Análisis / Recursos naturales y crecimiento económico

Si se quiere sacar provecho de los recursos naturales en Colombia, le corresponde al Ejecutivo establecer planes de choque institucionales en las regiones donde se vaya a desarrollar la explotación de recursos y fortalecer a Anla en su capacidad de entender integralmente y gestionar proyectos.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
abril 23 de 2014
2014-04-23 12:46 a.m.

En la discusión sobre el papel de los recursos naturales en el crecimiento escasean los argumentos económicos.

En su lugar pululan visiones apocalípticas en las que la humanidad asume el papel de una especie depredadora que destruirá la biosfera a través del agotamiento de los suelos, las especies y el agua, y de la contaminación local y global.

Estas visiones se refuerzan por la facilidad con la que se pueden reproducir en tiempo real imágenes y testimonios de desastres, pequeños y grandes, en cualquier lugar del planeta.

El cerebro humano es sensible a la última información disponible, especialmente cuando hay sufrimiento de por medio.

Si a este sufrimiento visible e inmediato se le añade información imprecisa -en el mejor de los casos- o la persistencia a lo Goebbels de que la raíz de estos males es la actividad económica, se está en presencia de una poderosa e inesperada alianza de intereses que tiene la capacidad de impedir el progreso de los sectores sociales más necesitados del crecimiento.

Canadá y Australia son economías que han convertido su capital natural (minería en ambos casos, hidroelectricidad y recursos forestales en el primero) en otras formas de capital, siguiendo la regla de Hartwick, que establece que el uso óptimo de las rentas de los recursos naturales consiste en su inversión total, con cero consumo, en otras formas de capital.

Con instituciones sólidas preexistentes al uso de estos recursos, estos dos países crearon industrias sofisticadas ligadas directamente al uso de los recursos, en software, maquinaria, ingeniería ambiental y logística, por mencionar unos pocos; y han financiado con las rentas de estos recursos la creación de capital humano (educación, investigación y desarrollo).

Para replicar esta experiencia de alguna manera en Colombia, se requieren tres condiciones: materialidad, instituciones y nuevos actores.

La materialidad se refiere al tamaño y competitividad de los recursos en los mercados mundiales.

Con las reservas existentes de petróleo colombiano, por ejemplo (alrededor del 1.6 por mil de las reservas probadas mundiales), es casi imposible el desarrollo de industrias de punta ligadas a su explotación y transformación.

El único mineral en el que Colombia tiene una presencia internacional importante es el carbón a gran escala (aproximadamente el 6,2 por ciento de las exportaciones mundiales), usado como insumo energético o productivo en los países importadores, lo que dificulta su integración a la vida económica del país más allá de sus aportes de regalías. La hidroelectricidad, en la que Colombia se destaca a nivel mundial, ha producido grandes transferencias de sus rentas a los fiscos de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, y de la nación, con diferentes resultados e impactos. Las instituciones de Medellín hacen que las transferencias de EPM hayan sido de alto impacto sobre la dinámica de la industria local, la educación, el equipamiento de la ciudad, y su incursión en la innovación.

La anterior EEEB, gracias a la inversión de capital privado en la década de los 90, se salvó de la quiebra y transfiere importantes recursos a Bogotá, con mucha menor eficacia del gasto y transparencia que los recursos transferidos a Medellín.

El oro y otros metales de alto valor tienen el potencial de crecer en Colombia, pero se enfrentan a retos formidables. Estos minerales tienden a encontrarse en sitios con presencia escasa o nula del estado, o del imperio de la ley: la minería ilegal crece con grandes daños ambientales, sociales y de salud pública, y con la intromisión de grupos al margen de la ley.

El Estado carece de una política integral que logre sacar a la minería de la trampa de baja calidad en que se encuentra. No habrá materialidad sin seguridad e instituciones mínimas en los territorios. Sin materialidad, no llegarán compañías internacionales de gran tamaño, que generalmente son las que disponen de las tecnologías apropiadas de extracción, de restitución de ecosistemas y de manejo de pasivos ambientales.

El activismo de las cortes y la captura de las consultas previas por enemigos del crecimiento económico o empresarios de la negociación, alejan también a compañías que podrían generar valor económico para el país.

La regulación ambiental es un caso aparte. En el caso de la minería, la Anla se encontró con la mayoría del territorio nacional entregado para exploración (sin superposición con los mapas de ecosistemas, parques nacionales o zonas de consideración y manejo especiales), con la maldición bíblica de la minería ilegal, y con gran debilidad para supervisar el ciclo de vida de los proyectos legales.

La estrategia desesperada que está usando la Anla para proteger el medio ambiente no es viable, porque al incrementar los costos de transacción de las licencias ambientales, y al delimitar áreas donde queda impedida legalmente la minería sin fuerza para hacerla cumplir, no llegan compañías idóneas y se potencian los incentivos para el crecimiento de la minería ilegal.

Es decir, se consolidarán las percepciones sobre la maldad inherente de la minería como actividad y la inconveniencia del ‘modelo extractivista’, a contrapelo de evidencias positivas.

Si se quiere sacar provecho de los recursos naturales en Colombia, le corresponde al Poder Ejecutivo establecer planes de choque institucionales en las regiones donde se vaya a desarrollar la explotación de recursos, fortalecer a Anla en su capacidad de entender integralmente y gestionar proyectos y, posiblemente, dejar más recursos de regalías en las regiones productoras para mejorar sus beneficios netos y su disposición a convivir con proyectos en su entorno.

Juan Benavides

Analista

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