El grupo de trabajo de la Ocde sobre la corrupción considera que las sanciones existentes en Colombia para los que corrompen agentes extranjeros son insuficientes y duda de la efectividad de los mecanismos para investigar ese tipo de comportamientos. En su informe sobre Colombia, publicado ayer, el equipo que realizó una visita de cinco días al país en enero, se manifestó preocupado por la persistencia de las ‘carencias’ en el régimen de responsabilidad empresarial. En particular cuando concierne a empresas que cotizan, entidades financieras y sin ánimo de lucro, y hay que establecer la responsabilidad personal en casos de corrupción contra empresas.
En el terreno de las sanciones, la Ocde recomendó, entre otras cosas, que se prive de los derechos políticos y que se prohíba ejercer funciones públicas a personas condenadas por corromper agentes extranjeros, en línea con lo que ya existe para la corrupción doméstica. En términos más generales, apostó por la adopción rápida de una legislación que incremente las sanciones financieras aplicables contra las personas jurídicas y que se garantice que son “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.
En cuanto a los mecanismos de investigación, la Organización manifestó sus dudas sobre el dispositivo en vigor en Colombia, y en particular por la existencia de “un amplio número de agencias con competencia potencial” en las pesquisas de corrupción extranjera.
La legislación que ratifica la convención de la Ocde contra la corrupción extranjera fue adoptada por Colombia en 2012. En octubre de 2014, el Ministerio de Justicia presentó una ley, la 159, para desarrollar la aplicación de la convención, pero el grupo de trabajo indicó que cuando estuvo haciendo la visita en Colombia se esperaba que fuera adoptada en junio, pero las autoridades del país reconocen que eso no ocurrirá antes de finales de año.