Análisis/Signos de fisuras

Las convenciones son suficientemente explícitas en demandar que la venta, distribución y producción de drogas hacia usos ilícitos deben tipificarse como delito y sancionarse con penas mayores o iguales a las establecidas en el tratado, (en ningún caso menores a estas).

Redacción Portafolio
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febrero 14 de 2014
2014-02-14 12:35 a.m.

El nuevo año llegó con una noticia que pone en aprietos a los defensores del sistema actual de control de drogas. A partir del primero de enero es posible obtener en tiendas especializadas de Colorado (Estados Unidos), desde una simple dosis hasta un máximo de 28 gramos de marihuana, para uso personal recreativo. Esta iniciativa, junto con la promovida a finales del año pasado por Uruguay, permite observar signos de fisuras en el régimen internacional de drogas.

En efecto, el pasado 10 de diciembre el Senado uruguayo dio luz verde al proyecto que permite adquirir marihuana con fines recreativos. Mientras que el Gobierno del país charrúa celebraba la aprobación de la ley, el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), Raymond Yans, se declaraba sorprendido por el hecho que “un cuerpo legislativo que ha apoyado la ley internacional y los tratados, y un gobierno que es un activo socio en la cooperación internacional y en el mantenimiento del orden de la ley internacional, intencionalmente decida romper los acuerdos universalmente aceptados e internacionalmente respaldados en los tratados”. Este pronunciamiento fue criticado a su vez por el presidente José Mujica, quien tildó a Yans de “viejo mentiroso”. Estas acusaciones mutuas yacen de una visión radicalmente distinta sobre cómo afrontar la fiscalización de las drogas.

Para empezar a discernir el origen de esta problemática y entender la posición crítica que ha adoptado la Jife, bien vale la pena preguntarse: ¿están las drogas prohibidas? Aparentemente, la respuesta se cae por su propio peso, y la razón de dicha prohibición es el daño que causa al individuo y a la sociedad. Sin embargo, aunque en el imaginario colectivo exista una lógica de restricción total, ¿cómo es posible que nuestros hospitales cuenten en sus dispensarios con un sinnúmero de sustancias que son catalogadas como drogas: morfina, codeína, metadona, entre otras?

En realidad, las drogas no están prohibidas. Son objeto de control para los usos concebidos como lícitos; esto es, los medicinales y científicos. De hecho, ese es el principal pilar del sistema internacional de control de drogas, enmarcado en las Convenciones Internacionales de Control de Estupefacientes de 1961, 1971 y 1988.

Ahora bien, los países signatarios de los tratados se han comprometido a destinar las drogas a la medicina y la ciencia, y, por otro lado, a combatir cualquier uso recreativo. Para lidiar con el uso ilícito, algunos Estados han optado por políticas de ‘tolerancia cero’, entre estos la mayoría de países musulmanes y africanos, y China y Rusia. Por su parte, otras naciones como Holanda, España y Suiza han seguido políticas de disminución de riesgo.

Estos manejos alrededor del consumo tienen una mayor cabida entre los tratados internacionales, que dejan a la potestad de los países la adopción de medidas que consideren adecuadas para tratar a los consumidores. Incluso, la iniciativa boliviana impulsada por el presidente Evo Morales, que buscaba proteger los usos tradicionales indígenas de la hoja de coca, sirviéndose de una maniobra jurídica consistente en el retiro de la Convención del 61 y el reintegro con una reserva especial, aunque criticada por la Jife, seguiría estando bajo el marco de la ley internacional.

Sin embargo, las convenciones son suficientemente explicitas en demandar que la venta, distribución y producción de drogas hacia usos ilícitos deben tipificarse como delito y sancionarse con penas mayores o iguales a las establecidas en el tratado, (en ningún caso menores a estas). Yacen aquí los casos excepcionales de Uruguay y Colorado, que rompen con el statu quo del régimen y colocan en manos estatales la producción y venta de una sustancia controlada para usos no medicinales.

En teoría, la Jife podría sancionar a los países que no cumplen con sus obligaciones contractuales, ya sea eliminando o disminuyendo las cantidades de estupefacientes que pueden recibir, lo que colocaría en una situación bastante difícil a los sistemas de salud. Esta situación, sin embargo, nunca se ha presentado. Y la pregunta que surge es si su reacción sería la misma con el pequeño país latinoamericano que con uno del norte.

El régimen internacional de control de drogas, fundamentado en el pilar de los usos medicinales y científicos, parecía inamovible y compacto. Hoy, las iniciativas de Uruguay y Colorado para consentir el uso recreativo de una sustancia controlada como la marihuana, permite observar signos de fisuras en el régimen.

Sin embargo, una fisura no significa necesariamente la caída de la estructura, aunque sí posiblemente su evidente remodelación.

Julián Fernández

Miembro de Redintercol

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