Un viejo adagio dice que para que las cosas se pongan mejor, es necesario que se pongan peor. Tal parecería que eso es lo que puede pasar con Panamá, cuyo Gobierno ha tomado mal la decisión de Colombia de incluirla en la lista de paraísos fiscales.
Y es que de manera cada vez más expresa, la administración de Juan Carlos Varela ha venido hablando de la posibilidad de medidas retaliatorias ante lo que considera un acto de hostilidad. Según su versión, se vio afectado por una determinación unilateral que rompe con la concordia, que venía siendo la constante en las relaciones binacionales.
En respuesta, Bogotá argumenta que simplemente está haciendo explícito lo que había advertido desde hace meses.
Esto es que si no se producía un avance en el sentido de establecer un mecanismo de información que permitiera conocer los activos que pudieran tener los nacionales colombianos en el istmo y así castigar la evasión, tendría que usar otros instrumentos.
Por ahora, esa línea se mantiene, tal como lo hicieron explícito ayer en una rueda de prensa conjunta la Canciller, el Ministro de Hacienda y el director de la Dian. Es cierto que la primera viajará a Ciudad de Panamá mañana, con el fin de buscar un entendimiento, pero mientras este no se produzca, todas las posibilidades están abiertas.
Sobra decir que sanciones en uno y otro sentido no le convendrían a nadie. Por eso es de esperar que prime el sentido común y que Varela y su equipo entiendan que volver al pasado no es una opción viable. Y aunque se puede hablar de plazos, vale la pena preguntarse por qué los panameños parecen estar reacios a un tratado que sería similar al que tienen con otras naciones con las cuales las cosas no llegaron a un punto similar al actual.
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