Análisis-La paz es el respeto al Estado de Derecho

La pregunta de fondo es si en Colombia respetamos o no las reglas de juego, o si muchos esperan beneficiarse de posiciones privilegiadas, reclaman un estatuto excepcional, o aspiran a cambiar, mediante situaciones de hecho, las normas existentes para ajustarlas a su propia conveniencia.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
enero 27 de 2014
2014-01-27 03:13 a.m.

La coyuntura generada a raíz de la decisión del Procurador de destituir e inhabilitar al alcalde Gustavo Petro, agravada ciertamente por la propia actitud del alcalde frente a la sanción disciplinaria que le fue impuesta, tiene profundas implicaciones para el país, que van mucho más allá de la situación personal del alcalde –y de la desproporcionada idea que tiene de sí mismo como líder y como político– y de la presunta animadversión ideológica del Procurador, y conciernen a la estabilidad institucional y, sobre todo, al respeto del Estado de Derecho.

En efecto, la pregunta de fondo en todo este episodio es si en Colombia respetamos o no las reglas de juego, o si por el contrario, muchos esperan beneficiarse de posiciones privilegiadas, reclaman un estatuto excepcional, o aspiran a cambiar mediante situaciones de hecho las normas existentes para ajustarlas a su propia conveniencia. Es una pregunta fundamental, además, en momentos en los que el país parece avanzar positivamente hacia la terminación del conflicto armado con las Farc. Porque, a fin de cuentas, la paz es el respeto al Estado de Derecho, y con su irrespeto es virtualmente imposible convivir pacíficamente.

Nada de inocente tiene la estrategia del alcalde Petro frente a sus contradictores políticos y ante el derecho de los ciudadanos a ejercer directamente un control eficaz sobre la administración pública. Vale la pena recordar que desde que empezó a promoverse la revocatoria, Petro intentó por todos los medios bloquear jurídicamente un procedimiento esencialmente político con el cual ahora, paradójicamente, coquetea sin pudor alguno. Tampoco es inocente la forma en que ha encarado la decisión de la Procuraduría, politizando en la calle lo que debería controvertirse solo en los tribunales, convocando a la movilización popular, exacerbando los ánimos contra un órgano de control del Estado cuyas decisiones se enmarcan esencialmente en el campo jurídico. Mejor dicho, Petro vuelve jurídico lo político y politiza lo jurídico, y así bloquea, por un lado, el debate sobre la acción gubernamental y administrativa, y socava la aplicación del derecho por el otro.

Presentarse como víctima de una persecución o de una conspiración, invocar su condición de ex guerrillero desmovilizado, erigirse en precursor y en precedente, no es más que desviar la atención pública del problema de fondo. A estas alturas debería estar claro que el Procurador tiene plena competencia para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos elegidos popularmente; que dentro de sus potestades disciplinarias se encuentra la de destituir alcaldes –incluyendo el Alcalde de Bogotá– y que una sanción disciplinaria no entraña una vulneración de los derechos políticos de nadie, sino más bien es un instrumento para garantizar el derecho de todos al buen gobierno. Hay normas constitucionales, disposiciones del Código Disciplinario Único y precedentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en ese sentido. A los colombianos les debe quedar claro que en ningún caso la situación de Petro se está desarrollando en un incierto vacío jurídico.

Esto no significa que no haya cosas qué debatir. Petro está en todo su derecho de controvertir por la vía judicial la decisión del Procurador, y el país está en su derecho de reflexionar sobre el diseño actual del control disciplinario, acaso con miras a ajustarlo. Pero no es esto lo que hace Petro ni tampoco lo que está haciendo el país. Los colombianos asisten pasmados ante el silencio interesado de líderes de opinión y de partidos políticos, y al ruido desconcertante que producen a veces los medios de comunicación.

Sin ánimo de ser exhaustiva, algunas de las preguntas que deberían inquietar a la ciudadanía a partir del caso Petro podrían ser: ¿cuánto más soportará la institucionalidad el choque de trenes entre distintas ramas (e incluso, al interior de ellas) y órganos del Estado?, ¿cuánto más resistirá el país los desbordamientos de algunos funcionarios, la presurosa locuacidad del Fiscal General de la Nación –que lo pone al borde de la recusación–, por ejemplo?, ¿Seguirá la Corte Constitucional sentando jurisprudencia a través de comunicados de prensa? ¿Cómo es posible que el país tuviera que esperar más de 4 meses para conocer la sentencia SU-712 de 2013, que denegó el amparo solicitado por Piedad Córdoba contra una decisión sancionatoria de la Procuraduría y, por lo tanto, sumamente relevante en las actuales circunstancias? ¿Cuándo reaccionará la Judicatura ante la avalancha de tutelas pro-Petro y el impacto que en términos de congestión estas provocan en todo el sistema de administración de justicia, ya de por sí bastante recargado?, y por último, pero no menos importante, ¿cuándo reaccionará el Gobierno, en representación del Estado colombiano y en el marco del Sistema Interamericano, frente a los procedimientos iniciados por el alcalde Petro, y que ponen en riesgo toda la arquitectura del control disciplinario en Colombia?

Por más de dos décadas el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, ha mantenido un compromiso indeclinable en defensa del Estado de Derecho y el orden constitucional. Hemos sido críticos con los defectos de la arquitectura institucional de Colombia, promovido la discusión pública, presentado y apoyado iniciativas de modernización y de reforma. Hemos estado convencidos siempre de que la paz es imposible sin el respeto al orden jurídico. Permanecer indiferentes ante lo que está ocurriendo en el caso Petro sería renunciar a ese compromiso y, por lo tanto, defraudar la confianza que la sociedad civil ha depositado en nosotros.

Por eso el Instituto ha decidido liderar algunas acciones, con el concurso de diversos sectores sociales y ciudadanos. Insistiremos en el respeto a los precedentes jurisprudenciales e instaremos a la Corte Constitucional a que divulgue plenamente las decisiones pertinentes, y le pediremos al Consejo Superior de la Judicatura que evalúe el impacto de la avalancha de tutelas que el caso ha suscitado; le pediremos a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la de Servicios Públicos Domiciliarios que se manifiesten y hagan efectivo el oportuno cumplimiento y aplicación de las normas que regulan la libre competencia en el mercado para la prestación del servicio público de aseo y para que efectivamente regulen la prestación en materia de calidad y continuidad del servicio de aseo, respectivamente. Pero sobre todo, exigiremos que se respete el Estado de Derecho. Porque estamos convencidos de que la paz es el respeto del derecho, y de que sin derecho, ninguna paz es posible.

Marcela Prieto Botero

Directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política

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