Análisis/ Políticas que no deben reelegirse

Políticas sociales universales que aseguren los derechos fundamentales de todos –seguridad social y empleo decente–, sumadas a la transformación de los sistemas de producción, son apenas algunos de los enunciados que forzarán un cambio radical en muchas de las políticas actuales.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
noviembre 26 de 2013
2013-11-26 02:57 a.m.

El primer indicio de que el presidente Santos optaría por buscar su reelección vino de escucharlo decir que impulsaría “la reelección de sus políticas”. Hoy, ante su anuncio confirmando que quiere un segundo mandato, es fundamental analizar cuáles de sus políticas no deben reelegirse. Hacer este análisis es especialmente importante porque las encuestas muestran que más de una tercera parte de los votantes no apoyaría a ninguno de los candidatos actuales.

Aquí debe señalarse que Colombia cumple 23 años de usar el mismo modelo de desarrollo, con muy pocas variaciones, y que sus resultados muestran claramente tanto las cosas positivas que se han logrado como las profundas falencias que aún persisten.

En una reciente reunión de economistas, uno de ellos resumió, en una frase, la situación actual del desarrollo colombiano. Afirmó que a Colombia le ha ido muy bien en lo ‘macro’, pero muy mal en lo ‘micro’. Es decir, los famosos equilibrios macroeconómicos planteados por el llamado Consenso de Washington se han logrado relativamente en este país: la inflación es tan baja que hoy se habla de los efectos de una deflación; se redujo sustantivamente el déficit fiscal, aunque no se llegó al deseado superávit fiscal, etc., etc.

En principio, los fundamentals están bien. Sin embargo, el resto no. La salud, la educación, la infraestructura, el sector agropecuario y el industrial tienen serias dificultades. El desempleo está alrededor de un dígito, pero estamos llenos de informalidad. Más importante aún, la gran desigualdad que vivimos y la poca competitividad mantienen al país rezagado.

Aquí estamos hablando de la ‘crisis de un modelo de desarrollo’ –término que a muchos molesta por abstracto–, porque una sociedad necesita que por el bien de la gente lo ‘micro’ también funcione. Ese modelo deseable –que no vuelve a crear las crisis en la macroeconomía que ya se han superado, pero que no resuelve los graves problemas que pueden catalogarse como ‘micro’–, aún no existe como tal, aunque está en construcción.

Y este no es un tema ideológico, como plantearían aquellos que todavía defienden que lo ‘macro’ resuelve lo ‘micro’; sí es un tema pragmático, entre otras porque, ¿qué sacamos con baja inflación si el empleo ni es formal ni mucho menos decente?, o ¿qué ganamos con reducir el déficit fiscal si los derechos fundamentales del grueso de la población son una utopía? Lo que este sí es, es un tema de gobernabilidad, de ‘gobernanza’ –el nuevo término de moda–.

Dos puntos son cruciales para pensar cuáles son las políticas que no deben reelegirse. El primero y más importante es que si entramos seriamente al periodo del posconflicto, como todos esperamos, muchas cosas que alimentaron la guerra no pueden repetirse. Es decir, se trata aquí de gobernar otro país, muy distinto al de los últimos 50 años, donde no solo se deberán cumplir los compromisos del acuerdo que se firmaría en La Habana –que son de gran talante–, sino en el que también se aumentarán las demandas sociales, hoy previsibles porque toda la insatisfacción acumulada ya empieza a salir a la luz. Siendo así, la primera conclusión es que no bastará con las buenas noticias ‘macro’, por ende lo ‘micro’ tendrá que manejarse de otra manera, y eso es ‘un nuevo modelo de desarrollo’.

El segundo es que, tanto el papel del Estado como el del sector privado han cambiado, no solo en Colombia sino en el mundo. No haberlo reconocido durante todos estos gobiernos ha tenido unos costos inmensos que la ciudadanía no tolerará más. El Estado dejó de ser proveedor de servicios públicos para convertirse en regulador, y el sector privado se convirtió en proveedor de los mismos, pero con recursos públicos, con los cuales no puede ni debe maximizar ganancias. Este no es un cambio menor, y no haberlo entendido ha dado pie a escándalos como el de la salud, entre otros ejemplos. De ahora en adelante, ni el Estado será el mismo de antes ni las responsabilidades del sector privado se limitarán a la mal entendida responsabilidad social empresarial. De nuevo, lo que se requiere es otro modelo de desarrollo.

Estas dos nuevas realidades traerán cambios sustantivos no solo en las políticas sociales, sino en las económicas, pero sobre todo en las productivas, hoy postradas. Con 34 por ciento de pobres y 37 por ciento de vulnerables –que el Gobierno calla–, o, mejor, 71 por ciento de pobres y vulnerables, es imposible mantener solo subsidios como base de las políticas dirigidas a la población, y deben morir las transferencias condicionadas como eje de la política social.

Políticas sociales universales que aseguren los derechos fundamentales de todos –seguridad social y empleo decente–, sumadas a la transformación de los sistemas de producción, son apenas algunos de los enunciados que forzarán un cambio radical en muchas de las políticas actuales. Así, deben morir también la salud, como negocio; solo ampliación de cobertura en educación; planes de agua que fallan; solo casas gratis, etc. Colombia necesita derechos y no limosnas.

La elección no es pan comido ni para el presidente Santos ni para cualquier otro que lo reemplace. Para dejarlo claro, no se debe reelegir ninguna de las políticas ‘micro’ de este Gobierno, porque no han funcionado y el futuro de los colombianos no está solo en construir la paz, sino en cambiar este país. Menuda tarea le espera a quien asuma la Presidencia.

Cecilia López Montaño

Exministra - Exsenadora

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