Análisis / Sincerémonos sobre el sistema pensional actual

Colombia está en mora de entrar al debate de fondo, que va desde plantear no solo la ayuda puntual y focalizada a la población mayor, sino que la pensión es un derecho de los ciudadanos.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
abril 10 de 2014
2014-04-10 12:44 a.m.

El país y el Gobierno de turno no pueden seguir ignorando los graves problemas que tiene el actual sistema pensional colombiano, y las causas que impiden que la gran mayoría de adultos mayores tenga una pensión decente.

Grandes reformas estructurales demandará la sostenibilidad de un acuerdo de paz, y en esa agenda es fundamental que el tema de la seguridad social, como derecho, esté incluido, lo que no se vislumbra hasta ahora.

Probablemente, el argumento que necesita el tema de pensiones –porque el de salud ya parece estar incorpo- rado– es el potencial electoral que tendrá este grupo de población mayor de 60 o 65 años, cuyo crecimiento en América Latina, como lo mencionó el BID, es de los más acelerados entre los países en desarrollo.

Cuando los sectores que manejan el poder en Colombia reconozcan este hecho y lo vean como una amenaza, tal vez el asunto pensional será parte de las prioridades de la política del país.

Es hora de que Colombia se ubique en el debate internacional sobre el tema de manera más contundente. Las reformas del siglo XXI buscan prioridades distintas a las que se plantearon en el siglo XX, léase Ley 100 de 1993 en Colombia.

Ya no se trata de fortalecer los mercados de capital, ni aumentar el ahorro, como sucede con los billonarios recursos que tienen los fondos de pensiones. Se trata de trabajar por lo que se anunció, pero no se alcanzó con la Ley 100: la inclusión, la verdadera ampliación de cobertura y, más allá de los informales, los adultos mayores.

El mundo de hoy se enfrenta a nuevos retos, como el acelerado envejecimiento de la población, cuando no se han resuelto de manera clara problemas viejos, como la escasa proporción de la población que puede esperar una pensión digna.

Colombia está en mora de entrar al debate de fondo, que va desde plantear no solo la ayuda puntual y focalizada a la población mayor, sino que la pensión es un derecho de los ciudadanos, independientemente de si han acumulado o no durante su periodo activo, como lo señala la Cepal; o si se debe proveer un Piso de Protección Social como lo señala la OIT, o si, como afirma el BID, se deben tener modelos de cobertura universal con financiamiento tributario y esquemas contributivos subsidiados.

Pero, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer en el país es sincerarnos sobre tres temas: las debilidades de la Ley 100 en pensiones, la realidad sobre el mercado laboral y nuestra situación demográfica, elementos fundamentales para avanzar en la reforma que el país necesita.

No más ideología, que ha sido la nota predominante de este debate.

Tiene que aceptarse que con la Ley 100, en pensiones no hubo incrementos significativos en cobertura, y en eso se fracasó. No se atrajo a los trabajadores independientes, que según el Banco Mundial su cobertura nunca superó el 10 %, y, además, el cubrimiento de adultos mayores es muy escaso.

Uno de sus mayores problemas es que, dada la altísima informalidad en el mercado laboral –62 % a nivel nacional, según el Dane, y 49 % en las 13 áreas metropolitanas–, es absurdo un sistema que depende de la continuidad de las contribuciones.

Como señala el Banco Mundial, informalidad y contribuciones no van. Pero, además, persisten dos problemas graves: las pensiones que empiezan a pagar los fondos están por debajo de lo esperado y sigue siendo el sistema de reparto muy inequitativo.

Sobre el mercado laboral, clave para hacer viable un sistema de pensiones basado en contribuciones, mientras el Gobierno insiste en un comportamiento positivo, para analistas serios las cifras no cuadran y también surge la gran duda, no explorada, sobre el hecho de que ‘empresas formales generan empleo informal’.

Empezando por el Estado y siguiendo con las grandes empresas privadas, muchos de sus trabajadores no cumplen con los requisitos de lo que es un trabajo decente: contratos solo a tres meses, inestabilidad, pago por parte del trabajador de su seguridad social, de nuevo inestabilidad en el sistema, falta de vacaciones, etc. Y nadie se preocupa por eso.

Dado lo anterior, los elementos necesarios para una reforma pensional son:

primero, acogerse al consenso regional sobre la necesidad de combinar elementos de beneficio definido con aquellos de contribución definida, e incluir un pilar solidario.

Segundo, los esquemas de atención al adulto mayor deben moverse hacia un Pilar Solidario en vez de Viejitos en Acción, y ayudas focalizadas. Es el peor sistema de atención a este sector de la población. La prueba: la vergonzosa cobertura en Colombia.

Esta población recibe menos del 0,1 % del PIB.

Tercero, acabar con la defensa ideológica de la Ley 100 por sus autores, aún en el poder, y aceptar sus avances financieros y sus debilidades en términos de la gente, que es lo que finalmente debe preocupar en un sistema de seguridad social.

Cuarto, aceptar que, dada la profunda desigualdad del país y su creciente envejecimiento, es fundamental pensar ya en la reforma tributaria, en la que los individuos ricos paguen los impuestos que toca y se amplíe la base tributaria, de manera que se pueda financiar el Pilar Solidario, que es inaplazable, para lograr una cobertura decente.

De lo contrario, el país se llenará de ancianas indigentes, porque sus posibilidades de construir pensiones es muy baja: las mujeres viven más que los hombres, la economía del cuidado las absorbe, las ocupa menos y les paga peor. Así estén más educadas que los hombres.

Y para los que defienden la eliminación del Pilar Solidario y concentrarlo todo en fondos de pensiones: todos los países hacen una mezcla de pilares solidarios y contributivos con beneficios y contribuciones definidas.

Cecilia López Montaño

Exministra – Exsenadora

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