Ayer los funcionarios de cinco EPS, cuyos nombres han venido apareciendo en diferentes informes de los medios de comunicación, se sorprendieron con la presencia de la Policía Nacional en sus instalaciones.
El motivo de la llegada de los uniformados fue el cumplimiento de una serie de allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de buscar pruebas tendientes a desarmar el llamado ‘carrusel’ de la salud en Colombia.
Tales pesquisas son bienvenidas, en la medida en que ayuden a poner fin a la corrupción en un sistema que está haciendo agua por motivos financieros. Es indudable que para hacer el esquema actual sostenible hay que combatir sin descanso la venalidad y poner tras las rejas a quienes se hayan aprovechado del desorden existente para su propio beneficio, ya sea que tales personas se encuentren vinculadas al sector público o a la comunidad empresarial.
Pero, hecha esa advertencia, valdría la pena que el Gobierno se pronuncie sobre qué tipo de arquitectura prefiere.
Y es que, a juzgar por lo expresado por diversos funcionarios, existen dudas sobre la participación de entidades privadas en diferentes eslabones de la cadena. Tanto el Vicepresidente de la República como empleados del Ministerio de la Protección Social han calificado con acidez la labor de intermediación que hacen ciertas compañías.
Esas expresiones son inconvenientes en momentos en que la crisis de liquidez se ha acentuado y el volumen de deudas sin pagar sube todos los días. Por cuenta de ello, la crisis actual puede volverse peor, a menos que la Administración tenga bajo la manga un nuevo diseño que corrija las fallas del actual y que implique la nacionalización efectiva del servicio de la salud.