Análisis/ Regiones y políticas de desarrollo productivo

La falta de incentivos de los gobiernos locales y de organización de los actores privados no han permitido un funcionamiento adecuado de las Comisiones Regionales de Competitividad

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
septiembre 18 de 2014
2014-09-18 01:30 a.m.

Debido a problemas estructurales de nuestra economía (carencia de infraestructura, falta de capital humano especializado, pocas actividades generando alto valor agregado y en general baja competitividad), a mediados de los años 90 el Gobierno Central colombiano se vio en la necesidad de retomar el tema de Políticas de Desarrollo Productivo (PDP).

Las PDP son aquellas cuyo objetivo es afectar directa o indirectamente la productividad, la competitividad y/o la generación de empleo, excluyendo los subsidios o ayudas directas a empresas o sectores particulares. Ejemplos de PDP son la formación laboral a través del Sena, la financiación al sector privado a través de la banca de segundo piso (Bancóldex), los incentivos a la inversión privada, la inversión en infraestructura, el incentivo a la creación de alianzas público-privadas y la inversión en ciencia y tecnología, entre las más importantes. Hoy, todas estas políticas están bajo una gran sombrilla llamada Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Dos trabajos recientes del Cede de la Universidad de los Andes (Ver Documentos Cede No. 30 y 34 del 2014) estudian la evolución de los recursos invertidos por el Gobierno Central en PDP, su distribución departamental, su impacto sobre la productividad laboral y el empleo, y la institucionalidad existente para la implementación regional de dichas políticas.

Estudiar las PDP desde una perspectiva regional resulta interesante, ya que es en las regiones donde están ubicados los emprendedores, las empresas y los factores de producción. Si las PDP no logran responder a las fallas de mercado particulares que afrontan las regiones, será difícil ver resultados positivos de su implementación.

El primer estudio (30) encuentra tres resultados principales. Primero, la cantidad de recursos invertidos en PDP ha crecido de manera importante en la última década, aunque en algunos casos se considera aún baja. Por ejemplo, la inversión del Sena pasó del 0,2 al 0,3 por ciento del PIB, la inversión en infraestructura vial, del 0,4 al 1,1 por ciento del PIB, y la inversión en ciencia y tecnología, del 0,1 al 0,2 por ciento del PIB. También se observa un aumento importante en la creación de alianzas público-privadas (Agenda Interna, Programa de Transformación Productiva, Comisiones Regionales de Competitividad y Rutas de Competitividad).

Segundo, existe una distribución muy desigual de estos recursos entre los departamentos. Por ejemplo, anualmente Quindío recibe tres veces más inversión per cápita del Sena que Sucre; los desembolsos per cápita de Bancóldex alcanzan los 125 mil pesos anuales en Bogotá, mientras que en Chocó este valor es casi cero; el valor por kilómetro cuadrado del stock de infraestructura vial en Quindío es 34 veces mayor que el valor de dicho stock en Caquetá; la inversión per cápita anual en ciencia y tecnología en Bogotá es 65 veces mayor que la inversión en Sucre.

Existen teorías que sugieren que redistribuir mejor estos recursos podría ser beneficioso en términos de eficiencia. No obstante, es importante decir que dicha distribución ha venido mejorando durante la última década.

Tercero, las PDP no parecen estar logrando sus objetivos. En particular, no se observa una correlación importante entre los recursos invertidos en PDP y el crecimiento de la productividad laboral y la tasa de ocupación en los departamentos. Esta ausencia de correlación es preocupante y podría estar sugiriendo problemas de diseño e implementación de la política.

El segundo estudio (34) analiza en detalle la implementación de las PDP en algunos departamentos. Se identifica que la falta de incentivos de los gobiernos locales (recursos e interés limitado y/o de corto plazo en temas de PDP) y de organización de los actores privados no han permitido un funcionamiento adecuado de las Comisiones Regionales de Competitividad. Estas son importantes para coordinar las políticas del Gobierno Central con las políticas requeridas en los departamentos.

Un ejemplo de que estas comisiones pueden ser útiles se da en Santander, donde el sector privado ha divisado las ventajas de organizarse alrededor de la comisión y de impulsar proyectos que queden consignados en los planes de desarrollo local.

Del estudio surge la importancia de involucrar activamente al sector privado en el liderazgo de las CRC. Para que esto ocurra, es fundamental que los privados tengan claros los beneficios de la asociación. Así, el Gobierno Central podría invertir recursos para mostrar las ventajas de tener una buena CRC (y no en subsidiar completamente su funcionamiento).

Debería quedar claro que el objetivo final de las CRC es lograr que sus proyectos queden consignados en los planes de desarrollo local; es la única forma de asegurarle recursos a estos proyectos y de que existan beneficios claros de la asociación. Por último, estos beneficios serán mucho mayores si el Gobierno Central alinea sus estrategias y proyectos con los de las CRC y no al contrario, como ocurre actualmente.

Parte importante de la PDP debe construirse de las regiones hacia arriba y no al revés. Para que todo esto funcione, las CRC deben lograr planes regionales de competitividad adecuados, con consensos prioritarios sobre las necesidades regionales (no una suma de necesidades) y estrategias claras para desarrollar.

Óskar Nupia
Profesor asociado, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


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