Análisis / A salvar parafiscalidad agropecuaria colombiana

La parafiscalidad es una respuesta a la falta de un Estado fuerte que asigne importantes recursos en investigación, innovación, desarrollo tecnológico, comercialización y, en general, un mecanismo a través del cual los sectores productivos puedan enfrentar la competencia internacional.

Redacción Portafolio
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mayo 08 de 2013
2013-05-08 12:07 a.m.

En distintos espacios y foros hemos escuchado afirmaciones tanto negativas como positivas de la parafiscalidad agropecuaria.

Esta debe ser entendida como un instrumento de desarrollo del sector que contribuye a la competitividad y productividad, así como al desarrollo de estrategias para mejorar el consumo de productos agrícolas y, por ende, reducir la pobreza rural.

La mayor parte de la investigación agropecuaria en Colombia es financiada a través de la cuota parafiscal que aportan los productores para invertir no solo en investigación, sino también en transferencia de tecnología, comercialización y temas sanitarios, y fitosanitarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 101 de 1993 y las leyes específicas que le dieron origen a cada una de las cuotas.

Las cuotas parafiscales sobre el café, el arroz, el algodón, la palma de aceite, entre otros, han aportado una fuente de ingresos estable para la investigación.

Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del total de los recursos recaudados en los últimos 10 años, el 80 por ciento, sin incluir café, ha sido orientado a programas de inversión: 43 por ciento en investigación y sanidad animal –vegetal, 20 por ciento; capacitación y transferencia de tecnología, 13 por ciento; comercialización y fomento al consumo, 5 por ciento; estudios económicos, que incluyen la construcción de sistemas de información como censos o datos de área y producción, fundamentales para la toma de decisiones acertadas en materia de política pública sectorial.

Es decir, de los 1,1 billones de pesos recaudados de la cuota parafiscal en la última década, el 80 por ciento se ha destinado a programas de inversión en sectores como algodonero, arrocero, cerealista, cacaotero, cauchero, ganadero, porcícola, avícola, hortofrutícola, palmero, panelero y tabacalero.

Según datos del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (Ifpri), las cuotas de fomento tienen éxito porque el sector privado participa directamente en los programas de investigación de las asociaciones de productores y la mayoría de los miembros del consejo de las asociaciones de productores es representante de extensas plantaciones o pequeños agricultores.

La Corte Constitucional ha reconocido la parafiscalidad como una técnica de intervención estatal, en la cual su administración es ejercida por las instituciones gremiales representativas de los sectores que la aportan.

La parafiscalidad es una respuesta a la falta de un Estado fuerte que asigne importantes recursos en temas de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, comercialización y, en general, un mecanismo a través del cual los sectores productivos puedan enfrentar la competencia internacional.

Gracias a los recursos e intereses de los productores que lideraron los procesos para crear los fondos parafiscales hoy existentes, se conformó una infraestructura de parafiscalidad que ha funcionado en concertación bajo el control permanentey la interventoría contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además de la vigilancia de la Contraloría General de la República y las auditorías internas de cada fondo.

Sería muy extenso entrar a detallar las bondades que se han derivado de este mecanismo; sin embargo, es relevante mencionar que gracias a la parafiscalidad, los distintos sectores, a través de la investigación, han logrado mantener e incrementar, en la mayoría de casos, sus niveles de productividad por hectárea con el desarrollo de nuevas variedades, apoyados en los Cenis (Centros de Investigación), incidiendo en la reducción de los costos de producción.

Decir que la parafiscalidad agropecuaria debe desaparecer es como darles un golpe a las posibilidades de mejora en productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.

Más aún, el Estado debería, de manera decidida, destinar recursos adicionales no solo del presupuesto de la nación, sino también de las regalías y del naciente Cree, para que apoyen el esfuerzo de los campesinos y empresarios del sector agropecuario.

Sin temor a equivocarnos, en términos de eficiencia, la parafiscalidad agropecuaria debe ser considerada por el conjunto de la sociedad como un patrimonio público que debe ser protegido de aquellos que desconocen el valor de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes.

Rafael Mejía López

Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC

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