porque todavía hay personas en nuestro país a las que, a pesar de la probada inoperancia del sistema, les sigue gustando el statu quo. Pero dijimos que no íbamos a hablar de eso.

Mientras escribíamos esta columna el país conoció la noticia del cierre de la última planta de Mondelez en Colombia. Sin comentarios.

Carolina Lorduy

Directora de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi

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