Hace un tiempo que las noticias en materia de economía dejaron de ser buenas para Brasil. Como es sabido, el país de mayor tamaño de América Latina se encuentra en recesión, sin que todavía se vea la luz al final del túnel.
Para completar el complejo cuadro, los escándalos de corrupción -y especialmente el relacionado con Petrobras- han debilitado fuertemente a la presidenta Dilma Rousseff, quien apenas se apresta a completar el primer semestre de su segundo mandato. La crisis política es enorme y tiene trazas de ser peor.
El motivo principal es que el deterioro en las condiciones sociales empieza a ser evidente. Así se desprende del alza continua en el desempleo, que en mayo subió a 6,7 por ciento, su mayor nivel para ese mes desde el 2010.
Aunque a primera vista el número es bajo -sobre todo si se le compara con los de Colombia-, el problema es la tendencia. Y es que cada nueva medición revela un deterioro que responde, sin duda, a la contracción de la industria y el creciente pesimismo de los consumidores.
Semejante panorama crea inquietudes sobre la sostenibilidad de la que había sido la principal conquista del Partido de los Trabajadores, que llevó al Palacio de Planalto en Brasilia a ‘Lula’ da Silva y a Rousseff: la reducción de la pobreza. Desde comienzos de siglo, unos 40 millones de personas habían tenido un aumento consistente en sus ingresos que les permitió a muchos entrar a formar parte de la clase media.
Pero ahora existe la posibilidad de un deterioro. Sin desconocer el impacto de los programas sociales adelantados, el mejor antídoto contra la marginalidad es un trabajo estable. Lamentablemente, ahora que la desocupación sube, el sueño de mejoría que muchos brasileños llegaron a acariciar, puede convertirse en pesadilla.
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