Análisis/ Las medidas tomadas no han sido suficientes

Los bancos no temen pagar las millonarias sanciones, por eso se deben buscar cambios estructurales que vayan más allá de la sanción pecuniaria e impidan la repetición de las conductas ilícitas.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
junio 17 de 2015
2015-06-17 12:05 a.m.

La crisis financiera del 2008 no fue suficiente para cambiar los métodos ilícitos que practican algunos bancos internacionales. Después de siete años de la explosión de la burbuja hipotecaria, que hizo tambalear la economía estadounidense, con graves impactos en la economía mundial, algunas poderosas entidades financieras siguen aplicando estrategias ilegales. Aunque la justicia está llegando ‘a posteriori’ para castigarlas, queda en cuestión la capacidad de supervisión del Estado para prevenir su ocurrencia, incumpliendo así con el mandato constitucional universal de salvaguardar el ahorro de los ciudadanos, que compete a los Estados.

Citigroup ha aceptado declararse culpable para terminar una investigación de la justicia estadounidense en su contra por manipular las tasas del mercado de divisas para aumentar sus ganancias. Esto es muy grave, en un mercado que mueve cerca de 5.000 millones diarios de dólares. A ello se agrega el hecho de que se trata de un grupo de bancos investigados por hacer el mismo tipo de operaciones entre el 2008 y el 2014.

“Los bancos están bajo ataque”, afirmó el Director Ejecutivo de J. P. Morgan Chase, en enero de este año, en reacción a la multa de 1.100 millones de dólares que le fue impuesta por manipulación en los mercados de cambio extranjero, pese a que su banco aceptó cargos por acciones similares en el 2014.

Recientemente, el Deutsche Bank fue multado con 2.500 millones de dólares por su vinculación al plan de manipulación de tasas de interés entre el 2005 y el 2009. A finales de mayo, ese banco alemán pagó 55 millones de dólares a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos para cerrar la investigación que tenía abierta tras ocultar pérdidas en sus cuentas en medio de la misma crisis financiera.

La confianza es el principio fundamental que un banco debe garantizar para prestar sus servicios a los ciudadanos. Pero las multas a entidades financieras en Estados Unidos desde 2009 llegan a los 23.000 millones de dólares y los costos por litigios a 52.000 millones. Los bancos Royal of Scotland, UBS y Barclays se suman a los establecimientos financieros acusados y sancionados por acciones indebidas en el mercado cambiario, al tiempo que Standard & Poor’s acordó extrajudicialmente pagar 1.370 millones de dólares, y Moody’s soporta investigaciones federales por conductas similares. De modo que las acciones judiciales también afectan a las agencias que deben proveer calificaciones objetivas.

La componenda de estas entidades, para sobrevalorar el precio de sus activos y omitir las alertas sobre los altos riesgos, constituye una violación a las normas de la competencia. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha anunciado la multa al grupo denominado ‘el cartel’ (Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland y USB) por utilizar una sala de chat privada, desde el 2007, para manipular la tasa de cambio de manera ilegal. (Portafolio, mayo 20/15).

Sostiene Joseph Stiglitz que es sensato preguntarse sobre la veracidad de las cifras del crecimiento de la economía estadounidense, pues no solo se basan en el desborde de los créditos inmobiliarios, sino que su sostenimiento se hizo mediante alianzas bancarias ilegales. Por ello, afirma que la innovación y permisividad que tuvo el sistema financiero permitió crear productos que “no gestionaban el riesgo, sino que lo producían”. 

Las múltiples medidas tomadas por las autoridades respectivas como la Reserva Federal, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, la Comisión de Bolsa de Valores, fiscales y otras autoridades mundiales no han sido suficientes para evitar esas prácticas, que afectan la reputación de estas poderosas entidades y la confianza de los inversionistas y ahorradores.

Las multas constituyen un castigo financiero a los culpables, sin embargo, son una medida expost, que no repara cabalmente los efectos que se difundieron en todo el escenario mundial por muchos años, y si bien castiga a los bancos, ya la sociedad ha pagado con sus impuestos el rescate de muchas entidades financieras en quiebra, pues se ha argumentado que “son muy grandes para caer”.

La acción de las autoridades judiciales y regulatorias debería dirigirse no solo a fijar multas, sino a prohibirle a esas entidades que han abusado, que sigan operando, pues, de otra forma, el daño a la confianza de los ahorradores se va a extender, afectando el funcionamiento eficaz del sistema de intermediación financiera.

Los bancos no temen pagar las millonarias sanciones –que parecen tener presupuestadas como una parte del pago de impuestos–, por eso se deben buscar medidas estructurales que vayan más allá de la sanción pecuniaria e impidan la repetición de las conductas ilícitas. La Ley Glass-Steagall, promulgada tras la Gran Depresión para prevenir su repetición fue derogada en el gobierno Clinton, dejando ‘manos libres’ para los abusos con las hipotecas subprime, y la Ley Dodd-Frank, promovida por Obama, aún no muestra sus resultados.

En Colombia, un superintendente que había detectado las maniobras fraudulentas de InterBolsa, y se aprestaba a sancionarla, fue removido del cargo por el lobby de dicha firma ante las autoridades económicas, y el Grupo Grancolombiano creció de forma desmesurada en los años 70 y 80, sin que las autoridades intervinieran a tiempo para evitar el uso abusivo del ahorro, prácticas que finalmente llevaron a su intervención y liquidación.

Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las universidades Nacional y Externado.
Colaboración Vanessa Vivero, Lukas Sanz
 

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