Análisis / Víctimas: un problema pernicioso

En Colombia, la política de víctimas, con un presupuesto de 55 billones de pesos hasta el 2021 y más de 4 millones de potenciales beneficiarios, enfrenta un problema pernicioso, y varios de sus componentes lo son en sí mismos.

Redacción Portafolio
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febrero 21 de 2013
2013-02-21 02:10 a.m.

En políticas públicas, muchos debates los damos sobre lo que Rittel y Webber (1973) llamaron wicked problems –problemas perniciosos–, influenciados por muchos factores y con múltiples interdependencias entre sus variables. Siendo multicausales, más de una solución parece apropiada y pueden evolucionar mientras intentamos resolverlos, creando incertidumbre sobre la naturaleza misma del problema. Los intentos de solucionarlos o ‘manejarlos’ implican intervención coordinada de muchos actores, que los entienden de forma diferente, lo que crea dos incertidumbres más: estratégica (sobre qué harán esos actores) e institucional (por la diferencia en reglas que gobiernan a cada uno). Así, los resultados en esos temas clave de política son, con frecuencia, pobres.

En Colombia, la política de víctimas, con un presupuesto de 55 billones de pesos hasta el 2021 y más de 4 millones de potenciales beneficiarios, enfrenta un problema pernicioso, y varios de sus componentes lo son en sí mismos. ‘Retornos y reubicaciones’ seguramente no funcionará si no incluye, al formularse, ‘generación de ingresos’, ‘garantías de no repetición’ y ‘rehabilitación’. Y la fórmula puede cambiar en diferentes lugares y momentos. La misma rehabilitación –atención física y sicosocial– se complica si la víctima no tiene una estabilidad mínima mientras recibe el tratamiento. Si no funciona el conjunto, los resultados en cada meta serán menores.

Tras años de enfrentar estos problemas con un enfoque de ‘todo el Gobierno’, parecido a nuestros sistemas nacionales, los australianos han concluido que la flexibilidad frente a la incertidumbre es tan importante como la coordinación. La Comisión de Servicio Público de Australia publicó una serie de recomendaciones, entre ellas: pensamiento holístico, no lineal (es decir, que incorpore la posibilidad de que las relaciones causa-efecto no sean únicas y estables); enfoques innovadores y flexibles, con más recursos dedicados a investigación y aceptando la posibilidad de ajustes constantes a los programas diseñados, según dicte la implementación; distribución de responsabilidades y rendición de cuentas que no bloqueen la innovación y la cooperación; participación de las partes interesadas, y tolerar la incertidumbre sobre los resultados.

La Ley de Víctimas nos da 8 años y medio más para producir resultados importantes en reducción del número de nuevas víctimas, atención a las actuales y reparación a la gran mayoría. A continuación, cuatro elementos de una lista mínima a tener en cuenta para lograrlo:

1.Revisar la base de conocimiento: con tantos años de experiencia en política frente al desplazamiento interno, debemos poder obtener mayor información sobre modelos exitosos en empleabilidad y emprendimiento, buenas experiencias de retornos –San Carlos es el más citado– y más sobre impactos de atención psicosocial. La revisión debe ser por regiones, pues puede haber variables distintas entre ellas. Lo primero es saber qué puede funcionar, para poder ‘escalarlo’.

2.Ampliar un poco la responsabilidad por ciertas metas, ya que seguramente el Ministerio de Salud no tiene por su cuenta la capacidad para impulsar la atención sicosocial, ni la Unidad de Víctimas sola puede garantizar el éxito de la reparación colectiva. Pero tampoco todas las tareas pueden ser de todo el sistema; se necesita trabajo conjunto entre números pequeños de entidades con problemas más interconectados –ya existen subcomités por temas amplios y coordinaciones más puntuales entre varias entidades, pero tal vez asuntos muy interdependientes ameritan grupos de trabajo específicos más estables– y quizás puntos focales en entidades con múltiples tareas que reciban información sobre los diferentes temas y mantengan las discusiones en el nivel directivo (aunque víctimas es máxima prioridad de todo el Estado, no necesariamente lo es cada entidad, que tiene prioridades misionales propias).
3.Flexibilidad frente a la diversidad: lo que se requiere allí, donde no hay información sistematizable –o donde no parece haber funcionado nada– es capacidad para intentar varias opciones simultáneamente. Pueden ser útiles bolsas concursables por categorías de regiones, pero flexibilidad también aplica a los cronogramas: dejar abierta la opción de trabajar a ritmos diferentes en distintos temas, según se requiera el insumo del éxito previo de otros esfuerzos en una ‘ruta crítica’, como garantías de no repetición frente a retornos, o como planes individuales de reparación frente a otras diversas metas. El orden de tareas en diferentes planes regionales de atención a víctimas puede variar (actualmente hay priorizaciones regionales por temas).

4.Rendición de cuentas: Australia y Colombia han comprobado que en una respuesta integral del Gobierno a un tema, no todos aceptan el liderazgo de la entidad coordinadora y no todos hacen el mismo nivel de esfuerzo. Los semáforos pueden ayudar a monitorear no a uno, sino a quienes tengan responsabilidad en metas con múltiples insumos clave. También es importante, para mantener flexibilidad, cumplir los resultados y no las labores, y esto aplica para los organismos de control. Hasta ahora, para responder por resultados concretos, ha sido mejor no trabajar en equipo. Y esa no es la idea.

Gustavo Valdivieso / Profesor de la Universidad Externado de Colombia.

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