Análisis/ Inclusión financiera 2.0

El Estado es el gran agente de la economía y está llamado a ser el mayor catalizador hacia la inclusión financiera 2.0. Si bien existe un sinnúmero de ejemplos en los que el Estado se ha movido para facilitar las transacciones con los ciudadanos y sus proveedores, todavía falta mucho por hacer.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
abril 14 de 2015
2015-04-14 12:21 a.m.

En el mundo de hoy las oportunidades para mejorar la calidad de vida están determinadas por el acceso efectivo a servicios financieros.

Así, el microcrédito permite obtener capital semilla para iniciar un negocio, el crédito hipotecario es el camino para alcanzar el sueño de una vivienda propia, y el crédito de consumo responsable permite diferir el pago de bienes que mejoran la calidad de vida. Es por esa razón que en años recientes el avance en materia de inclusión financiera ha ocupado un lugar tan relevante en la agenda de políticas públicas.

La buena noticia es que Colombia se destaca por sus avances en inclusión financiera en los últimos años. Los indicadores muestran, por ejemplo, que 71 de cada 100 colombianos tiene acceso al menos a un producto financiero. Estos progresos son consecuencia de una política integral liderada por el Gobierno, y con iniciativas clave del Congreso, que ha sido consistente en el tiempo. En Colombia hemos sido exitosos en llegar a un primer estadio de inclusión financiera que representa mayores oportunidades para los ciudadanos, que se ampliarán con la implementación de la Ley de Inclusión Financiera que promoverá el uso de nuevos medios de depósito y pago con ofertas competitivas.

Es un buen momento para pensar en nuevas metas para el futuro, y soñar entre todos con lo que sería un modelo de inclusión financiera de segunda generación o 2.0. Estos son algunos ejes desde los cuales se pueden construir iniciativas de alto impacto:

* Incluir comunidades: en la inclusión financiera 1.0 nos hemos enfocado en facilitar el acceso a productos desde el punto de vista del sector financiero con una visión individual. El siguiente paso debería estar centrado en que los servicios financieros se conviertan en parte del ecosistema que facilita las relaciones comerciales. De esta manera, se evidencian retos pendientes. Nadie puede estar verdaderamente incluido financieramente cuando actúa dentro de una comunidad que está excluida de la formalidad y está incumpliendo estructuralmente obligaciones legales. En esa línea, el propósito de inclusión financiera debe también estar presente en otros escenarios clave como la agenda tributaria y laboral.

* Del acceso básico al uso: el principal indicador que hemos usado hasta el momento mide el acceso formal y no el uso. En ese sentido, una persona se considera incluida financieramente por el hecho de contar, por ejemplo, con una cuenta de ahorros, a pesar de que no la use o su utilización sea mínima. Aunque este reto ya ha sido identificado por el Gobierno, es clave implementar indicadores más ácidos que permitan medir el uso real de los servicios, evaluando usos que mejoran la calidad de vida, como el pago de servicios públicos de manera electrónica, o la relación entre los retiros en cajero automático (que generan riesgos personales y costos de transacción) y los pagos de bienes y servicios a través de datáfono. En la nueva generación, el reto debe ser el de producir un impacto aún más significativo en la calidad de vida, reduciendo los tiempos para pagar cuentas o eliminando el riesgo que implica portar dinero en efectivo, entre otros.

* Inclusión al Estado y desde el Estado: el Estado es el gran agente de la economía y en consecuencia está llamado a ser el mayor catalizador hacia la inclusión financiera 2.0. Si bien existe un sinnúmero de ejemplos en los que el Estado se ha movido efectivamente para facilitar las transacciones financieras con los ciudadanos y sus proveedores, aún falta mucho por hacer. Desafortunadamente, hay demasiados ejemplos en la administración pública, donde se obstaculiza el uso de servicios financieros. Por ejemplo, pagar un servicio público de forma ágil, cuando se ha pasado la fecha de vencimiento, resulta ser una pesadilla para muchos ciudadanos que necesitan con urgencia gestionar el proceso de reconexión del servicio.

Hemos mencionado someramente algunos temas estratégicos que nos permitirían avanzar hacia un estándar de inclusión financiera de segunda generación o 2.0. Tenemos un buen punto de partida y el compromiso demostrado por las autoridades del sector financiero y de la industria, apoyado por autoridades como el Ministerio de las TIC. Para pasar al siguiente nivel es clave entender que la inclusión financiera, a pesar de su nombre, debe incorporarse en otras agendas de políticas públicas, especialmente en aspectos tributarios, laborales, de transporte, competencia, de administración pública, etc. El nombre del Plan Nacional de Desarrollo ‘Todos por un nuevo país’ no es fortuito, y este es precisamente un tema en el que se le podrá dar un sentido muy real: es necesario el aporte de cada entidad del Estado para avanzar hacia la inclusión financiera 2.0.

Marcela Carrasco
Presidenta de MasterCard Colombia y Perú.
 

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