El Gobierno de Costa Rica anunció este martes que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las leyes contra el contrabando, en momentos en que se libra en el país un intenso debate sobre la forma de reducir un elevado déficit fiscal.
La iniciativa contempla “nuevas penas de prisión para quien integre una organización destinada a la comisión de delitos aduaneros o comercie ilícitamente con bienes que pueden poner en riesgo la salud humana, la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medioambiente o la seguridad nacional”, señaló el Ministerio de Hacienda.
Estas penas pasarían de tres a diez años, en tanto que el monto mínimo de un contrabando bajaría de 50.000 a 10.000 dólares para que sus autores puedan ser acusados penalmente. El informe señala que también se introducirá en la ley el concepto de ‘fraccionamiento’, para cerrar la puerta a los infractores que efectúan un gran contrabando fraccionándolo en cantidades menores para eludir el castigo.
El ministro del ramo, Helio Fallas, aseguró que la propuesta ha sido consensuada con representantes de la cúpula empresarial, que comparten con el Gobierno el interés por combatir este delito, una práctica que causa pérdidas inestimables al Estado.
El proyecto es parte de un conjunto de medidas que el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís ha prometido impulsar como alternativa a la creación de nuevos impuestos, ante un déficit fiscal creciente que para el 2015 se proyecta que llegue al 6,7 por ciento del PIB. A raíz de este incremento del déficit, la calificadora de riesgo Moody’s rebajó la nota de Costa Rica de Baa3 a Ba1, que deja al país como un deudor poco fiable.