Análisis/Al pacto agrario le falta el agua

Redacción Portafolio
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octubre 17 de 2013
2013-10-17 03:16 a.m.

Luego de los múltiples paros agrarios realizados en el país, el presidente Santos se comprometió a diseñar una política integral para las zonas rurales. Pero los decretos expedidos, los temas tratados y las características de los invitados al evento de lanzamiento del Pacto Nacional Agrario el pasado mes de septiembre, demuestran que los esfuerzos se orientan casi exclusivamente al desarrollo de este renglón. Entidades como el Departamento Nacional de Planeación, al que se le asignó coordinar las labores necesarias para lograr el éxito del pacto, no parecen haber entendido que para superar el rezago en todos los indicadores económicos y sociales que se registran en las zonas rurales del país, es necesario contar con propuestas inter y multisectoriales.

El inicio del denominado pacto no pasó del rosario de quejas que siempre manifiestan los grandes gremios sobre temas como: costos de insumos, en particular fertilizantes; problemas de conectividad vial entre los lugares de producción y los de acopio y transformación. Por su parte, las escasas y débiles organizaciones campesinas concentraron sus quejas en los temas de inseguridad de la tenencia de tierra e inequitativa distribución.

Contar con propuestas sobre los factores que afectan al campo hasta aquí señalados es importante. Pero nos preocupa que no hubo queja ni propuesta alguna para superar los problemas que se derivan de la monopolización del recurso hídrico en varias regiones del país. Para nadie es un secreto que grandes productores del campo dejan sin este fundamental insumo a campesinos sin capacidad de organización, ni posibilidades de inversión para acceder a infraestructuras de captación, embalse a riego. Tampoco hay soluciones sobre los efectos negativos de la variabilidad climática en vastas zonas rurales del país.

Concentrar la atención sobre la baja productividad del suelo en la ausencia de tecnologías, buenas semillas y en los altos costos de los fertilizantes, desconoce que el más importante fertilizante y principal factor de productividad es el agua, y que esta escasea en múltiples zonas de parcelas, ubicadas en territorios de campesinos mestizos, resguardos indígenas y propiedades colectivas afectadas.

El pacto debe dar respuesta al manejo que debe darse al recurso hídrico en las zonas campesinas afectadas por ríos desecados en verano o inundados en periodos de alta pluviosidad. También, al manejo del recurso hídrico superficial y lluvias, que no solo condicionan la productividad del agro, sino que, además, explican, en buena parte, la pobreza de la población que no accede a agua potable y menos a tecnologías adecuadas para el manejo de sus residuos sólidos y líquidos. Es bueno recordar que la brecha campo-ciudad tiene entre sus más representativos indicadores el índice de pobreza: mientras en 13 áreas metropolitanas el 18,9 por ciento de la población es pobre, en las zonas rurales esta condición afecta a cerca del 47 por ciento de los habitantes rurales.

Acodal invita al Gobierno, en cabeza del DNP y el Ministerio de Agricultura, a incorporar estrategias, programas y proyectos en el marco de una Política de Agua para la Paz, con o sin los acuerdos de La Habana. ‘Lo rural’, territorializado, debe reconocer la diversidad de situaciones por regiones y subregiones, contar con estadísticas confiables y oportunas.

En un ejercicio democrático de participación, Acodal espera participar en el Pacto Nacional Agrario bajo un enfoque territorial y multidisciplinario. Bajo esta perspectiva, que consideramos necesaria y fundamental, es conveniente iniciar un plan de discusiones sobre temas tecnológicos, estadísticos, organizativos e institucionales en materia de recurso hídrico, agua potable y saneamiento básico rural.

Por ello, nos hemos dado a la tarea de estructurar y poner a disposición del Gobierno y del país un Plan de Acción para la Construcción de una Política de Agua para la Paz, donde un primer diagnóstico muestra que las inversiones para ofrecer agua potable y saneamiento básico en zonas rurales no han tenido el impacto esperado, porque se han utilizado tecnologías convencionales que no responden a la diversidad territorial, que no existe participación de usuarios como operadores, al tiempo que no hay suficiente capacitación ni asistencia técnica.

Igualmente, vemos que no se invierten recursos de investigación, ciencia, tecnología y desarrollo para ofrecer a inversionistas, constructores, comunidades y familias tecnologías apropiadas a las características y cantidad del recurso hídrico, ni a capacidades locales para lograr operación y mantenimiento eficientes a bajo costo.

Por ello, uno de los propósitos del plan que estamos esbozando es mejorar conocimiento e información de la realidad rural colombiana sobre balance hídrico, inversión y tecnologías para la gestión del agua cruda, y de los sistemas e instalaciones apropiados y eficaces para el acceso al recurso natural. Queremos así colaborar con una política de Estado que todos demandan, pero que no presenta un método de trabajo para pasar de los discursos a las realidades, tal como lo viene señalando el Ministerio de Agricultura.

Mariluz Mejía de Pumarejo

Presidenta ejecutiva de Acodal

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