Análisis/ Reforma de garantías muebles: los pendientes

La Ley 1676 de 2013 busca generar condiciones para que las empresas puedan garantizar sus créditos con activos muebles. Lo hace creando un registro de bienes mobiliarios usados como hipoteca y facilitando los procedimientos para la ejecución de este tipo de seguro en caso de no pago.

Redacción Portafolio
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mayo 26 de 2015
2015-05-26 11:47 p.m.

El acceso restringido a crédito representa un freno al crecimiento empresarial ampliamente reconocido. Colombia no es la excepción a esta regla. Según una reciente encuesta a directivos de pymes –esfuerzo conjunto de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes e Innovations for Poverty Actions, con apoyo de la Corporación Financiera Internacional– el 50 por ciento de estos directivos considera que el acceso limitado a crédito es un problema importante o muy importante.

No disponer de garantías suficientes ocupa uno de los primeros lugares entre los múltiples obstáculos que enfrentan las empresas para acceder a financiación externa suficiente. En dicha encuesta esta es, de hecho, la razón de rechazo reportada con más frecuencia por aquellos directivos que vieron rechazada alguna de sus solicitudes de crédito en el 2012. Y la mitad de aquellos que vieron truncada su solicitud por no disponer de garantía idónea expresaron que habrían podido respaldar su solicitud si se les hubiera permitido ofrecer en hipoteca algunos de sus activos mobiliarios, como inventarios, propiedad intelectual o cuentas por cobrar.

En este contexto, se aprobó la Ley 1676 de 2013, que busca generar condiciones para que las empresas colombianas puedan garantizar sus créditos con activos muebles. Lo hace creando un registro de bienes mobiliarios usados en hipoteca (el Registro Electrónico Unificado de Garantías Mobiliarias) y facilitando los procedimientos para la ejecución de este tipo de seguros en caso de no pago. El registro es una herramienta fundamental: al reunir la información de todos los bienes que ya están siendo utilizados como seguro, permite a los eventuales acreedores verificar la efectiva disponibilidad del bien y registrar su prelación sobre el mismo. Aunque en Colombia ya estaba contemplada la posibilidad de usar activos mobiliarios como prenda, el mecanismo no era ampliamente utilizado, precisamente por lo difícil que era verificar la disponibilidad del activo y ejecutar la garantía en caso de incumplimiento.

Desde la aprobación y sanción de la ley ha habido grandes avances. En particular, y contrastando con lo sucedido en otros países que adoptaron similares legislaciones, el registro creció rápidamente; a escasos siete meses de su lanzamiento ya registraba casi un millón de activos usados como garantía. De muchas de estas transacciones no se tendría información centralizada de no ser por el registro. Es el caso, por ejemplo, de algunos créditos de proveedores de insumos agrícolas respaldados con cosechas futuras. El registro se convierte así en un instrumento fundamental para entender las verdaderas dimensiones y características del crédito en Colombia. La importancia y éxito del registro le valieron a Colombia, para no ir más lejos, avanzar nueve puestos en el escalafón de Doing Business del Banco Mundial, dada la expectativa de más fácil acceso al crédito que implica.

Sin embargo, hay también signos que alertan sobre la posibilidad de que esa esperada ola de nuevos créditos comerciales con garantía mobiliaria no se concrete, a menos que se expida regulación complementaria. Las autoridades no deben desatender esos signos. Entre ellos está el hecho de que, en los primeros siete meses desde el lanzamiento del registro, menos del 10 por ciento de las transacciones allí registradas correspondieron a nuevos créditos, con un pírrico 0,25 por ciento a nuevos créditos. Y alrededor de la mitad de esos nuevos préstamos, son crédito a vehículo garantizado con el carro mismo, una modalidad cuyo uso ya era amplio y registrado antes de la reforma. También hay múltiples señales de que las instituciones financieras están a la espera de que se expida un decreto que reglamente la ejecución de estas garantías, y de que la Circular 100 de Superintendencia Financiera, que define garantía ‘admisible e idónea’, sea revaluada.

Colombia tuvo un gran avance con la Ley 1676. Es fundamental que ahora dé los pasos, más pequeños, que hacen falta para sacar máximo provecho de esta nueva regulación. Mientras el decreto de ejecución y la definición de garantía admisible no se ajusten a la nueva legislación, es improbable que las instituciones financieras se lancen a aceptar en masa esta nueva forma de garantía.

Marcela Eslava Mejía
Profesora Asociada F. de Economía, Universidad de los Andes.
 

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