La declaración comenzó con unas palabras de solidaridad hacia Chile a raíz de las tragedias recientes. Pero, acto seguido, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció sobre su decisión de ir a la La Haya, con el fin de presentar la memoria que sustenta ante la Corte Internacional de Justicia la demanda por medio de la cual su país aspira a negociar con Santiago para obtener la anhelada salida al mar.
El tema lleva 135 años sin solución, desde cuando el resultado de la Guerra del Pacífico de 1879 condujo a que los bolivianos perdieran los territorios vecinos al océano del mismo nombre. En total fueron 120.000 kilómetros cuadrados que cambiaron de bandera y, entre ellos, 400 kilómetros de costa.
Si bien los chilenos sostienen que la nueva línea fronteriza fue ratificada por un tratado firmado en 1904, La Paz se aparta de dicha interpretación. Esa es la razón por la cual, al cabo de varios intentos de diálogo directo y de no pocas tensiones, la estrategia escogida fue acudir al alto tribunal.
Aunque existe la probabilidad de que este decida, después de varios años, reconocer el derecho de Bolivia al mar, la jugada no está exenta de riesgos. El más grande es que se ratifiquen los derechos de Chile, con lo cual la aspiración de más de un siglo quedaría sepultada, por lo menos a la luz de lo que diga el derecho internacional.
No obstante, los recientes fallos de la Corte en los litigios entre Colombia y Nicaragua con respecto a San Andrés y entre Perú y Chile sobre la zona económica exclusiva, alimentan la esperanza de Morales, aparte de ayudarle a su popularidad interna. Y es que los veredictos han dejado claro que el demandante no sale con las manos vacías y eso, para los bolivianos, sería una ganancia frente a la realidad actual.
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