Análisis / Inclusión social a través de las rondas mineras

El Gobierno debe propender porque los grupos tradicionalmente marginados superen sus condiciones de desigualdad.

Redacción Portafolio
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agosto 14 de 2012
2012-08-14 11:46 p.m.

Colombia está viviendo reformas estructurales en su aparato productivo. Mucho se ha escrito sobre la enfermedad holandesa, más se ha manifestado sobre el auge mineroenergético, incluso, se ha dicho que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el sector minero, al finalizar la década, puede pasar del 1,5 al 7 por ciento.

El Gobierno piensa reorganizar el sector a través de un nuevo Código de Minas. También, una sensata reestructuración del esquema del licenciamiento, que parecía desaforado y más diseñado para abogados que para mineros. Un esquema similar al de petróleo, que a través de las rondas, no solo logrará que el Estado obtenga condiciones más favorables, sino más orden en el sector.

Detrás de este fenómeno y el oportuno reajuste del sector, se aproxima una realidad social compleja. Uno de los efectos de poner la casa en orden debe tratar la informalidad minera. Se estima que de este ramo se sustentan alrededor de 450.000 personas de manera informal.

En tal medida, el nuevo sistema de regalías tiene un gran reto, pues muchas regiones sienten que los beneficios directos de los nuevos proyectos no se ven en sus zonas, situación evidente en un incremento significativo de la protesta social y ambiental.

En diferentes partes del mundo estas tensiones se han resuelto con medidas como la obligatoriedad de contratar un porcentaje de la mano de obra de los proyectos localmente. Muchas veces, las mismas empresas utilizan su responsabilidad social corporativa para limar las asperezas en la región.

Aún con iniciativas de esta naturaleza, la tensión social se mantiene. Y, adicionalmente, las personas que vienen trabajando las minas por generaciones, quedan con migajas del potencial minero. Si a esto le sumamos que en el nuevo Sistema General de Regalías se pierde injerencia de las regalías directas, vamos a ver una reacción en la que los municipios van a preferir que no se adelanten nuevos proyectos, ya que se quedan con el daño y no con el beneficio.

Por eso, son tan relevantes las determinaciones planteadas en la sentencia T-291/09, que arrojó importantes conclusiones sobre los recicladores de Cali. En la mencionada sentencia, se efectúa un desarrollo frente al derecho a la igualdad, extendiendo su alcance frente a grupos tradicionalmente discriminados, y reitera sus derechos a la libertad económica y de libre empresa.

Es así como el Gobierno debe propender porque los comunidades tradicionalmente marginadas superen sus condiciones de desigualdad, teniendo presente que la participación en procesos de inclusión social tiene que darse en relación con la capacidad de quienes pretenden ser tenidos en cuenta.

Calidades como capacidad organizativa, ausencia de capitales de inversión, conocimiento técnico en materia de contratación pública, entre otras, son cualidades ausentes en los grupos que habitualmente han sido segregados. Por eso, su participación debe darse en condiciones de igualdad material que permitan hacer efectivos sus derechos.

Situación similar han experimentado las familias que por generaciones han vivido de la minería. Que son informales y, probablemente, no van a poder competir en las rondas con las grandes empresas. Su exclusión total de la minería significaría un descalabro social en muchas regiones del país.

Por lo tanto, de la misma manera que los recicladores de Cali formaron parte de los grupos que licitaron por la recolección de basura, y los pequeños transportadores de Bogotá fueron vinculados con los consorcios que participaron en el Sistema Integrado de Transporte Público, lo mismo debería pasar en la minería.

En las licitaciones de nuevas concesiones mineras se debe premiar a los consorcios que más mineros artesanales de la zona acrediten. Muchos de estos mineros, por sí solos, no serían capaces de armar los megaproyectos, y que estos queden solo en manos de grandes empresas tampoco es razonable. Ello permitiría no solo que se hagan los proyectos, sino también repartir algo de la riqueza en la región, adicionalmente, legitimando la actividad en la zona.

En el Código también deberíamos incluir que si alguna empresa tiene más del 30 por ciento de sus activos en Colombia y está listada en alguna parte del mundo, debe hacerlo en la bolsa colombiana. Muchas junior que están listadas en Canadá son las encargadas de hacer la exploración en nuestro país. No solo sería bueno para la bolsa, sino útil para la vigilancia de las reservas mineras del país.

Mucho se ha escrito sobre la enfermedad holandesa, más se ha manifestado sobre el auge mineroenergético, incluso, se ha dicho que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el sector minero, al finalizar la década, puede pasar del 1,5 al 7 por ciento.

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