Análisis/ México no se raja

Con la Reforma Energética, las empresas privadas internacionales podrán asociarse con Pemex o explorar y producir hidrocarburos de manera individual para vender dichos productos en el país.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
agosto 13 de 2014
2014-08-13 03:51 a.m.

Según información publicada por el Gobierno de México, la inversión de Pemex se triplicó en los últimos 13 años, pasando de 9 mil millones de dólares en el 2001 a 28 mil millones de dólares en el 2014, mientras la producción de crudo ha disminuido en una tercera parte del 2004 al 2014. Como lo señala el informe del Gobierno: “es la transición que ha llevado a este país de una época de yacimientos grandes de bajos costos a una de yacimientos más moderados con mayor complejidad geológica, más costos y riesgos”.

Sin embargo, este no es el único indicador que preocupa respecto a la situación energética de ese país. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, las reservas de petróleo en los últimos 25 años han caído de 54 a 10 billones de barriles, mientras en el gas natural las reservas se han reducido de 73 a 17 trillones de pies cúbicos (TCF) en el mismo lapso de tiempo. Colombia tiene alrededor de 5,7. TCF. Aunque la producción de gas natural se ha duplicado en los últimos 25 años, México importó en el 2013, aproximadamente 30 por ciento de su consumo de gas natural y el 49 por ciento de la demanda nacional de gasolina motor.

Desde la nacionalización del sector petrolero en la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1938, la producción de hidrocarburos solo puede llevarse a cabo por el Estado a través de su empresa estatal Pemex. Es decir, mientras no se permite que compañías particulares apoyen la extracción de petróleo y gas natural en México, el déficit de combustibles y gas natural se compra a empresas privadas internacionales a precios que resultan superiores a los costos locales. Al mismo tiempo, depender de recursos estatales para todos los programas energéticos conllevó menores inversiones en exploración y producción y atrasos en la expansión de sistemas de transporte y refinación. Es lo que se conoce como la ‘trampa de la estatización’, lo que ha implicado disminución de las reservas de petróleo y gas y desvío de recursos estatales al sector energético.

La Reforma Energética que el presidente Enrique Peña Nieto ha logrado aprobar en el Congreso Nacional, está orientada a resolver los siguientes:

* Reducción de las facturas de electricidad y los precios de gas. Entre más gas se produzca en México, se podrá generar energía eléctrica a menores costos. Un planteamiento arriesgado pero popular.

* Creación de nuevos empleos (2,5 millones en el 2025).

* Impacto favorable en el PIB: 1 por ciento adicional en el 2018 y 2 por ciento en el 2025.

* Aumentar la producción de petróleo crudo de 2,5 a 3,5 millones de barriles por día en el 2025 y de gas natural de 5,7 a 10,4 billones de pies cúbicos diarios para el mismo año.

* Aumentar la producción de fertilizantes para el desarrollo agrícola.

Con la Reforma Energética, las empresas privadas internacionales podrán asociarse con Pemex o explorar y producir hidrocarburos de manera individual para vender dichos productos en el país. Se prevé también abrir la posibilidad de inversión en refinación a fin de reducir las importaciones de combustibles.

Organizaciones como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuarán siendo propiedad del Estado, pero podrán asociarse o competir con empresas privadas según la regulación aplicable. La reforma energética no está privatizando ninguna entidad ni bien público, por el contrario, Pemex y CFE se fortalecerán y transformarán en compañías productivas propiedad del Estado, con incentivos para asociarse o competir con firmas particulares, bajo el marco regulatorio que definan las entidades del Estado.

Está en marcha ahora lo que se conoce como la legislación secundaria, la cual propone dotar a Pemex y la CFE de autonomía presupuestaria, de gestión técnica, régimen fiscal competitivo y gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales. Este camino no va a estar exento de dificultades, entre las cuales se encuentra el pago de los pasivos pensionales de la petrolera estatal y la CFE, los que no están fondeados en la actualidad y pueden costar del orden de 9 puntos porcentuales del PIB si se pasara todo a deuda pública. Lo anterior conllevaría un cambio en el contrato laboral de los empleados, tema de difícil manejo.

Por otra parte, el Gobierno de Peña está bajo la inmensa presión de dinamizar la economía, que el año pasado tuvo un severo tropezón que desplomó el incremento del PIB a 1,3 por ciento, de una proyección inicial por encima del 3,5 por ciento. Para el presente año, se espera un incremento del 2,5 por ciento, lo que se incrementaría si la reforma energética arranca a todo vapor. La agenda pública contempla que estas reformas se inicien cuanto antes.

México es un país con tradición de gran productor de hidrocarburos, aunque un poco venida a menos por el esquema de estatización y la falta de recursos para inversión. Una vez que el nuevo modelo de exploración y producción comience a operar, seguramente va a generar un interés de los inversionistas en el upstream petrolero. Habrá que ver el impacto a corto plazo que podría tener en otros países, incluido Colombia.

Luis Augusto Yepes

Consultor empresarial


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