Argentina: default e impacto sistémico (I)

Los gobiernos pueden encontrarse en situación de no poder servir sus deudas soberanas, como le ocurrió a Argentina en el 2001, y mientras existen normas de protección para individuos y corporaciones bajo una ley de bancarrotas, no hay un mecanismo similar para elllos.

Redacción Portafolio
Opinión
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Redacción Portafolio
septiembre 07 de 2014
2014-09-07 06:21 p.m.

El Premio Nobel de Economía Robert Solow, junto con Dani Rodrik y otros 100 economistas, han criticado la decisión del juez Griesa de impedir a Argentina pagar a los tenedores de bonos que aceptaron reestructurar sus deudas, hasta que le haya pagado al 7% que rechazó dicho acuerdo; y consideran que el respaldo de la Corte de Nueva York a esta decisión “podría afectar severamente la capacidad de deudores y acreedores para concluir una reestructuración ordenada cuando ocurra una crisis de deuda soberana, con impacto negativo y para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales”.

Los firmantes sostienen que los gobiernos pueden encontrarse en situación de no poder servir sus deudas soberanas, como le ocurrió a Argentina en el 2001, y destacan que mientras existen normas de protección para individuos y corporaciones bajo una ley de bancarrotas, no hay un mecanismo similar para los gobiernos.

Sostienen, además, que quienes invirtieron en Argentina, fueron compensados con altos intereses para mitigar el riesgo inherente de moratoria.

También consideran que esta situación afectará la posición de Estados Unidos como centro financiero, pues países que emitían deuda soberana bajo la jurisdicción de Nueva York, estarán motivados a buscar plazas alternativas como Inglaterra y Bélgica, que tienen legislación para prevenir las conductas de los fondos buitres.

A su vez, Joseph Stiglitz y 75 organizaciones estadounidenses decidieron presentarse como amicus curiae en la batalla legal contra los fondos buitre, igual que Estados Unidos, Francia y México, pues consideran que la Corte, al avalar la posición de tribunales inferiores que autorizaron a perseguir activos argentinos para ser embargados, amenaza a los mercados de deuda soberana y hará que Estados Unidos no sea un lugar seguro para emitir deuda soberana.

En igual dirección, Obama presentó una acción de amicus curie afirmando que la búsqueda de activos argentinos en bancos estadounidenses y en un banco argentino, que opera en Estados Unidos, “viola la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976, que protege algunas formas de propiedad nacional en suelo estadounidense frente a la incautación privada y a otras obligaciones legales”.

José Antonio Ocampo, ha afirmado que “el dictamen de Griesa efectivamente anula el concepto de negociaciones voluntarias entre los países deudores y los acreedores privados, pues un pequeño porcentaje de acreedores pueden obligar a los países a pagar el 100% de los bonos. (Portafolio 05/08/14).

A juicio de Christine Lagarde, directora del FMI, el hecho de que el juez de Nueva York haya ordenado retener los pagos a los bonistas que aceptaron la reestructuración, indica que “los principios de reestructuración de la deuda y la eficiencia de las cláusulas colectivas deberían ser revisadas por el FMI” (Portafolio, 30/07/ 2014). Tales cláusulas, incluidas en las emisiones de deuda pública permiten tradicionalmente a una mayoría de acreedores imponer sus puntos de vista en el proceso de negociación con los países en crisis.

La afirmación de la Presidenta argentina en el sentido de que “la presión de los acreedores con deuda incumplida es una extorsión”, fue replicada por el juez Griesa afirmando que “realmente no me da confianza un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la República y se requiere un compromiso legal para evitar que Argentina pueda tomar el fallo en broma” (Portafolio, 19/06/ 2014).

El juez autorizó a Citibank el pago de bonos reestructurados que fueron emitidos bajo legislación argentina, tras considerar, por única vez, que no podían ser cobijados por la sentencia, lo mismo que otros bonos emitidos como parte de pago a Repsol. Queda entendido que Argentina puede seguir pagando sus deudas emitidas en centros financieros en los que no opere la jurisdicción del juez Griesa de Nueva York.

El Citibank acató el fallo del juez, pero el Gobierno argentino le exigió cumplir con las obligaciones que impone la ley local y el desacato provocaría la toma de control por el Estado. En desarrollo de esta controversia, Argentina ha sufrido 30 embargos (incluido el buque Escuela Libertad, incautado en Ghana), y Paul Singer, jefe de Elliott Management, uno de los acreedores que demandó, intenta atacar activos conectados con los dirigentes argentinos: un juez de Nevada permitió a

Singer explorar 123 empresas que tienen vínculos con socios de la familia presidencial argentina (Portafolio 20/08/2014), y con el argumento de que el Gobierno argentino eliminó la autonomía del Banco Central y dispone de sus reservas, pretenden involucrarlo en la responsabilidad por los pagos.

También extendieron su batalla legal hasta China y ha conseguido una citación al Banco de China, buscando obtener información de las garantías colaterales que Argentina aporto para “US$6,8 billones de financiamiento chino para proyectos en Argentina, en la perspectiva de involucrarlos en el proceso de cobro” (Reuters, 28/08/29014).

“Los bancos chinos deberán proveer los documentos y han sido citados a testificar, aunque pueden oponerse a cumplir el requerimiento. Como la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la búsqueda de activos argentinos, Elliott planea obligar a bancos como Citigroup, HSVC y Standard Chartered a declarar los fondos argentinos en su poder” (Reuters, 22/98/2014). Entre tanto, el Senado argentino aprobó la ley que permite a los bonistas cobrar en el Banco Nación del país austral.

Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las universidades Nacional y Externado


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