En pocos días se deben completar cinco años desde cuando sonaron las alarmas por las deudas de Grecia. Con acreencias que entonces superaban los 370.000 millones de euros, la nación helénica estuvo a punto de generar una reacción en cadena en el Viejo Continente, cuyos efectos habrían tenido enormes costos para los países de la zona.
El problema es que el camino escogido dejó un buen número de damnificados, especialmente entre los griegos. El programa adoptado por Atenas -impuesto por Alemania, según sus críticos- ocasionó una pavorosa crisis que se expresa en una contracción del Producto Interno Bruto del orden del 25 por ciento y un salto en la tasa de desempleo.
Fue dicha circunstancia la que dio paso a todo un revolcón político a finales del pasado enero. En ese momento, los votantes escogieron al partido de izquierda Syriza como el mayoritario, con lo cual su líder Alexis Tsipras se convirtió en primer ministro.
La razón principal de su victoria tuvo que ver con la promesa de aflojar el cinturón, desde el punto de vista presupuestal. Afirmaciones como las de un recorte de la deuda o un aumento en el salario mínimo sirvieron para impulsar la popularidad del joven líder.
No obstante, otra vez ha quedado demostrado que una cosa es pronunciar discursos de tono populista y otra es gobernar. La nueva administración se encontró con la negativa de los europeos de prorrogar el paquete de salvamento que mantiene a Grecia a flote, financieramente hablando.
En un comienzo, se logró una prórroga que dependía de los compromisos de Atenas. El lío es que estos son considerados insuficientes y la posibilidad de una cesación de pagos ha vuelto. Y así se escribe otro capítulo de lo que es difícil calificar de comedia o tragedia griega.
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