Análisis/ La institucionalidad del sector eléctrico

Ahora que se reclama una mayor intervención estatal, con el ánimo de reducir los precios de la energía eléctrica, se debe tener presente que este no es un debate nuevo para el sector, ya que las instituciones públicas han actuado según sus competencias, orientadas por criterios objetivos.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
agosto 20 de 2015
2015-08-20 11:53 p.m.

La fortaleza de las instituciones y la claridad de las reglas de juego han sido elementos clave en el desarrollo del sector eléctrico durante las últimas dos décadas. También serán fundamentales para continuar con su desarrollo, ahora que se invita a una mayor intervención del Gobierno ante lo que algunos consideran altos precios de la energía eléctrica.

La magnitud de los avances del sector eléctrico puede pasar desapercibida, porque eventualmente hemos olvidado, de manera paulatina, las dificultades a las que se enfrentaba el sector a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Vale la pena recordar algunas de ellas.

Para inicios de los años noventa solo el 75 por ciento de las familias colombianas tenían acceso al servicio de energía eléctrica. Esto, sumado a la escasa capacidad de inversión de las empresas del sector, que contabilizaban más del 30 por ciento de la deuda externa del país, permitía cuestionar si el modelo sectorial que estaba vigente era adecuado. Pero fueron las consecuencias palpables del racionamiento de energía eléctrica por trece meses, entre 1992 y 1993, las que hicieron evidentes los riesgos de dejar en manos del Gobierno Nacional la ejecución de las expansiones del sector y la prestación del servicio.

El racionamiento abonó el terreno para que el Gobierno y el Congreso de la República emprendieran la gran reforma del sector, al darle curso a las Leyes 142 y 143 de 1994. En línea con lo dispuesto por la nueva Constitución, las normas mencionadas llevaron a que el Gobierno se enfocara en orientar el desarrollo del sector y moldear el comportamiento de quienes participan en él, y abrieron paso para que el sector privado asumiera un rol activo en la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica. En lo que respecta al gasto público, la Nación optó por concentrar su esfuerzo en subsidiar de manera explícita el consumo de los colombianos más pobres.

Así, el Gobierno se enfocó en cuatro grandes labores a través de organismos especializados y con funciones claramente delimitadas. Se reservó la definición de la política pública, que consiste en la dirección general del sector, la fijación de objetivos y la determinación de los instrumentos requeridos para su logro. También se reservó la planeación, la regulación económica y la vigilancia de los agentes del mercado.

De esta manera, las decisiones de inversión se dejaron en manos de quienes mejor valoran el costo de poner en riesgo el capital: los agentes del sector privado. Ya no son los gobernantes quienes deciden emprender o posponer proyectos de generación en una u otra región del país. Desde inicios de los años noventa, los diferentes gobiernos han avanzado en marchitar gradualmente la participación del sector público en la prestación directa del servicio y han fortalecido los esquemas de gobierno corporativo de las empresas en las que la Nación conserva una participación, para que se comporten como lo harían las empresas privadas.

Bajo este esquema, recientemente celebramos los primeros veinte años de funcionamiento de nuestro mercado mayorista de energía eléctrica, espacio en el que a diario se encuentran los agentes del sector para determinar los volúmenes y los precios de la energía que allí se transa a corto y a mediano plazo. Este espacio también ha sido dotado de instrumentos que aseguran la instalación de las nuevas plantas de generación que permitirán atender la creciente demanda de energía eléctrica en el mediano y largo plazo. Asimismo, este espacio se utiliza para realizar intercambios de energía eléctrica con los países vecinos.

Prueba de la solidez del mercado es que la demanda de energía eléctrica, que se ha incrementado en más del 50 por ciento, entre 1995 y el 2015, ha sido plenamente satisfecha con un parque de generación que ha crecido a su ritmo.

También se debe destacar el aumento considerable en la cobertura del servicio de energía eléctrica, que en estos veinte años se ha elevado en más de 20 puntos porcentuales para llegar al 96,7 por ciento. Los resultados alcanzados en estas dos décadas son tangibles y de allí la importancia de preservar los principios del modelo adoptado.

Ahora que se reclama una mayor intervención estatal, con el ánimo de reducir los precios de la energía eléctrica, se debe tener presente que este no es un debate nuevo para el sector, ya que las instituciones públicas han actuado -y seguirán haciéndolo- según sus competencias, orientadas por criterios objetivos y bajo el modelo adoptado. El eléctrico es un sector en el que se persigue la eficacia de manera obsesiva, y el Ministerio de Minas y Energía seguirá buscando, sin cansancio, que las ganancias en eficiencia se compartan con los usuarios.

Carlos Fernando Eraso
Viceministro de Energía.

 

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