Análisis/El poderoso POT

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el gran regulador del patrimonio de las personas, especialmente de las propietarias, pero también de las que aspiran a serlo, pues los ahorros de las familias pueden alcanzar para comprar más o menos metros, dependiendo de lo que resuelva el Plan.

Redacción Portafolio
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mayo 29 de 2013
2013-05-29 12:05 a.m.

Si usted tiene un terreno donde piensa construir una casa, mañana el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) quizá determine que no puede. Incluso, tal vez resuelva que el terreno debe convertirse en un parque. Así es de poderoso ese instrumento que por estos días se discute en Bogotá, y en muchos otros municipios.

En últimas, el POT es el gran regulador del patrimonio de las personas, especialmente de las propietarias, pero también de las que aspiran a serlo, pues los ahorros de las familias pueden alcanzar para comprar más o menos metros, dependiendo de lo que resuelva el Plan.

Por el alto impacto de las normas urbanísticas en el patrimonio de las personas, así como en la calidad de vida que pueda ofrecer una ciudad, la ley ha creado sistemas de contrapesos y procedimientos democráticos para su aprobación.

En estos momentos del debate del POT de Bogotá, es oportuno referirnos a lo que pasa cuando el Plan de Ordenamiento determina que ciertos terrenos deben convertirse en parque público. Inmediatamente, gana toda la ciudad, especialmente los vecinos del futuro parque, pero, en ese mismo momento, el propietario ve disminuido el valor de su patrimonio. Por eso, la ley estableció que las normas urbanísticas deben generar un “justo balance de cargas y beneficios”. El caso de los parques es el más claro ejemplo, porque entra en juego el ‘todo o nada’ de construcción en un terreno.

En estos casos, no basta que el Plan de Ordenamiento Territorial incluya un terreno en la cartografía de parques; se necesita que el municipio pague por él y lo adquiera. Esa es la manera como todos los ciudadanos compensan al propietario. Sería más justo que la plata saliera de los vecinos del parque vía valorización, pero la ley no lo impone. Protege, sí, a los propietarios de lo que de otro modo sería una expropiación sin indemnización, prohibida desde la Constitución.

En Bogotá, hay un caso paradigmático de esta situación y que motiva esta nota. Se trata del inmenso terreno que tiene la Beneficencia de Cundinamarca, entre la avenida Eldorado y el Parque Simón Bolívar. Desde el año 1979, el Concejo lo clasificó también como parque y así permanece en la cartografía de todos los POT. Sin embargo, muchos alcaldes han pasado en 33 años, ninguno lo ha comprado y el terreno sigue en su estado rústico.

Todos los alcaldes, incluso los que más interés mostraron en el tema de parques, enfrentaron el mismo dilema que el actual. Bogotá solo tiene 4,3 m2 de parque por habitante, inferior a algunos estándares internacionales. Sin embargo, al mirar la distribución del verde en la ciudad, se encuentra que la localidad de Teusaquillo, donde queda la propiedad de la Beneficencia, es la que mejor está, y de lejos, con un índice de 13,5 m2.

Por esta razón, nadie le ha encontrado sentido social ni presupuestal a destinar una gruesa partida del presupuesto común a otro parque en Teusaquillo, cuando en localidades pobres como Ciudad Bolívar y Bosa el verde no llega a los 3 m2 por habitante.

Es por este motivo que tenemos que defender la propuesta del alcalde Petro, contenida en su proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, y que nació de una concertación con el gobierno departamental y el nacional. Esta consiste en permitir que el terreno en cuestión se urbanice parcialmente como parte del proyecto del nuevo CAN. A cambio, el propietario deberá entregarle a la ciudad, de manera gratuita, la parte restante del terreno para construir un parque lineal que conecte, ahora sí, después de 33 años, el Simón Bolívar con la troncal de Transmilenio de la Calle 26.

Por último, es entendible que los vecinos de este terreno o cualquier otro quieran que se convierta completo en parque, sobre todo si ellos no lo pagan. Pero no es aceptable que invoquen razones de interés general para tratar de meter a la ciudad en un gasto que no lo es.

Andrés Escobar

Gerente de Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas

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