Análisis/¿Hacia un modelo anticapitalista?

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
abril 16 de 2014
2014-04-16 03:22 a.m.

Como resultado de todo proceso productivo, el que siembra obtendrá, posteriormente, una cosecha. Si la semilla que se planta es inadecuada, y a esto se le suma un anacrónico manejo del desarrollo del cultivo, los resultados van a ser desfavorables para los actores que participaron del proceso.

Esta reflexión permite traer a colación el refrán: ‘el que no conoce la historia está condenado a padecerla nuevamente’. Voy a recapitular brevemente algunos hechos de la política agrícola de Venezuela de los últimos 15 años para contextualizar al lector en la Venezuela que hoy observamos con preocupación en el resto del mundo.

Desde finales de los años 90 se implementó un conjunto de políticas y reformas constitucionales que perseguía objetivos sociales, el bienestar de los venezolanos y el ascenso de la actividad productiva agrícola como sector insignia y emergente de la economía.

El punto de partida del cambio propuesto se basó en la imposición de reglas por parte del Gobierno, omitiendo las posiciones del sector privado o evitando consultarlo.

En primer lugar, la ley de tierras que pretendía gravar terrenos ociosos con el fin de convertirlos en productivos se tradujo en un desestímulo de las economías de escala, que sustentaban la producción agrícola nacional en los latifundios.

Segundo, los controles, fijando precios máximos de agroinsumos para hacer rentable la agricultura, se tradujeron en desabastecimiento del mercado; los precios mínimos de compra de cosechas llevaron a la reducción de compras por parte de la agroindustria nacional en deterioro de la sostenibilidad primaria, y los precios máximos a los productos finales con el fin de controlar la inflación, se convirtieron en el detonante para el sector privado, arrebatándole la rentabilidad, lo que se evidenció finalmente en el desabastecimiento de alimentos en el país, inestabilidad social y alta dependencia del comercio internacional.

Adicionalmente, se implementó el control de cambios para proteger la actividad agrícola nacional y permitir importaciones de alimentos en niveles justos, de acuerdo con las necesidades del mercado, lo que terminó convirtiéndose en una bomba de tiempo que generó un desestímulo a la producción nacional y deterioró, como nunca antes, el poder adquisitivo de los venezolanos.

Como resultado del conjunto de políticas mal diseñadas, pero con buenas intenciones, Venezuela cuenta con una agricultura reducida a su mínima expresión, que deja la seguridad alimentaria al mercado internacional.

Vale la pena recordar que en el 2008, durante la crisis mundial de alimentos, a pesar de los altos precios del petróleo, los venezolanos se enfrentaron al freno de exportaciones de alimentos provenientes de Argentina, bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de los argentinos.

Sorprendentemente, casi que desconociendo la historia de Venezuela, el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la resolución 177 del 28 de marzo del 2014, enuncia reglas de juego para el sector arrocero. En términos generales, el punto de partida parece ser una copia del modelo venezolano.

Señala el Ministro que ante la ausencia de acuerdo entre los actores de la cadena productiva del arroz (productores e industria), como en Venezuela, decide omitir las opiniones del sector privado y propone políticas tajantes con elevados riesgos para la cadena productiva. La fijación de precios mínimos de mercado para la compra de arroz al productor que se propone, en contra de los intereses económicos de la industria, se traducirá en elevados precios finales del producto, que deberán pagar los consumidores y/o en la reducción de compras de materia prima por parte de la industria, ante elevados precios y existencia de inventarios para abastecer el mercado.

Este tipo de políticas, sumado a la propuesta de imponer precios máximos a los insumos agrícolas para la producción, o al elevado control de las extensiones agrícolas mediante las Unidades Agrícolas Familiares para controlar latifundios y economías de escala, ya lo experimentaron en el vecino país, con consecuencias nefastas.

El desestímulo a la actividad productiva primaria y agroindustrial no es conveniente para el país porque reduce la oferta de alimentos, que se traduce en mayor dependencia de los mercados internacionales, y genera desempleo, llevando a migraciones de inversiones a actividades urbanas más rentables, como ha ocurrido en diversos países.

Si queremos cosechar beneficios sociales para el sector rural y los consumidores colombianos, debemos retroalimentarnos de políticas exitosas en materia agrícola como las de Chile, Canadá o recientemente Perú, para identificar factores de éxito que han permitido consolidar un modelo de producción económica, social y productivamente sostenible.

Invito al Gobierno a escuchar al sector productivo para lograr soluciones sostenibles y que reflejen la realidad del mercado, así como a realizar la revisión de propuestas de política agrícolas por parte del equipo de economistas del Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el DNP, entre otros, para evitar que el país, que con tanto esfuerzo hemos llevado por una senda de economía emergente destacada y sostenible, se estanque o retroceda con la aplicación de políticas inadecuadas.

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