Análisis/ Un monopolio costoso e inconveniente

El Gobierno, presionado por la capacidad de paralizar el territorio nacional, cedió ante los transportadores, quienes impusieron onerosas condiciones, perjudiciales para la competitividad del comercio interno y externo del país.

Redacción Portafolio
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abril 15 de 2015
2015-04-15 02:06 a.m.

El pasado 18 de marzo, con el objetivo de finalizar el paro camionero, la ministra de Transporte, Natalia Abello, y los gremios camioneros firmaron un acta por la ‘Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera’, en la que, una vez más, el Gobierno, presionado por la capacidad de paralizar el país, cedió ante los transportadores, quienes impusieron onerosas condiciones, perjudiciales para la competitividad del comercio interno y externo del país.

Para comenzar, acordaron que: “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación, publicados en el Sice TAC, dado el carácter obligatorio del Artículo Segundo del Decreto 2228 de 2013”. Con este acuerdo entre el Gobierno y gremios camioneros, se restableció la ‘tabla de fletes’, que obliga a pagar unos precios por encima de los del mercado, en una actividad que se caracteriza por su alta informalidad.

Los costos de operación dependen, entre otros factores, de la edad de los equipos, pues entre más viejos sean, más costará emplearlos.

Para nadie es un secreto que el parque automotor de carga acusa alta obsolescencia. Es decir, es muy costosa su operación y se pretende con este acuerdo que la sociedad pague su ineficiencia, porque, en la misma acta, se acordaron dos puntos que agravan la situación.

1. Utilizando su capacidad monopólica –la carga en Colombia se transporta en camio- nes– impusieron a la economía nacional que: “el Ministerio de Transporte y otras instancias del Gobierno Nacional garantizan la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, así como en los otros actos gubernamentales. El Ministerio de Transporte remitirá copia de este acuerdo al Congreso de la República”.

2. “El Gobierno Nacional mantiene la política de reposición 1:1, y, de manera conjunta, gremios y Gobierno invitamos a los transportadores de carga a renovar su patrimonio haciendo uso de los recursos disponibles para la modernización de sus vehículos”.

Los tres puntos concedidos en el último paro camionero agravan la situación del transporte, cuya influencia en los costos de la logística para exportar y la productividad son innegables: según el informe 2014-2015 del Consejo Privado de Competitividad, en logística, en el 2010, ocupamos el puesto 72 de 155 países, mientras que en el 2014 retrocedimos al puesto 97 entre 160 naciones. En el mismo informe se destaca cómo la economía colombiana tiene los costos más altos para exportar un contenedor y cómo la “productividad en el transporte, entre el 2005 y el 2012, fue inferior a la del promedio del país”.

Estas concesiones a los gremios camioneros evidencian la contradicción del Gobierno entre tener las mejores vías y no tener un parque automotor moderno, y entre la necesidad de exportar más para conjugar el creciente déficit comercial y tener cada vez una logística y un transporte más costoso, que encarece las exportaciones.

No en vano, las cifras del Dane muestran una caída muy grande de las exportaciones no tradicionales del 6,7 por ciento en el 2014. Cada vez son menores las ventas externas con valor agregado: de los 20 primeros productos exportados el año pasado por un valor de 58.823 millones dólares, solo 937 corresponden a esta categoría, un 1,5 por ciento. Los demás son productos primarios de extracción minera y petrolera, y agrícolas, con bajo valor agregado.

Para terminar, acordaron, el Gobierno Nacional y los gremios camioneros, que la supervisión y el cumplimiento de este acuerdo lo hará, entre otros, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Resulta contradictorio que el sistema de fletes impuesto, que no es más que una lista de precios restrictiva de la competencia, así sea avalado por el Ministerio de Transporte, tenga que ser vigilado por la SIC, que precisamente los combate. Por un lado se atacan los acuerdos de precios y por el otro se avalan.

Eduardo Visbal Rey
Vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco
 

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