La decisión adoptada por el Gobierno este martes, en el sentido de militarizar las carreteras con el fin de garantizar la movilidad por las principales vías del país, es un nuevo capítulo en el manejo de una crisis compleja. Y es que el paro camionero, al que se han vinculado menos de una tercera parte de los transportadores, obligó al Ejecutivo a combinar la conocida fórmula de la zanahoria y el garrote.
La razón es que los tropiezos registrados empezaron a afectar a múltiples sectores productivos.
Materias primas, piezas de recambio y otro tipo de insumos comenzaron a escasear sin que se viera una luz al final del túnel.
Ante las limitaciones experimentadas, la determinación fue la de organizar caravanas, gracias a las cuales más de un millar de vehículos de carga pudo llegar a la Central de Abastos de Bogotá, según lo informó el Ministerio de Agricultura. Pero los reportes de diferentes puntos sugirieron que era necesario hacer más.
En consecuencia, mientras sostenía su disposición a mantener abiertos los canales del diálogo, el Gobierno subió la presión. Aparte de la presencia del Ejército y los operativos de la Policía, la Fiscalía empezó a perseguir a los responsables de varios desmanes.
Falta ver si esa política produce resultados. En otras ocasiones, el escalamiento se traduce en episodios en los que los justos acaban pagando por los pecadores. Pero a veces acaba llevando a ambos lados a negociar. Ojalá así ocurra en esta oportunidad.
De lo contrario, la opinión que en un momento determinado ve con buenos ojos los actos de autoridad, puede cambiar de actitud con rapidez. Y la administración tiene que estar atenta para no quedarse sin respaldo, justo cuando más lo necesita.
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