No es pequeña la polémica que ha comenzado en la Unión Europea, alrededor de la propuesta de crear un nuevo impuesto a las transacciones financieras. El fin del tributo sería alimentar un fondo que financie eventuales operaciones de rescate adicionales o que les devuelva a los países parte del dinero que han gastado en evitar que se derrumbe la estantería del bloque comunitario, por cuenta de los problemas de endeudamiento de sus socios.
Ayer José Barroso, el presidente del club de 27 países, apoyó la iniciativa y sostuvo que “es una cuestión de equidad”, pues según su punto de vista es hora de que el sector bancario le haga más contribuciones a la sociedad.
En forma esquemática, de lo que se trata es de aplicar un gravamen del 0,1 por ciento a las negociaciones que se hagan en acciones y bonos, mientras que en el caso de los derivados, la tarifa sería del 0,01 por ciento.
Tal como están las cosas, ambas partes involucradas en una transacción pagarían lo suyo, más allá de que una de ellas se encuentre en el Viejo Continente o no.
No obstante, no todo sería castigado. Por ejemplo, los préstamos que tengan que ver con la economía real, es decir, los de vivienda, tarjetas de crédito o vehículos, para sólo mencionar unas pocas categorías, quedarían exentos.
En otras palabras, el castigo sería específico para cierto tipo de inversiones o prácticas especulativas. Dentro de las cuentas que se han hecho, el cálculo es que el impuesto generaría hasta 55.000 millones de euros por año.
Sin embargo, no todos están de acuerdo.
Gran Bretaña, en donde se asientan miles de entidades financieras, dice que eso le va a costar a Europa y que otras regiones van a llevarse la torta, con lo cual la zona va a salir perdiendo.
