Análisis / La justicia

Si la justicia no opera, o se percibe parcializada o politizada, pierde toda respetabilidad y propicia el incumplimiento de normas y contratos, y peor aún lleva a pretender que cada quien tome la justicia por su mano.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
febrero 05 de 2014
2014-02-05 01:33 a.m.

El caso de la justicia en Colombia ha sido quizá muy comentado en los últimos tiempos.

Aún así, quiero hacer algunas observaciones al respecto, dado que este es tal vez uno de los problemas más críticos que nos afectan.

La imagen de Colombia en el exterior se mantiene buena desde hace varios años, especialmente por la mejora en el tema de seguridad, que permitió que volvieran a visitarnos inversionistas, ejecutivos y turistas, y también desde que se le dio énfasis a atraer la inversión y brindarle seguridad.

También ha contribuido el hecho de que nuestros indicadores macroeconómicos se mantengan altos y estables.

Sin embargo, el tema de la seguridad jurídica es clave para cualquier inversionista de dentro o fuera del país, así como el hecho de que haya justicia eficaz e imparcial incide dramáticamente en la seguridad.

Si la justicia no opera, o se percibe parcializada o politizada, pierde toda respetabilidad, y propicia el incumplimiento de normas y contratos, y, peor aún, lleva a pretender que cada quien tome la justicia por su mano.

Quiero, entonces, referirme a las declaraciones de la nueva presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas quien, en una entrevista reciente, hace varios comentarios en los cuales reconoce que “nunca había visto una crisis de la justicia como la actual”.

A una de las preguntas sobre si la justicia está politizada, responde señalando que la Corte Suprema y el Consejo de Estado están a salvo por tener elección por cooptación, pero que otras cortes (Consejo Superior de la Judicatura y Corte Constitucional) están expuestas a politización porque es el Congreso, órgano político por excelencia, quien hace su elección.

Por otra parte, la magistrada también señala que el Consejo Superior de la Judicatura no debería elaborar las listas para la elección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.

Esto tiene mucha coherencia, pues como el Consejo es electo por el Congreso, indirectamente la preparación de dichas listas puede sufrir influencia política.

Sobre esto quisiera hacer algunas apreciaciones.

En relación con las altas cortes, pese a sus problemas, funcionan un poco mejor, aunque no podemos decir que todos sus fallos ofrezcan total transparencia y confiabilidad, y se ajusten plenamente a los marcos legales; pero además, la justicia se desarrolla en todos los ámbitos desde los jueces y tribunales, hasta las altas cortes.

En los niveles inferiores, la influencia política y de otros aspectos es alta, y por eso vemos las aberrantes decisiones que se toman, como la libertad para varios miembros de los ‘Urabeños’ y otras similares.

En muchas ocasiones, no hay proporción entre la sanción y el delito, especialmente cuando este involucra muertes con toda la intencionalidad y agravadas en muchos casos por sevicia, frente a otro tipo de delitos que en ocasiones se condenan con penas proporcionalmente mayores.

Los actores judiciales no tienen total autonomía para la interpretación y aplicación de las leyes; hay normas, principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina y, por tanto, el ámbito de interpretación está demarcado por estos.

Hemos visto que en decisiones de tribunales y aun de altas cortes aparece el espectro del interés político, y por ello la propuesta de la magistrada de revisar todo el sistema de designación de los miembros de las altas cortes y, además, de establecer el mecanismo de concurso para este efecto, reviste gran importancia.

El tema de la justicia, como señalaba al principio, no da espera, es algo que debe tener la mayor prioridad y el Gobierno debe liderarlo con urgencia.

Esta mujer, de grandes capacidades demostradas, no puede emprender sola esta gran batalla, deben acompañarla los presidentes de las otras cortes y prestigiosos abogados y expertos y, desde luego, el Ministro de Justicia, quien ha demostrado sus profundos conocimientos jurídicos.

Todo dentro del marco de buscar una justicia independiente, transparente, eficaz, que brinde confianza y respetabilidad dentro y fuera del país.

Desde luego, esta reforma tendrá que llegar al Congreso, lo que dificulta su realización, pero ojalá que el nuevo Congreso a quien le tocará su trámite, demuestre que es el corazón de la ‘Política’, con mayúscula, la más noble tarea ciudadana, si se ejerce no en beneficio propio, no buscando los mecanismos para la próxima reelección, sino realmente en su sentido verdadero, de gobernar en beneficio del pueblo y de buscar lo mejor para todos los ciudadanos.

María Sol Navia

Exministra de Trabajo.

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