Era un resultado anunciado. Por ello, fue poca la sorpresa cuando en la tarde del domingo se supieron los resultados de la consulta popular escenificada en el municipio de Piedras (Tolima), donde los habitantes de la población contestaron votando sí o no.
El interrogante les planteaba a los ciudadanos su acuerdo para que “actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala” tuvieran lugar en la zona.
El problema es que en la redacción se hablaba de “almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica de cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligrosa asociada a dichas actividades”.
Frente a semejante disyuntiva, lo lógico era que triunfaran las respuestas negativas, lo cual efectivamente ocurrió con 2.971 sufragios.
En contraste, las afirmativas apenas fueron 24.
Por cuenta de ese resultado, se ve poco probable que los planes de instalar en el área unas piscinas de lixiviación para limpiar los desechos que resultarían de la eventual operación del proyecto de La Colosa –a decenas de kilómetros de distancia– se vuelvan realidad.
No obstante, el debate toma ahora un tinte más político que económico.
Este tiene que ver con cuál es la potestad de las comunidades sobre la viabilidad de iniciativas en la cuales la nación tiene –en principio– la voz cantante.
Definir la incertidumbre es fundamental, pues es indudable que se viene un mayor activismo para conseguir que la locomotora encuentre un obstáculo que no tenía, relacionado con la actitud de las comunidades. Si el ejemplo de Piedras cunde, las actividades mineras pueden quedar en entredicho.