Análisis / Solución de paros ilegales: un limbo jurídico

El cese ilegal en Cerro Matoso genera pérdidas no solamente a la empresa, sino a su cadena de proveedores y al país. Día a día se dejan de percibir cerca de 250 millones de pesos por regalías, 120 millones en impuesto de renta y 1.900 millones por compra de servicios y suministros.

Redacción Portafolio
Opinión
POR:
Redacción Portafolio
abril 27 de 2015
2015-04-27 12:18 a.m.

Cerro Matoso tiene hoy paralizada su operación de manera ilegal. Más allá de las graves consecuencias que ello implica para el país, la región, los trabajadores y la empresa, lo más preocupante son las limitantes que el marco normativo y jurídico vigente impone para su solución.

El paro es claramente ilegal. Lo decretó un sindicato no mayoritario, hace cerca de dos semanas, argumentando que el cambio de turnos a un esquema de 12 horas diarias durante 182 días al año, frente al modelo anterior de 8 horas al día durante 273 días al año, afecta la salud de los trabajadores y viola la Convención Colectiva de Trabajo.

Ambos argumentos son falsos. El nuevo esquema respeta el promedio de 42 horas semanales acordado en la última convención, mejora sustancialmente la productividad y en nada afecta el bienestar de los trabajadores. Es más, a la fecha, el 25 por ciento de la fuerza laboral ya se encuentra trabajando bajo este nuevo esquema, con una alta aceptación al permitirle un mayor número de días libres al año.

Para el sindicato, que ha bloqueado entradas y vías de acceso, impidiendo el ingreso de empleados que quieren trabajar, ningún argumento ha sido válido. Prima la irracionalidad, la desinformación y la mentira.

Una huelga puede darse en el marco de una negociación colectiva o como resultado del incumplimiento grave por parte de la empresa de sus compromisos laborales. Ninguna de estas dos condiciones se ha dado en Cerro Matoso. Lo que vive hoy la compañía no es una huelga, sino un cese ilegal de actividades.

¿Cuál es el marco legal para resolver esta situación, cuando los llamados al diálogo por parte de la empresa son ignorados? La respuesta es muy preocupante: la justicia ordinaria, encargada de la declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades, puede tardar meses o incluso años. Y mientras tanto, día a día, se destruye valor y se generan daños insalvables.

El cese ilegal en Cerro Matoso genera pérdidas no solamente a la empresa, sino a su cadena de proveedores y al país. Día a día se dejan de percibir cerca de 250 millones de pesos por regalías, 120 millones en impuesto de renta y 1.900 millones por compra de servicios y suministros. A este panorama se suma que, para poder preservar su estabilidad estructural, la empresa debe mantener los dos hornos eléctricos prendidos, pues de lo contrario están en alto riesgo de daño grave. Cerro Matoso sigue causando 1.500 millones diarios por costos de operación sin que se produzca un solo gramo de níquel, y deja de percibir, en las condiciones de precio actual, 1,5 millones de dólares por la ventas de ferroníquel.

Hemos contado con el apoyo de los ministerios de Minas, Defensa y Trabajo, de muchos trabajadores, de contratistas y de la comunidad. Pero el acceso a las instalaciones sigue bloqueado y la viabilidad de la empresa, en peligro.

Es necesario que el Gobierno Nacional, el sector empresarial, como un todo, y las organizaciones gremiales trabajen unidas para sacar del limbo jurídico la solución a los paros ilegales. No se trata de desconocer el derecho a la huelga. Se trata de proteger el derecho al trabajo cuando este se ve vulnerado por una decisión ilegal.

Un cese ilegal, como todo lo que está al margen de la ley, es el peor escenario para una empresa. Las huelgas tienen términos y planes de contingencia. En este tipo de parálisis, todos los actores que defienden la legalidad: gobierno, empresas, trabajadores, proveedores, comunidad y consumidores, están con las manos atadas.

Ricardo Gaviria Jansa
Presidente de Cerro Matoso

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado