Análisis/ Pensiones y finanzas en la tercera edad

La baja cobertura es el principal problema del sistema pensional. Hay apenas unos 2 millones de pensionados que representan menos del 40 por ciento de la población mayor a 60 años. Esto significa que unos 3 millones de adultos mayores están obligados a rebuscar algunos ingresos.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
febrero 03 de 2015
2015-02-03 11:29 p.m.

En una sociedad civilizada los adultos mayores viven con dignidad y disfrutan la etapa final de sus vidas. Entre otros elementos ellos necesitan de unos recursos financieros suficientes para mantener su nivel de vida y como mínimo para sufragar los gastos básicos. En Colombia no solo estamos lejos de alcanzar ese propósito, sino que de no adoptarse medidas con prontitud esa meta se alejará cada vez más.

La baja cobertura es el principal problema del sistema pensional. Hay apenas unos 2 millones de pensionados que representan menos del 40 por ciento de la población mayor de 60 años. Esto significa que hoy en día unos 3 millones de adultos mayores están obligados a rebuscar algunos ingresos o subsisten gracias al apoyo de sus familiares, subsidios estatales o la caridad.

Este problema sigue creciendo porque el país no ha adoptado las medidas necesarias para enfrentar el cambio demográfico. Mientras en 1950 solo el 5,3 por ciento de la población colombiana era mayor de 60 años, esa proporción ahora es cercana al 10 por ciento y en 2050 será del 23 por ciento, con lo cual este grupo poblacional ascenderá a 14 millones 476 mil en 2050 (frente a 633 mil en 1950). Este cambio demográfico refleja elementos estructurales como el aumento en la esperanza de vida y la reducción del número de hijos promedio por mujer, por lo que esta tendencia se mantendrá en el futuro previsible.

La necesidad de acometer una reforma pensional para enfrentar este reto fue identificada desde hace al menos una década por entidades independientes como Fedesarrollo. Urge hacerla, no porque la Ocde lo recomendó hace unos días, sino porque dicha reforma es indispensable para la viabilidad social y financiera del país.

Técnicamente no hay muchas discusiones sobre las bases de la reforma requerida: aumentar las edades de retiro; igualar las condiciones pensionales para ambos sexos y limitar los beneficios a los nuevos cotizantes del régimen de prima media. Imponer un impuesto a la renta a las pensiones más altas es otra acción indispensable y justa.

Además de promover la reforma, el Gobierno Nacional tendrá que contener las presiones crecientes de algunos políticos y grupos de interés. De una parte, sería ilógico volver a generalizar la llamada mesada “catorce”, porque el beneficio recaería sobre los pocos ya pensionados, en desmedro de la mayoría que está por fuera del sistema y que con esos recursos podría recibir apoyos como los Beps (Beneficios Económicos Periódicos). De otra parte, tampoco hace sentido reducir del 12 por ciento al 4 por ciento los aportes a la salud a cargo de los pensionados, porque con los aportes actuales apenas se cubren los costos del sistema, de tal forma que la propuesta abriría un hueco fiscal adicional en el sector salud.

El ajuste anual al monto de la pensión mínima es otro tema a revisar. Es un contrasentido haber ligado el incremento pensional al salario mínimo, porque los pensionados no aportan a la “productividad”, que es uno de los determinantes del aumento del salario mínimo. Infortunadamente se ha generalizado la práctica de referenciar muchos precios de la economía al salario mínimo (por ejemplo tasas, multas y algunos servicios). Considerando los nocivos efectos de esta práctica, el Gobierno Nacional está en mora de tramitar una norma, que prohíba atar al salario mínimo los precios de cualquier bien o servicio y establezca el IPC como variable de ajuste para los aumentos anuales automáticos (como el de la pensión mínima).

Tampoco se debe olvidar que la enorme informalidad laboral es la principal causa de la baja cobertura pensional: hay 22.4 millones de trabajadores, pero apenas 8 millones son cotizantes activos. Este es quizás el problema más complejo porque refleja la existencia de una economía atrasada, poco productiva o ilegal que se encuentra por fuera del control estatal y sobre la cual no parece existir la capacidad o el interés de ponerla en cintura.

Si el actual esquema pensional se mantiene, en 30 años, indefectiblemente, unos 8 millones de adultos mayores estarán obligados a rebuscar o mendigar su subsistencia. Por eso, sería irresponsable no afrontar el debate pensional en forma inmediata, adoptando los correctivos con suficiente previsión y de manera paulatina. Los aumentos en la edad de jubilación, por ejemplo, pueden irse ajustando a los incrementos en la esperanza de vida, y el régimen de prima media se puede desmontar gradualmente. Como estos cambios, que son significativos, no se pueden adoptar de golpe, se requiere de un régimen de transición que tomaría al menos una década, con lo cual se resalta la urgencia de aprobar los cambios ahora para que los beneficios se puedan recoger en el mediano plazo.

Finalmente, para que los ciudadanos manejen en forma adecuada sus finanzas personales se requiere un esfuerzo estatal en educación financiera mucho más efectivo. Es en la juventud cuando hay que tomar conciencia sobre la importancia de planear las finanzas con visión de largo plazo y por ello el sistema educativo debe incorporar la educación financiera como un tema prioritario.

Mientras los adultos mayores no cuenten con la independencia financiera suficiente para disfrutar dignamente la última etapa de sus vidas, nuestra sociedad no será del todo civilizada.

Carlos Alberto Sandoval
Profesor Asociado, Universidad EAN
csandoval@cas-consulting.co
 

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