Análisis/Panamá: pragmatismo y populismo

Presionado a sí mismo por el ultimátum de siete días, el Gobierno panameño aceptó un acuerdo (aún en los temas que había rechazado) so pena de verse forzado a adoptar la serie de medidas anunciadas, las cuales también tendrían un impacto negativo para su país.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
noviembre 03 de 2014
2014-11-03 07:21 p.m.

Con Panamá, separada de Colombia hace un siglo y donde reside medio millón de colombianos, se ha desarrollado una integración económica tan profunda, que el 25 por ciento del centro financiero de ese país está en manos de colombianos. El Grupo Aval y Davivienda tienen presencia allí, y Bancolombia compró el 100 por ciento de Banistmo y 90,1 por ciento de las acciones preferenciales del Banco HSBC de Panamá, constituyendo a esta nación en el hub financiero para su expansión hacia Centroamérica.

No obstante, la relación bilateral se ha complicado, pues Colombia estima que los 17.613 millones de dólares de inversión extranjera que desde 1994 han llegado de Panamá, podrían no ser capital panameño, sino tratarse de recursos de colombianos atraídos al istmo por la existencia de la figura de sociedades de inversión que permiten ocultar las identidades de los propietarios. El presidente Ricardo Martinelli promulgó un decreto que permitirá conocer dichas identidades, pero aún no entra en vigencia, y Colombia estima en 4 billones de pesos los impuestos dejados de recaudar por las operaciones de colombianos en el istmo.

En el cruce de intereses estratégicos está la decisión colombiana de ingresar a la Ocde (ello implica promulgar la lista de paraísos fiscales) y el interés panameño de asociarse a la Alianza del Pacífico, lo cual supone tener un TLC con un miembro de dicha alianza. Y Colombia no ha sometido el tratado, ya suscrito, a la ratificación del Congreso.

Panamá ha negociado acuerdos de intercambio de información tributaria con 21 gobiernos, incluidos Estados Unidos, Europa y México, se encuentra negociando convenios similares con Alemania y países escandinavos, y ha sido declarado paraíso fiscal por Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Para Panamá, la relación con Colombia es muy sensible y ello explica la animosidad que ha acompañado este debate, al punto de colocar un ultimátum a Colombia para que en lapso de siete días fuera levantada la declaratoria de paraíso fiscal.

En caso de mantenerse esta declaratoria, la retención en la fuente aplicable a los giros y remesas desde Colombia aumentaría del 10 al 33 por ciento, y los colombianos residentes en Panamá se considerarían simultáneamente residentes en Colombia y tributarían en ambos países.

El Gobierno de Panamá amenazó con calificar a Colombia como país discriminatorio y aplicar medidas de retorsión: colocar impuesto del 33 por ciento a los giros y remesas enviados hacia Colombia; exigir visa a los turistas colombianos; deportar a los prisioneros colombianos e inmigrantes ilegales; cancelar el proyecto de interconexión eléctrica avaluado en 400 millones de dólares; excluir a las empresas colombianas de los contratos estatales, y se sugirió expropiar la empresa de transporte masivo Metro Bus, cuyo 70 por ciento es de propiedad colombiana.

Se habló de eliminar la exención de pago de fletes de los barcos colombianos que cruzan por el Canal y que está consagrada en el Tratado de Montería. Fue lamentable observar cómo en ninguno de los cientos de artículos publicados en ambos países, se hizo alguna referencia al hecho histórico que explica la exención a dicho pago: el general Torrijos (descendiente de colombianos) agradeció con dicho beneficio, el decidido apoyo que brindó el entonces presidente Alfonso López Michelsen para culminar la negociación del Tratado Torrijos-Carter, que permitió el retorno del Canal a control panameño.

Presionado a sí mismo por el ultimátum de siete días, el Gobierno panameño aceptó un acuerdo (aún en los temas que había rechazado) so pena de verse forzado a adoptar la serie de medidas anunciadas, las cuales también tendrían un impacto negativo para Panamá.

Por ejemplo, la idea de establecer visas a los turistas, fue rechazada por el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Jaime Campuzano.

Prestantes periodistas colombianos, criticaron al Gobierno porque supuestamente se había echado hacia atrás, sin entender que el memorando incluye el compromiso de llegar a un tratado de intercambio de información tributaria, según los estándares de la Ocde (a lo cual Panamá se resistía) e incluye, además, el compromiso de cooperar en el control de lavado de activos a través de la Uiaf. En cambio, no incluye el retiro por parte de Colombia de las medidas comerciales, tal como era demandado por Panamá.

Como ha afirmado el Ministro de Hacienda de Colombia, la decisión de Panamá operó en su contra, pues la obligó a firmar un acuerdo que incluye temas hasta ahora vedados y establece el 30 de septiembre de 2015 como fecha límite para la negociación. En caso de no llegar a un acuerdo en los temas que incluye el Memorando, Colombia estaría en libertad de volver a aplicar la declaratoria de paraíso fiscal.

Junto con Panamá, Colombia retiró de la lista a Barbados, Emiratos Árabes Unidos y al principado de Mónaco; y en caso de prosperar el acuerdo de intercambio de información tributaria es previsible que se distribuya la carga fiscal de los colombianos e inversionistas, residenciados en el istmo, en una parte proporcional de tributación en cada país.

Llaman poderosamente la atención las posiciones de periodistas y analistas que, en el marco de la controversia, censuraban al Gobierno colombiano sin reconocer que es urgente sincerar los capitales que se ocultan en paraísos y conducirlos a tributar como lo hacemos los demás ciudadanos.

Beethoven Herrera Valencia

Profesor de las Universidades Nacional y Externado


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