Análisis/ La muerte y los impuestos: inevitables

¿Por qué será que el Gobierno le tiene tanto miedo a cobrarle impuestos a los individuos verdaderamente ricos y no a la viuda o al pensionado que vive en su apartamento de 750 millones de pesos?

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
septiembre 17 de 2014
2014-09-17 12:43 a.m.

Por el lado que se miren las cuentas fiscales de Colombia en el corto y mediano plazo, es evidente que no solo existe un faltante de recursos públicos, sino que el hueco fiscal va a crecer significativamente por múltiples realidades insoslayables.

Se menciona, con razón, lo que significará el pos-conflicto en términos de demandas de recursos del Gobierno y que la viabilidad de beneficiarse del supuesto bono de paz –que podría estar entre el 1 y el 1,5 por ciento del PIB por año a partir de la iniciación del proceso de paz– no es muy clara.

Pero la verdad es que si algo se espera en los años venideros, es el despertar de una sociedad cuyas demandas estuvieron estigmatizadas como si fuesen expresiones de las Farc y que obedecen a la insatisfacción que existe en muchos sectores, dadas las profundas desigualdades que nos caracterizan. Esas presiones represadas por décadas se traducirán, más temprano que tarde, en la necesidad de diseñar estrategias con costos fiscales altos.

En este momento, cuando el Gobierno, a través de su Ministro de Hacienda, plantea la inminencia de una reforma tributaria y se avecinan todas las reacciones negativas precisamente de los que menos impuestos pagan, es conveniente señalar otra fuente de desbalances fiscales. A todos los costos que se prevén y que claramente no tienen aún respaldo financiero se agrega otra consideración absolutamente ignorada por parte tanto del Gobierno como de todos aquellos que ven nuestra entrada al club de los ricos, la Ocde, como algo sencillo de lograr, sin tener que hacer mayor esfuerzo en pago de impuestos.

La pregunta que nadie se ha hecho hasta ahora es: ¿cuánto le puede valer a Colombia empezar a acercarse a los indicadores sociales promedio de los países que ya son parte de esa organización, para lograr entrar a ella? Solo se ven las cifras económicas que, en este momento, son positivas, pero por el simplismo con que se mira la situación social se ignora que esa será otra medida para lograr la aceptación de nuestro país.

Solo una cifras para llegar al cálculo del posible costo fiscal de empezar a movernos, en términos de indicadores sociales, a los niveles de los países que ya pertenecen a este club con los índices más bajos como México y Brasil. Mientras el gasto público social promedio como proporción del PIB de los países de la Ocde es 21,9 por ciento, ese porcentaje en Colombia es 13,7 por ciento y esto incluye el costo de las pensiones.

Cuando en Colombia el gasto per cápita al año en salud es cerca de 500 dólares, el promedio en países de la Ocde es de 3.322 dólares. En educación, la diferencia es peor: Colombia destina 3.100 dólares al año y el promedio en la Ocde es de 9.300 dólares.

Y para completar, para los que se quejan del tamaño de los impuestos (especialmente los que más tienen y menos pagan), el peso de ingresos tributarios con impuestos territoriales y parafiscales en Colombia es el 23,5 por ciento del PIB y el de la Ocde es 34,6 por ciento. Si nos limitamos a ingresos tributarios nacionales sobre el PIB, esta proporción es increíblemente baja, 14,5 por ciento.

No debe sorprender para nada que mientras el Gini promedio de la Ocde es 0,31, el de Colombia es el deshonroso 0,539. Se trata de uno de los índices más altos de Latinoamérica, la región que sigue siendo la más desigual del planeta. No es que no se hayan dado mejoras, sino que otras regiones lo han hecho muchísimo mejor.

¿Cuáles son los requerimientos de recursos nuevos para empezar a acercarnos a indicadores sociales de los países ricos?

En síntesis, y aceptando que el Gobierno aumentaría sus ingresos anualmente entre el 2008 y el 2030 en 1,5 por ciento del PIB, se requeriría adicionar entre 1,5 y 5,4 por ciento del PIB. ¿Cómo la ven?

Si para cumplir con la Regla Fiscal ante la caída del impuesto al patrimonio, con la reducción en los dividendos de Ecopetrol y la supuesta reducción del impuesto a las transacciones financieras (GMF), ya el Gobierno claramente está hablando de una reforma tributaria que aumente el recaudo, ¿cómo será el tamaño de los aumentos en impuestos cuando nos pidan cumplir con unos mínimos sociales en la Ocde?

Y eso sin tener en cuenta el deterioro del contexto internacional que se avecina y que afectará las finanzas del país. Es decir, como lo dijera Benjamin Franklin: “En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”.

El meollo del tema es hacia qué sectores de la población se dirigirán las nuevas cargas. Si, como lo denuncia Horacio Ayala, seguirán en la dirección de aumentar el impuesto al patrimonio a sectores de ingresos medios, sin distinguir rentas de trabajo de las provenientes de capital, de pronto tapan el hueco fiscal, pero no mejorarán la equidad.

Cabe de nuevo la pregunta: ¿por qué será que el Gobierno le tiene tanto miedo a cobrarle impuestos a los individuos verdaderamente ricos y no a la viuda o al pensionado que vive en su apartamento que vale 750 millones de pesos? La respuesta es obvia.

Porque en Colombia, cada vez más, los superpoderosos tienen más injerencia en el Gobierno y en el Estado en general. Y, además, a pocos en el Estado les importa que el pensionado o la viuda, cuyo único patrimonio es la casa que heredaron o que lograron obtener con su trabajo durante su vida productiva, la tengan que vender para pagar esos impuestos. Como muchos dicen: Colombia cada día más parece que construye el mundo al revés.

Cecilia López Montaño
Exministra - Exsenadora


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