Análisis/Reglas y principios fiscales

En Colombia, este instrumento se orienta principalmente al control del déficit estructural del Gobierno Nacional Central, buscando que no supere un nivel de alrededor del 2 por ciento del PIB, y al ahorro de recursos en coyunturas de auge para su utilización en tiempos de crisis.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
septiembre 10 de 2014
2014-09-10 04:42 a.m.

La adopción de la regla fiscal que el país viene implementando desde el 2011, siguiendo el ejemplo de otros países de la región como Brasil, Perú, México y Chile, se ha convertido en la herramienta más citada por el Gobierno al momento de priorizar el gasto público.

En Colombia, la regla se orienta principalmente al control del déficit estructural del Gobierno Nacional Central, buscando que no supere un nivel de alrededor del 2 por ciento del PIB, y al ahorro de recursos en coyunturas de auge para su utilización en las coyunturas de crisis.

Estas medidas buscan, entre otras cosas, que el Gobierno ‘blinde’ el manejo fiscal y tenga solvencia para promover un gasto contracíclico que reduzca la volatilidad del producto y de otros fundamentales como la tasa de cambio.

Si bien la regla fiscal es ampliamente aceptada por la mayoría de economistas, esta no es condición necesaria, ni suficiente, para garantizar que se tengan en cuenta varios principios básicos también aceptados:

1. Se debe invertir en proyectos que tengan un retorno superior al costo de oportunidad de los recursos una vez tenido en cuenta su riesgo. Este principio básico no es garantizado por la citada regla fiscal y se podría decir que, en casos, podría estar siendo obstaculizado por esta. Consideremos el caso del gasto en salud, un sector con inmensas externalidades, del que difícilmente se pueda argumentar que no va a generar el retorno suficiente para hacer las inversiones en este rentables, pero que hoy en día, y por décadas, ha contado con actores que han padecido déficits estructurales, buena parte de ellos a cargo del Estado, y que aún podría estar requiriendo ajustes actuariales al costo de su canasta de servicios, ambas inversiones aplazadas hasta el día de hoy.

Algo similar se puede argumentar de los sectores de justicia y seguridad, en los cuales cualquier inversión iría en la dirección de garantizarle a la población el principal bien público a su cargo y, aun así, institucionalidades como la regla fiscal a veces se convierten en obstáculo para que el sector cuente con los recursos suficientes para inversiones tan básicas como la reducción del hacinamiento en las cárceles. En el caso de la vivienda, la expansión urbana ordenada genera importantísimos ahorros cuando se le compara con lo que cuesta financiar la formalización de viviendas construidas sin los servicios públicos ni la planeación requeridos.

2. En los casos en los cuales se requiere superar restricciones de liquidez, se puede financiar, con criterio de recobro, los rubros que generan importantes retornos privados. Por ejemplo, la educación superior, que si bien genera importantes externalidades, también produce considerables retornos privados, por lo que se podría esperar que parte de la inversión que hace el Estado se pueda recuperar mediante el cobro del costo de las matrículas una vez el estudiante se inserta en el mercado laboral.

3. Se deben focalizar los subsidios en la población que más los necesita. Parece una perogrullada, pero no se aplica a cabalidad si se considera el caso de la educación básica y media, con un Estado que recibe en colegios públicos de las principales ciudades entre el 60 y el 85 por ciento de poblaciones con niveles de pobreza entre el 10 y el 35 por ciento.

4. Se deben delegar competencias y entregar recursos a entidades territoriales con la suficiente capacidad institucional para ejercerlas y ejecutar los recursos adecuadamente. Si se considera como ejemplo el caso de la provisión de agua potable de calidad en Colombia, para lo cual se le han entregado a los municipios del país las competencias e ingentes recursos vía el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías (SGR), resulta evidente que ese principio no se ha cumplido, y se le siguen entregando cuantiosos recursos a municipios que como Yopal, que no han podido asumir a cabalidad esa competencia.

Parte del apoyo que reciben medidas como la regla fiscal proviene de los más escépticos del sector público y privado, sobre la capacidad del Estado para ejecutar el gasto eficientemente.

El escepticismo desde el sector público hizo que la administración del SGR se anidara hoy en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pretendiendo que ese hecho iba a ‘blindar’ esos recursos.

Esa tarea ha limitado la capacidad del DNP de pensar el largo plazo del país, a pesar de no haber podido evitar malos manejos como bien quedó ilustrado en el caso del departamento de Córdoba.

El DNP quedó con el pecado y sin la virtud, aunque el escéptico siempre podrá argumentar que el contrafactual hubiera sido peor.

El escepticismo del sector privado se revela cuando se compara la reticencia de parte de los fondos privados de pensiones para invertir en proyectos de infraestructura, con la insistencia de varios de quienes se sientan en sus juntas para que el Estado realice dichas inversiones.

Bienvenida la rigurosa implementación de la regla fiscal colombiana como decantadora de las presiones por más gasto, en armonía con los criterios tradicionales al momento de priorizar las inversiones del Estado.

Carlos Medina
Subgerente Regional de Estudios
Económicos, Banco de la Répública, Medellín

 


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